NOS LLEGÓ ESTA INVITACION:
!!!CON TODO EL RESPETO DEL CARACTER APARTIDISTA DE ESTE EVENTO, APOYEMOS CIUDADANAMENTE ESTE EVENTO!!!!!
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Ni un gramo de confianza en el Tribunal Electoral
¡¡¡Huelga general, ya!!!
Luis Enrique Barrios
El pasado viernes 3 de agosto el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación determinó revisar únicamente mil 9 paquetes
electorales de un total de 70 mil 3 impugnados por López Obrador (AMLO).
Partiendo del caso hipotético de que todos los votos de esos mil 9
paquetes electorales fueran anulados, ello significaría reducir apenas
un 25% de la distancia electoral entre Enrique Peña Nieto (EPN) y AMLO
producto del fraude. Por su parte el pasado jueves 11 el IFE desechó la
petición del Movimiento Progresistas para acelerar la fiscalización de
gastos de campaña de EPN, manteniendo de esa forma los plazos oficiales
definidos hasta el 30 de enero como máximo para que la autoridad
fiscalizadora emita un informe a ese respecto en el cual se basaría esta
instancia electoral para emitir un dictamen.
Es evidente que esa forma de actuar tiene como objetivos el asegurar
que el Tribunal Electoral califique a más tardar el 6 de septiembre a
las elecciones de manera favorable para EPN, legitimando el fraude del 1
de julio para que el candidato del PRI tome posesión de la presidencia
de la República el próximo 1 de diciembre.
El fraude ha sido ampliamente documentado y demostrado, además de que
los partidos de izquierda han interpuesto toda clase de recursos
legales para echar para atrás las triquiñuelas diseñadas para llevar a
EPN a Los Pinos, sin embargo eso no ha inmutado en lo más mínimo a las
autoridades electorales las cuales con su actitud sólo reflejan de forma
más que nítida la postura de la clase empresarial la cual, tal como lo
reporta La Jornada del 10 de agosto, está urgida de que ya sea
calificadas las elecciones para que EPN sea declarado presidente electo.
En dicha edición de ese diario se puede leer lo siguiente: “El
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), Alberto Espinosa Desigaud, instó al Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a que designe ya a Enrique Peña
Nieto presidente electo para poder trabajar en la agenda de reformas que
impulsa el sector privado”.
Estamos a menos de un mes de que se cumpla el plazo para que las
elecciones sean calificadas por el Tribunal Electoral, y no hay un solo
viso por modesto que sea que permita pensar que los recursos legales
interpuestos por los partidos de izquierda serán tomados en cuenta. En
este nuevo fraude electoral, al igual que lo fue en el del 2006, tanto
el IFE como el Tribunal Electoral son juez y parte; es por ello que
representan limitaciones extremas el optar solamente por la vía legal
para evitar la imposición de EPN.
Si AMLO está verdaderamente dispuesto a revertir el fraude electoral
tiene que confiar en la clase trabajadora y basarse en la fuerza de ésta
y sus métodos tradicionales de lucha; es decir apoyarse en las
movilizaciones de masas y en la huelga general. Sólo con acciones de
fuerza podremos obligar al Tribunal Electoral y al IFE a reconocer el
frade y a declarar improcedentes las elecciones que le dan el triunfo a
EPN. No obstante ello, AMLO ha optado sólo por la vía legal y no ha
lanzado un plan de lucha que verdaderamente esté a la altura de las
circunstancias. No va a ser derrotada la tentativa de imponer a EPN con
mantas en los puentes peatonales denunciando el fraude o con festivales
culturales, para lograrlo se necesitan acciones de mayor calado incluso
que las desarrolladas en la lucha del 2006 contra la imposición de
Calderón. Desafortunadamente las acciones de lucha impulsadas en este
caso por AMLO están muy por debajo de las implementadas hace seis años.
AMLO reiteradamente argumenta que él no le dará escusas a sus
adversarios para que lo ataquen, sin embargo el mero hecho de impugnar
las elecciones por medios legales ha sido suficiente para que las
televisoras y demás medios informativos al servicio de la burguesía
lancen una campaña feroz contra el dirigente de izquierdas acusándolo de
todos los males que vive el país, además de usar en su contra todo tipo
de improperios. En esencia las provocaciones montadas por la burguesía
usando bombas incendiarias contra tiendas de Soriana en Nuevo León,
tienen entro otros objetivos alimentar los argumentos para profundizar
la histérica campaña contra AMLO.
La rabia de los voceros de la burguesía expresa el odio de ésta
contra AMLO y en especial su horror ante las aspiraciones de justicia de
los millones de trabajadores que lo apoyan. Haga o no haga, por el
movimiento que está detrás de él y mientras que esta situación perdure,
AMLO será el blanco de toda clase de coléricos ataques.
También AMLO ha insistido en que las iniciativas que lancen todos
aquellos que no están dispuestos a permitir la imposición de EPN sean
por la vía pacifica y sin provocar daños a terceros. ¿Pero qué medida
más pacifica que la huelga general acompañada de movilizaciones masivas?
Incluso, en respuesta a todos aquellos que insisten en la lucha legal,
la huelga general se puede desarrollar basada en los términos definidos
por la fracción VI del artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo (LFT),
donde se reconoce la
huelga por solidaridad; es decir que los
sindicatos pueden ir legalmente a huelga en solidaridad a un grupo de
trabajadores en huelga. Por ejemplo la UNT y los sindicatos que la
integran, basados en la normatividad de la LFT, podrían estallar en
huelga por solidaridad con la con los mineros de la sección 17 de Taxco y
los de Sombrerete, Zacatecas, quienes en estos momentos sostienen una
militante huelga desde hace cinco años. En 2004, en Ucrania, las
movilizaciones de masas y el llamado a la huelga general derrotaron a un
fraude electoral tan titánico como el del pasado 1 de julio en México y
en el que también estaban coludidos las autoridades electorales y el
gobierno de ese país.
La clave está en hacerle sentir a al IFE, al Tribunal Electoral, al
PRI, al PAN, a Calderón, a EPN y a los empresarios, quién tiene la
fuerza. La huelga general es un recurso muy valioso que tiene en sus
manos la clase trabajadora para demostrarle a la burguesía que no está
dispuesta a tolerar el fraude electoral y a que sean pisoteados sus
derechos democráticos.
Sobre los daños a terceros, esta es una cuestión que tiene que ser
acotada. Por supuesto que nos pronunciamos en contra de medidas
ultraizquierdistas que sólo favorecen a las campañas de desprestigio
lanzadas por el Régimen para intentar aislar al movimiento e incluso
para justificar la represión, por ejemplo romper los vidrios de
comercios, incluso si este fuera el caso de Soriana. Pero debemos ser
conscientes de que sólo tocando al capitalismo en el lado más sentido
por la burguesía, en el de las ganancias, y haciendo sentir a esta que
si no retrocede podría perder todo, soló así la haremos renunciar a sus
planes de imponer a EPN en el poder. Es por eso que necesitamos pasar a
la huelga general como método de lucha, ello sin importar que tanto
afecte esta medida los intereses de los empresarios.
El tiempo se termina y entre más se acerquen los plazos para que el
Tribunal Electoral legitime el fraude electoral, las posibilidades de
derrotar la imposición de EPN se irán desvaneciendo. Es hora de convocar
a la huelga general y AMLO tiene que ser el primero en hacer un llamado
a los sindicatos para que pase a ese terreno de lucha.
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Correa ratifica soberanía de decisión sobre asilo de Assange
El presidente de Ecuador,
Rafael Correa, ratificó hoy que la decisión de otorgarle asilo al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se tomó de manera soberana.
“Después de casi dos meses de analizar las bases jurídicas, el
Gobierno soberanamente decidió otorgarle el asilo”, subrayó el jefe de
Estado en entrevista con medios de prensa en Loja (sur).
Correa dijo que Assange podría quedarse “indefinidamente” en la
embajada ecuatoriana en Londres donde se encuentra desde el pasado 19 de
junio, porque el gobierno británico se niega a darle el salvoconducto.
“El factor fundamental por el que se le ha otorgado el asilo
diplomático al señor Julian Assange es porque no se garantizó su no
extradición a un tercer país, jamás para tratar de interrumpir las
investigaciones de la justicia sueca sobre un supuesto delito”, enfatizó
Correa.
Su Gobierno nunca ha negado que se investigue a Assange por los
supuestos delitos sexuales que se le atribuyen en Suecia, “no hay
garantías de que no se lo extradite (…) Ni siquiera está acusado, recién
lo están investigando”, aclaró Correa.
Incluso, recordó, el Gobierno ecuatoriano ofreció las facilidades al
fiscal sueco para que acudiera a la Embajada en Londres para que le
interrogara, pero las autoridades judiciales del país escandinavo se
negaron.
Ayer jueves, el Gobierno de Ecuador concedió asilo a Assange, quien
es cuestionado por haber revelado cables diplomáticos de varios países,
entre ellos Estados Unidos, donde podría ser juzgado por tribunales
especiales y militares, y correría el riesgo de ser condenado a pena de
muerte, explicó el gobernante.
A través de WikiLeaks, el periodista e informático australiano mostró
entre otros asuntos, las infracciones de la llamada guerra contra el
terrorismo emprendida por el gobierno de Estados Unidos y sus aliados.
El ataque aéreo en Bagdad del 12 de julio de 2007, Diarios de la
Guerra de Afganistán y los Registros de la Guerra de Iraq, son algunas
de las revelaciones que exponen delitos consentidos por el Pentágono.
Entre otras muchas amenazas recibidas por el australiano luego de sus
filtraciones, Sarah Palin, del Partido Republicano de Estados Unidos,
pidió a través de su página en Facebook a la administración de Barack
Obama que capturara a Assange ya que debe tener la misma urgencia que
perseguir a Al Qaeda y a los líderes talibán.
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Ante los miles de rechazados de la BUAP: ¡Organización y lucha permanente!
El
pasado 11 de agosto se dieron a conocer los resultados del Examen de
Admisión 2012 para ingresar a la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP). Para mal, como en años anteriores, cerca del 50% de
estudiantes que presentaron el examen, no encontraron su matrícula en
las listas de aceptados. Con lo que nuevamente miles de jóvenes quedaron
privados de la oportunidad para continuar su formación académica en el
nivel medio superior y superior.
Esta situación no es por casualidad, si buscamos las causas veremos
que el verdadero problema es el funcionamiento del sistema capitalista,
el cual no está dispuesto a invertir en la educación científica para los
hijos de los trabajadores, pues la única y despreciable finalidad de
los empresarios es no perder sus ganancias.
Siguiendo las políticas neoliberales dictadas por el Banco Mundial,
el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico, entre otros organismos internacionales, desde los
años 90, bajo la rectoría del priísta José Doger Corte se empezó a
implementar el examen de admisión que no es gratuito y está manejado por
el College Board, una empresa extranjera.
El hecho de poner una barrera a los jóvenes para el ingreso a la
universidad, financiada con los impuestos pagados por los trabajadores,
sólo deja ver el interés comercial que el gobierno y las altas esferas
universitarias tienen para asegurarse la entrada de estudiantes a sus
escuelas privadas. Pues es bien sabido que los altos funcionarios de la
BUAP, incluido el rector, algunos de sus subordinados, amigos y gente
con cargos importantes en la SEP, son dueños de universidades privadas.
Estas escuelas aprovechan para atraerse a los estudiantes rechazados de
la universidad pública, invitándolos a engrosar las filas de la
educación privada con promesas que deslumbran o son una especie de
premio de consolación para los jóvenes desesperados, tales como becas,
ingreso a la BUAP después de un año, condonación o descuento en la
inscripción, etcétera.
Las autoridades universitarias argumentan que sólo se puede aceptar
al 50% del total de los aspirantes por razones de espacio en las
instalaciones. Esto en parte es cierto, ya que la universidad no ha
invertido lo suficiente para ampliar su infraestructura, que le permita
aceptar a 25 mil estudiantes más. ¿Acaso no es obligación de las
autoridades gestionar los recursos para poder brindar educación
científica, gratuita y de alta calidad a todos los jóvenes que lo
soliciten?
Cuando hablamos de calidad no sólo nos referimos a cuántas
computadoras hay en una escuela o de si el internet es rápido o no;
también nos referimos al grado de análisis con el que se imparte cada
materia, cada tema; pues de eso deriva el atraso o desarrollo de cada
país: la educación científica y analítica se traduce en ciencia, en
investigación, y a su vez, ésta última da pie para crear tecnologías
nuevas, que nos permitan romper con la hegemonía científica y
tecnológica de los países capitalistas desarrollados y acabar con la
dependencia económica de la que somos parte.
Existen contradicciones muy evidentes en la BUAP. El ejemplo más
claro es el hecho de que el examen de admisión, las inscripciones,
reinscripciones, titulaciones, reposición de credenciales y la mayoría
de los trámites burocráticos que necesitan los alumnos, tienen costos
muy altos, pero al mismo tiempo, la universidad recibe anualmente más de
cuatro mil millones de pesos de las arcas públicas, dinero con el cual
esos trámites deberían ser gratuitos. También, en muchas facultades los
alumnos estudian en condiciones precarias: sobrepoblación en las aulas,
carencia de materiales en los laboratorios, falta de equipo deportivo,
etc. Todo esto conlleva a prácticas antipedagógicas y al mediocre
desarrollo de la formación de cada estudiante; y la pregunta
correspondiente es ¿quién administra los recursos de la universidad y
con qué intenciones?
Si el 50% de los aspirantes a preparatorias y licenciaturas son
rechazados, y estos no tienen la capacidad económica para costear sus
estudios en una escuela privada, ¿qué opciones les quedan? Uno de los
objetivos de rechazar a miles de estudiantes en las universidades es el
de convertirlos en un ejército de desocupados y mano de obra barata,
para laborar en fábricas o en el campo, con sueldos miserables, en
condiciones peligrosas e insalubres y generalmente privados de sus
derechos más inmediatos, como seguridad social y demás prestaciones
reglamentarias. También, los jóvenes que no encuentran empleo suelen ser
presa fácil de la delincuencia, el narcotráfico y las drogas. Es aquí
donde la política de Calderón para enfrentar al crimen organizado
fracasó completamente, pues la raíz del problema se encuentra en la
pobre o nula formación académica de los jóvenes, y en la educación que
se da en la familia, la cual es hasta cierto punto impuesta por el mismo
capital.
Ante la impotencia que sufren los jóvenes rechazados de la
universidad pública y carecer de los recursos para ingresar a una
escuela privada, su única opción es la organización y movilización en
las calles. Un ejemplo claro de lucha son las masivas movilizaciones
estudiantiles desarrolladas en los últimos meses en Chile; país en donde
los estudiantes, al ver violados sus derechos, salen a las calles a
protestar en contra de las políticas gubernamentales burguesas que el
presidente Piñera busca imponer en el sector educativo, a pesar de ser
brutalmente reprimidos por la policía.
Los estudiantes que integramos el Comité Estudiantil en Defensa de la
Educación Pública (CEDEP), sabemos que la única manera de defender las
conquistas que han costado sangre a la clase trabajadora, es la
organización permanente de los jóvenes más conscientes de cada
universidad. Pero esta organización debe trascender las estrechas
fronteras de cada escuela, facultad o aula y aglutinar a estudiantes de
todo el país para expresar de manera unificada las demandas de
estudiantes y trabajadores universitarios.
En pocas palabras, la única manera de defender nuestros derechos es
mediante el fortalecimiento de una organización estudiantil con un
programa de lucha que incluya las demandas más inmediatas de los
jóvenes, las vincule con las reivindicaciones de la clase trabajadora en
nuestro país y se plante la transformación socialista de la sociedad.
En el CEDEP, luchamos por una educación gratuita, científica,
democrática y de calidad; por un puesto de trabajo digno al acabar los
estudios; por una organización estudiantil nacional permanente que pugné
por la transformación profunda de la sociedad y el derrocamiento del
sistema capitalista, porque sabemos que mientras este sistema
existiendo, ninguna de nuestras más mínimas demandas se harán realidad, y
las que pudiéramos conseguir, tarde o temprano serían destruidas.
Como métodos de lucha, retomamos la movilización y la huelga, como
derechos que hemos conquistado los jóvenes y trabajadores para que
obligar a ceder a los empresarios y su gobierno ante nuestras demandas.
Dichas acciones son la única forma de demostrar el poder que tenemos los
estudiantes y la clase trabajadora en la sociedad, presionando a la
burguesía y arrebatándole mayor financiamiento a la educación, mejores
salarios y prestaciones para nuestros padres trabajadores.
A ti compañero estudiante que conseguiste o no un lugar en la
universidad, te invitamos a organizarte y luchar junto a nosotros, por
tu derecho a una educación pública y de calidad, así como por una vida
digna y con perspectivas de desarrollo favorables. Derechos que no
preservaremos si permitimos la imposición de Peña Nieto en la silla
presidencial, pues él pretender seguir privatizando la educación pública
en nuestro país. Por eso: ¡Impulsemos el Paro Universitario el 2 de
octubre contra la imposición de Peña Nieto!
¡Afíliate al CEDEP y defendamos juntos la educación pública!
Obreros y estudiantes… ¡Unidos y adelante!
¿Es
lo mismo ser de izquierdas que ser izquierdista? Frei Betto reflexiona
sobre la facilidad con la que un izquierdista se convierte a la derecha.
Se trata, como dijo Lenin, de una "enfermedad infantil del comunismo".
