11 de octubre de 2011

Laura Itzel Castillo y René Sánchez Galindo tramitan amparo en Puebla contra Pemex por los contratos con compañías privadas

Colectivo Ciudadano Carrillo Puerto de San Pedro Cholula, presente en este acto de protesta

Martín Hernández- La diputada federal del Partido del Trabajo Laura Itzel Castillo y el abogado René Sánchez Galindo encabezaron hoy a un grupo de ciudadanos que interpusieron un amparo en la sede del Poder Judicial de la Federación de Puebla contra Pemex, por contratos que está estableciendo con compañías privadas que suponen dividendos ilegales para dichas empresas.







!NO A LA PRIVATIZACION DE PEMEX!
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Afirma que se mantiene el acuerdo de que sea candidato de la izquierda el mejor posicionado

Se quedarán con las ganas quienes quieren vernos divididos a Ebrard y a mí: AMLO

En México hay hartazgo respecto de los políticos, asegura durante su visita a Chicago

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Andrés Manuel López Obrador estará hoy en Washington, donde participará en un foro organizado por el Centro Woodrow WilsonFoto Carlos Ramos
Notimex

Chicago, 10 de octubre. Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la candidatura presidencial de la izquierda mexicana, señaló aquí que en su país existe un hartazgo de la población respecto de los políticos, aunque aseguró que existen excepciones.

“Porque no todos somos iguales, no nos pueden poner en el mismo costal; no soy incongruente ni ratero. Me pueden llamar Peje, pero no soy lagarto”, afirmó durante su visita a Chicago, donde se reunió el domingo con unos 300 integrantes de la comunidad mexicana en esta ciudad.

En declaraciones a periodistas se referió al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon –el único oponente visible por la candidatura presidencial de la izquierda–, sobre el que dijo que siguen siendo amigos y en este momento están más unidos que nunca. Muchos que nos quieren ver divididos van a quedarse con las ganas, sostuvo.

Al respecto, puntualizó que se mantiene el acuerdo entre él y Ebrard Casaubon de que será candidato presidencial cualquiera de los dos que esté mejor posicionado cuando llegue el momento de elegir al abanderado de la izquierda, y que el otro lo apoyará.

El político mexicano aseguró que de llegar a la Presidencia de México no habrá venganza ni persecución contra ningún político en funciones.

Pero lo mejor es que no va a haber ni corrupción ni influyentismo, será un gobierno del pueblo, enfatizó.

Aclaró que su gira por Estados Unidos no la hace como precandidato presidencial, sino para promover su organización, Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Antes, López Obrador habló ante sus simpatizantes en el auditorio de la escuela secundaria Benito Juárez, ubicada en el vecindario mexicano Pilsen, a quienes exhortó a participar en el Morena para cambiar la realidad de México.

Afirmó que a la fecha se han constituido 38 mil comités del Morena, organización en la que participan 180 mil ciudadanos, aunque la meta es alcanzar a 4 millones de simpatizantes activos.

El político tabasqueño visitará Washington este martes y después viajará a España.

En la capital estadunidense participará en un foro organizado por el Centro Woodrow Wilson y el liberal Foro Diálogo Interamericano, donde presentará su visión sobre México.

Se trata de la segunda presentación de López Obrador en Estados Unidos en menos de cuatro meses, luego de que en junio pasado encabezó un acto político en Los Ángeles para invitar a los inmigrantes mexicanos a sumarse a su movimiento.

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Extinción de LFC: dos años de agravios


Al cumplirse 24 meses del asalto policiaco a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y de la posterior extinción de esa empresa pública vía decreto presidencial, el gobierno de Felipe Calderón continúa mostrándose incapaz de revertir el cúmulo de agravios cometidos, a raíz de esa medida, en contra de los trabajadores de la compañía, de la propiedad pública nacional y de los habitantes de la zona centro del país.

La lista de afectaciones y pendientes no atendidos en los dos años transcurridos desde esa medida es encabezada por el desempleo masivo al que fueron arrojados más de 44 mil trabajadores de la empresa pública, 16 mil de los cuales han resistido someterse a las diversas ofertas de liquidación puestas sobre la mesa por las autoridades. La perspectiva de miles de familias arrojadas súbitamente a la incertidumbre y a la zozobra, y que han debido sobrevivir todo este tiempo sin fuente fija de ingresos, se complementa con el descontento de aquellos trabajadores que cedieron a las presiones de las autoridades: de los más de 28 mil ex empleados de LFC que, según cifras oficiales, aceptaron liquidarse, menos de 9 por ciento han sido recontratados, como habían ofrecido las autoridades federales; por lo que hace a las 68 cooperativas conformadas por ex trabajadores de LFC, sólo ocho han recibido contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en claro incumplimiento de las promesas de ayuda que les fueron planteadas.

El dato contrasta con las millonarias cantidades de recursos que la empresa encabezada por Antonio Vivanco –a la que se confirió el suministro eléctrico en la zona centro del país– ha destinado al pago de contratistas, y que forman parte de los más de 10 mil millones de pesos que ha costado al erario la extinción de la compañía.

Pero acaso el daño más extendido sea el que ha padecido la población de la zona centro del país, la cual, durante todo este tiempo, ha quedado a merced de los cobros excesivos en los recibos que expide la CFE y de un servicio de electricidad más que deficiente. Aun si se diera crédito a la versión ofical de que la extinción de LFC se debió a consideraciones de inviabilidad técnica y financiera –circunstancia que, en todo caso, nunca fue atribuible a los trabajadores de la compañía, sino a sus administraciones–, la incapacidad mostrada en estos dos años por el personal de la CFE –el propio y el subcontratado– para operar satisfactoriamente la red de suministro eléctrico en la capital del país y su área conurbada tendría que ser razón suficiente para que el gobierno federal diera marcha atrás en su decisión y atendiera favorablemente las demandas de reinserción laboral de los ex trabajadores de LFC, ya sea en el seno de la propia paraestatal o en un nuevo organismo de generación y distribución de electricidad.

Finalmente, en el ámbito meramente político, los dos años transcurridos han significado una derrota para los planes gubernamentales de desarticular el movimiento organizado en torno al Sindicato Mexicano de Electricistas, el cual se ha mantenido vigente pese a las campañas de desprestigio y hostilidad gubernamental en su contra, y se ha comportado en general con civilidad y disposición negociadora.

Es significativo, al respecto, que el segundo aniversario de la extinción de LFC coincida con el reinicio formal del diálogo entre el SME y las autoridades con miras a una eventual recontratación del ex personal de ese órgano público descentralizado. El gobierno federal tiene ante sí una nueva oportunidad de resarcir, en alguna medida, el daño provocado por una decisión cuestionable en lo legal, nociva en lo económico y equivocada en lo político. Cabe esperar que las autoridades actúen con altura de miras, reconozcan la oportunidad que se les presenta, depongan sus actitudes de confrontación y resuelvan, de una vez por todas, un conflicto que ni siquiera debió ocurrir; mucho menos desarrollarse en los niveles de encono y complejidad que llegó a alcanzar en los últimos 24 meses.

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Los abogados Manuel Fuentes y Carlos de Buen refutan afirmaciones de Lozano sobre el tema

Abierto, proceso para que CFE se asuma como patrón sustituto de electricistas

A dos años de la extinción de Luz y Fuerza, la lucha del SME en tribunales está vigente, sostienen

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Ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza marcharon del Zócalo a San Lázaro el mes pasadoFoto María Meléndrez Parada
Patricia Muñoz Ríos

Al hacer un análisis de la situación legal de la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), a dos años de que se extinguió Luz y Fuerza del Centro (LFC), los abogados laboralistas Manuel Fuentes y Carlos de Buen señalaron que continúa en tribunales la demanda de los trabajadores para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se asuma como patrón sustituto. El caso lo revisa un tribunal colegiado, sigue en discusión y definitivamente el expediente está abierto y en curso, insistieron.

En un foro que organizó el SME, ambos abogados detallaron que este proceso legal ha ido muy lento y se ha alargado, pero no está cerrado, lo cual parece desconocer el secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien señala que la CFE no será patrón sustituto de los trabajadores de este sindicato, y otra vez es parcial, manifiesta una postura contraria a los derechos de los trabajadores, que supuestamente debería defender, y de nueva cuenta quiere dictarle a un tribunal lo que tiene que resolver.

Añadieron que sigue enredado en instancias legales el tema de las demandas laborales, y que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) solicitó que todos los trabajadores de LFC se presentaran a rendir declaración –incluso los liquidados– a razón de 20 cada día, lo que llevaría más de ocho años.

En el foro, Manuel Fuentes indicó que diversas organizaciones presentarán en los próximos días una denuncia contra el presidente Felipe Calderón ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a la Constitución, incumplimiento de leyes y normas mexicanas, con la acusación de desvío de poder, ya que se ha desviado de sus funciones.

De Buen afirmó que la demanda de sustitución patronal misteriosamente no avanza. Aseveró que el titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, al ser empleado del presidente que promovió la extinción de la empresa, tiene que responder a su jefe, y no ha sido imparcial.

Agregó que, a la luz del tiempo, quedó claro que todo el proceso de extinción fue ilegal, de principio a fin, por los abusos de un presidente que, ya quedó claro, no sabe gobernar.

En dicho acto, en el que también participó el político priísta Manuel Bartlett, el dirigente del SME, Martín Esparza, expresó que además de que sigue el conflicto laboral en tribunales, el contrato colectivo está vigente, no hay ninguna sentencia en firme que diga lo contrario.

Además, la toma de nota para el comité ejecutivo seguirá vigente hasta 2013, y Calderón ya se va el próximo año. No sólo eso, sino que a partir de 2012 esta organización entrará también a la arena política.

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Miles de usuarios han presentado quejas ante la Profeco

Se agudizó la crispación social por las altas tarifas y el mal servicio de CFE, denuncian

En municipios mexiquenses acusan de terrorismo a la comisión

Por 10 mil pesos mensuales, los recibos locos en Baja California

De los corresponsales
Periódico La Jornada
Martes 11 de octubre de 2011, p. 14

La liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), ordenada hace dos años por el gobierno federal para ser remplazada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha acarreado numerosos conflictos en distintas zonas del país.

La secuela de la extinción de LFC incluye aumento exorbitante y arbitrario de tarifas, fallas múltiples en el suministro del servicio, problemas ambientales, desempleo y el consiguiente deterioro de comunidades cuya economía estaba ligada a esa compañía, cerrada el 11 de octubre de 2009.

Esa situación, que ha causado crispación social, se contrapone a las promesas hechas en su momento por las autoridades de que la medida beneficiaría a los usuarios.

Así, desde el presidente Felipe Calderón hasta Javier Lozano, secretario de Trabajo y operador de la liquidación, aseguraban que la CFE, empresa de clase mundial, se haría cargo del suministro con eficiencia y transparencia. Eso no ha ocurrido.

Desde entonces, el caos, el abuso y la corrupción han marcado la relación de la CFE con usuarios de toda clase.

En Nuevo Necaxa –localidad ubicada en la sierra Norte de Puebla–, cuna de la generación eléctrica en el país, la extinción de LFC paralizó 70 por ciento de la economía, decenas de jóvenes (hijos de ex trabajadores) abandonaron sus estudios y emigraron más de 900 electricistas.

Las deficiencias de la CFE afectan por igual a usuarios domésticos y comerciantes, como sucedió en el estado de México, donde se reportaron cobros hasta de 500 mil pesos.

En Durango, Chihuahua y Michoacán el pago aumentó 500, 300 y 200 por ciento, respectivamente. Es decir, adeudos de 200 pasaron a ser de mil pesos.

En Nayarit y Quintana Roo se detectaron adeudos de instituciones gubernamentales hasta por 31 millones de pesos.

La ineficiencia en el servicio ha sido la constante, y las familias de escasos recursos en ningún caso han encontrado respuesta a sus quejas individuales o grupales ante la CFE.

Miles de usuarios de varios estados han presentado quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por facturaciones incoherentes.

Sólo en Hidalgo se han presentado 3 mil 500 quejas en lo que va del año; en Quintana Roo, una cada 48 horas; en Morelos, 220 en el bimestre anterior; en Guanajuato, 600 en dos años, y en el estado de México, 500 también en dos años.

La decadencia de un emblema

En Nuevo Necaxa la economía sufrió una caída de 70 por ciento debido a la migración de 900 ex trabajadores de la LFC, que decidieron instalarse en Tlaxcala, Veracruz, Pachuca y Puebla con el fin de autoemplearse como comerciantes ambulantes, vendedores de electrodomésticos y prestadores de servicios.

El subsecretario general de la división Necaxa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Domingo Aguilar, denunció que ex trabajadores de LFC son discriminados en empresas públicas y privadas.

Los electricistas que han rechazado las ofertas de la Federación han subsistido con aportaciones quincenales de los trabajadores jubilados, quienes entregan cada 14 días tres por ciento de sus ingresos para el fondo de subsidio, que llega a sumar unos 170 mil pesos.

Facturas por 600 mil pesos

Frente al hartazgo por la indiferencia del personal de la CFE, habitantes de los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl, La Paz, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Xochicalco y Chimalhuacán han comenzado a organizarse, sobre todo en esta última localidad.

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Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas se manifestaron fuera de la Cámara de Diputados, el 8 de septiembre pasado. Durante la protesta criticaron las tarifas de la CFEFoto María Meléndrez Parada

Afirman ser víctimas de terrorismo de la CFE, que no acepta ninguna negociación que no sea la firma de un convenio donde el notificado acepte pagar el monto total de adeudos estimados a partir de septiembre de 2009, que llegan a ser de 7 mil pesos por el servicio para viviendas y de 700 mil para locales comerciales.

Una de los cientos de afectados, Ángela Ramos, quien pagaba 280 pesos bimestrales a LFC, cuando la CFE tomó el control se encontró con que tenía una deuda de 9 mil 600 pesos.

En Chimalhuacán, a partir de enero de 2010, la CFE envío facturaciones hasta de 15 mil pesos.

La situación es más grave para el comercio establecido, sobre todo en zonas donde la extinta compañía no concluyó los trabajos de regularización. Allí la comisión pretende cobrar facturas que superan medio millón de pesos por anomalías en el servicio.

En el norte del país la situación no es diferente. En las zonas agrícolas de Chihuahua organizaciones como el Frente Democrático Campesino, Agrodinámica Nacional y la Confederación Nacional Campesina han denunciado el acoso de la CFE debido a los adeudos que tienen desde hace años por el cobro de energía en los pozos para riego agrícola.

A pesar de los convenios de pagos que se han firmado con la paraestatal para cubrir parte de los adeudos, que han llegado a sumar 600 millones de pesos, los agricultores sostienen que con el precio de la energía es imposible pagar lo que se debe y seguir produciendo.

En Baja California, los recibos locos –como se les conoce por estar fuera de lógica por los parámetros históricos de consumo familiar– llegan hasta por 10 mil pesos mensuales en viviendas, según registros del Frente Cívico Mexicalense (FCM).

Sergio Tamai, dirigente del FCM, ha solicitado a la comisión tarifas acordes a las condiciones del clima, ya que en la capital de Baja California se registran temperaturas superiores a 45 grados centígrados durante cuatro meses del año.

En Sinaloa, datos proporcionados por restauranteros indican que 98 por ciento de los negocios de ese sector cierran durante el primer año de haber abierto debido a los altos costos por consumo de energía eléctrica, que han aumentado cerca de 300 por ciento en el último año.

En Durango, en lo que va del año la CFE ha elevado el cobro en los recibos por concepto de energía en la zona urbana hasta 500 por ciento.

Raúl Arellano, de 70 años, contó que vive solamente con su esposa, y cuando están en su vivienda son pocos los aparatos eléctricos que usan, mientras los focos todos son ahorradores y se prenden poco. Aun así, el año pasado pagó en promedio 220 pesos por bimestre, y ahora 994.

En Tabasco, más de 410 mil usuarios se encuentran en huelga de pagos contra la CFE en protesta por las altas tarifas del servicio, que representa un pasivo de más de 2 mil 275 millones de pesos a la paraestatal.

Así, dos años después de la desaparición de Luz y Fuerza, la CFE está lejos de ser, como su lema indica, una empresa de clase mundial. Al contrario, sus abusos e ineficiencias han contribuido a agudizar la crispación social que vive el país.