Sembrar desastres
Pedro Miguel
El
grupo gobernante hizo algo peor que entregar a las corporaciones
energéticas trasnacionales el subsuelo del país: les está entregando el
suelo. Si entran en vigor las leyes aprobadas la semana pasada a
contrapelo de la legalidad parlamentaria, los consorcios de la
electricidad y del petróleo tendrán derecho de apropiarse de cualquier
superficie del territorio nacional que les resulte apetecible mediante
un procedimiento simple: harán una oferta de compra, renta o comodato a
los propietarios y si éstos se rehúsan o si la negociación no fructifica
en un plazo breve el gobierno expropiará a favor de los demandantes.
Todo ello, en nombre de un
interés social y orden públicoque es, en realidad, interés emrpesarial y orden privado.
La
voracidad de las trasnacionales energéticas tendrá prioridad sobre
cualquier otra consideración y nadie ni nada estará a salvo de ella. Ni
grandes, medianos o pequeños propietarios ni comunidades ni ejidos ni
industrias. En su precipitado entreguismo los senadores priístas y
panistas no establecieron ni siquiera una reserva en la redacción de las
leyes para impedir la afectación de sitios y yacimientos arqueológicos y
no repararon en que si su engendro llegara a entrar en vigor más
valdría rezar porque nadie descubra un yacimiento de hidrocarburos bajo
la Pirámide del Sol o que el tendido de líneas eléctricas no haga
necesaria la demolición de Palacio Nacional. Y de reservas ecológicas
mejor ni hablamos.
Peña Nieto dice que
no es fácil entender la dimensiónde sus reformas. Por si quedaban dudas los dictámenes de leyes secundarias elaborados por el régimen se encargan de disiparlas: el propósito de este ciclo de alteraciones legales es acabar con las industrias energéticas propiedad de la nación, convertir a Pemex y a la CFE en ventanillas de adquisiciones, reducir a la población a un mercado de consumidores de energía y transformar al país en un campo de operaciones para las empresas eléctricas y petroleras de Estados Unidos y Europa, es decir, entregar el territorio nacional para que los zopilotes de la energía se lo coman a picotazos. Falta que algún propagandista de la Presidencia nos comunique que esto era justamente lo que pretendía el general Lázaro Cárdenas.
Lo
que no es fácil calcular es el impacto social y política que tendrá
esta canallada si no es detenida a tiempo, pero uno puede imaginarse en
primera instancia un reordenamiento territorial forzado y a gran escala
que pasaría por la expulsión de pueblos, comunidades y pequeños
propietarios en el agro, así como del despojo arbitrario de predios en
zonas urbanas y semiurbanas para edificar y ampliar instalaciones
eléctricas. En lo económico ello se traduciría en un nuevo golpe al
sector agrario, tan grave como el que recibió con la firma del TLCAN, o
más. En lo social y lo político las disposiciones peñistas provocarían
una nueva oleada de migración a las ciudades y, cabe suponer, un estado
de explosividad permanente en vastas regiones del país y una
desintegración sin precedentes del tejido social.
Las
reformas peñistas en materia de electricidad e hidrocarburos son, pues,
una siembra de desastres. Está por verse si el país se esperará a ver
los frutos de la cosecha o si será capaz de visualizar la dimensión de
lo que se le viene encima y logra reaccionar antes.
Twitter: @Navegaciones
Denuncia de riesgos ambienteles y sociales por construcción de gasoducto en Tlaxcala
- Ante la posible construcción del gasoducto como parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), Comités comunitarios de Tlaxcala presentamos QUEJA ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos el pasado 9 de mayo para que investigue y determine sobre la violación a derechos fundamentales de los pueblos
- Ante la ilegalidad con la que autoridades y empresas han tratado de imponer el Gasoducto Morelos, el día de hoy 18 de junio hemos presentado un AMPARO ante un Juez Federal que pueda ordenar la SUSPENCIÓN de la obra y en su momento su CANCELACIÓN DEFINITIVA.
- Exigimos información veraz y adecuada a la población de los riegos reales que implica el PIM para que las comunidades seamos libres y sea respetada en nuestra decisión de NO AL GASODUCTO.
En nombre del desarrollo y la generación de empleos,
los gobiernos en turno de los últimos tiempos han venido imponiendo en
territorios de los pueblos campesinos e indígenas megaproyectos, como es
el caso de infraestructura para el transporte de gas natural por ductos
que atraviesen el país.
El PIM consiste en producir energía eléctrica para la
industria, mediante un proyecto termoeléctrico de ciclo combinado que
usa gas natural y vapor, razón por la que han empezado a construir dos
plantas termoeléctricas en Huexca, Yecapixtla, Morelos; un acueducto que
despojará a los pueblos del Oriente de Morelos de las aguas que corren
por el Río Cuautla; y un gasoducto que atravesaría por 24 municipios de
Tlaxcala, Puebla y Morelos, pasando por encima de los pueblos afectados y
sus inconformidades, al grado de hacer uso indebido e ilegal de la
fuerza policiaca y militar para intentar callarlos e imponer las obras.
En el año 2004 la empresa Gas Zapata llegó a las
comunidades de Tlaxcala, buscando negociar el paso del gasoducto,
quienes habitamos estas comunidades desde entonces lo hemos rechazado.
Nuevamente en 2011 escuchamos del mega-proyecto, ahora en voz de
personal de la CFE, que actúa de la siguiente manera:
a. Ha abordado de manera individual a las y los
propietarios o poseedores de las tierras, aún sabiendo que en nuestras
comunidades nos organizamos por usos y costumbres y discutimos asuntos
de interés común en nuestras Asambleas de Pueblo; puesto que en caso de
un siniestro, fuga o explosión los afectados seremos todos los
pobladores de las comunidades.
b. Busca conseguir la firma de convenios elaborados de mala fe, con información falsa como lo es el ancho del derecho de vía, así como lograr el paso de servidumbre sin informar sobre lo que esto implica, pues los dueños no podrán disponer libremente de esa porción de tierra.
c. Oculta en las comunidades los riesgos anunciados por expertos en relación al proyecto.
• El Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED)
advirtió a la CFE y a la Comisión Reguladora de energía (CRE) sobre los
siguientes riesgos:b. Busca conseguir la firma de convenios elaborados de mala fe, con información falsa como lo es el ancho del derecho de vía, así como lograr el paso de servidumbre sin informar sobre lo que esto implica, pues los dueños no podrán disponer libremente de esa porción de tierra.
c. Oculta en las comunidades los riesgos anunciados por expertos en relación al proyecto.
1. 23 km del ducto quedarían dentro de la zona de peligro moderado de
flujos volcánicos (piroclásticos y lava), así como78 km dentro de la
zona de peligro menor, por lo que el peligro lo califica de
SIGNIFICATIVO.
2. 107 km del ducto quedarían dentro de la zona de peligro moderado en caso de la caída de materiales volcánicos, y 53 km dentro de la zona de peligro menor.
3. El ducto pasaría por zona de peligros por derrumbes gigantes ubicada en el flanco sur del Volcán; de ocurrir implicaría la destrucción del gasoducto.
4. 34 km del ducto cruzarían por zona de peligro mayor por lahares o fluidos de lodo y por la zona de peligro moderado en varias comunidades ubicadas al sur del Volcán.
5. En suma, sugirió la realización de mayores estudios especializados, los cuales nunca se hicieron y aun así la obra está autorizada.
2. 107 km del ducto quedarían dentro de la zona de peligro moderado en caso de la caída de materiales volcánicos, y 53 km dentro de la zona de peligro menor.
3. El ducto pasaría por zona de peligros por derrumbes gigantes ubicada en el flanco sur del Volcán; de ocurrir implicaría la destrucción del gasoducto.
4. 34 km del ducto cruzarían por zona de peligro mayor por lahares o fluidos de lodo y por la zona de peligro moderado en varias comunidades ubicadas al sur del Volcán.
5. En suma, sugirió la realización de mayores estudios especializados, los cuales nunca se hicieron y aun así la obra está autorizada.
• El Centro Universitario de Prevención de Desastres (CUPREDER) de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se ha pronunciado públicamente
sobre los siguientes aspectos:
1. Los distintos trazos del gasoducto que se han venido planteando,
cruzan por la zona considerada como de peligro eruptivo. La instalación
del megaproyecto incentivaría en la región el crecimiento inmobiliario,
urbano e industrial, violentando lo establecido en el Programa de
Ordenamiento Ecológico y por Riesgo Eruptivo del territorio del Volcán
Popocatépetl y su zona de Influencia del estado de Puebla. Esta
situación pondría a un mayor número de población en riesgo.
• El Instituto de Geofísica de la UNAM ha externado su preocupación sobre:
1. El tratamiento que se ha dado a las estimaciones del riesgo
volcánico, ya que no creen prudente minimizar los peligros que el Volcán
Popocatépetl pudiese emanar.
2. El gasoducto atraviesa un número considerable de cauces, cuencas y barrancas que representan los segmentos más vulnerables por lo que deben ser cuidadosamente re-evaluados.
3. Tan solo en los últimos 20 años desde la reactivación del Popocatépetl se han registrado 2 lahares moderados en 1997 y 2001.
4. No parece haberse considerado de manera exhaustiva los posibles flujos de lodo o lahares y su impacto destructivo mostrado, como la ruptura y explosión de un poliducto de hidrocarburos de PEMEX cuyas consecuencias fueron catastróficas para la población de Balestrera, al pie del Volcán Pico de Orizaba en 2003.
2. El gasoducto atraviesa un número considerable de cauces, cuencas y barrancas que representan los segmentos más vulnerables por lo que deben ser cuidadosamente re-evaluados.
3. Tan solo en los últimos 20 años desde la reactivación del Popocatépetl se han registrado 2 lahares moderados en 1997 y 2001.
4. No parece haberse considerado de manera exhaustiva los posibles flujos de lodo o lahares y su impacto destructivo mostrado, como la ruptura y explosión de un poliducto de hidrocarburos de PEMEX cuyas consecuencias fueron catastróficas para la población de Balestrera, al pie del Volcán Pico de Orizaba en 2003.
Hasta el momento ni autoridades ni pobladores saben cuál es el trazo
definitivo del gasoducto y en consecuencia, es imposible conocer sus
impactos sociales y ambientales, por lo que no se explica cómo puede
existir una autorización sin haberse realizado todos y cada uno de los
estudios pertinentes en cada una de las comunidades por donde se
pretende pasarlo si este dato aún está en construcción.
Además, el gasoducto hasta donde sabemos atraviesa
zonas altamente pobladas, como a las que pertenecemos: San Vicente
Xiloxochitla, Municipio de Nativitas; San Jorge Tezoquipan, Municipio de
Panotla; La Trinidad Tenexyecac, Municipio de Ixtacuixtla; y San Damián
Texoloc, del Estado de Tlaxcala.
En la Trinidad Tenexyecac pasa a solo 15 metros de la
zona urbana, incluso en medio de una calle habitada, así como a 100
metros de la Tele Secundaria Emiliano Zapata, además de mantener
alrededor hornos con temperaturas mayores a los 800 °C para la
alfarería, actividad económica principal en este pueblo; en San Vicente
Xiloxochitla, nos dedicamos a la elaboración del taco de canasta por lo
que mantenemos prendidas gran parte del tiempo hornillas; mientras que
en San Jorge Tezoquipan pasa a 200 metros de un Jardín de niños, del
CBTIS 211 ubicado en Tlahuicole No. 6 y de la Secundaria Técnica Número
33, Benito Juárez García.
Frente a estas condiciones de grave riesgo y la
incertidumbre sobre el trazo definitivo del ducto, resulta
incomprensible como la DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
de la SEMARNAT; la COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA DE LA SECRETARÍA DE
ENERGÍA; PROTECCIÓN CIVIL en todos sus ámbitos de acción; INSTITUTO
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH); algunos Ayuntamientos, la
CFE,ELECNOR y ENAGAS mismas, –entre otras autoridades y empresas
responsables- insisten en imponer la construcción de un proyecto a todas
luces riesgoso e ilegal, además de violatorio de derechos, tales como:
DERECHOS DE LOS PUEBLOS, DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL,
DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO, DERECHO A LA INFORMACIÓN ADECUADA,
OPORTUNA Y VERAZ, DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA Y DE ACCESO A LA
JUSTICIA.
Por todas estas razones, hemos presentado QUEJA ante
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y un AMPARO en contra de
todas las autoridades y empresas involucradas en el Gasoducto Morelos, a
fin de que nuestros derechos como personas y pueblos sean respetados y
garantizados.
Las representación de los Comités comunitarios en
Tlaxcala, así como diversas organizaciones que hoy nos encontramos
presentes, hemos puesto nuestra confianza en la Comisión Nacional de
Derechos Humanos para que investigue la verdad de los hechos y determine
la violación a los derechos humanos, así como en un Juez de Distrito
perteneciente al Poder Judicial de la Federación para que en el
cumplimiento de su deber garantice el ACCESO A LA JUSTICIA y ordene la
CANCELACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO INTEGRAL MORELOS Y EN PARTICULAR DEL
GASODUCTO MORELOS, por su inviabilidad e ilegalidad evidentes.
Atentamente: Comités Comunitarios de San Jorge Tezoquipan del
municipio de Panotla, San Vicente Xiloxochitla del municipio de
Nativitas y La Trinidad Tenexyecac municipio de Ixtacuixtla, estado de
Tlaxcala; Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo local
A.C., Instituto de Derechos Humanos y Democracia A.C., Red Nacional de
Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todos y Todas”. 
