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Liquida Johnson Controls a 650 obreros; los trabajadores denuncian irregularidades
Desde las primeras horas del día a los
trabajadores se les impidió el ingreso en la
planta ubicada en el parque in-dustrial
Resurrección, que ya luce vacía tras el
movimiento intensivo de camiones que durante el
fin de semana y el puente retiraron maquinaria y
equipo
trabajadores se les impidió el ingreso en la
planta ubicada en el parque in-dustrial
Resurrección, que ya luce vacía tras el
movimiento intensivo de camiones que durante el
fin de semana y el puente retiraron maquinaria y
equipo
El pago se realizó a unos días de que venciera el plazo de revisión salarial entre el sindicato minero y la empresa, que tenía como fecha de vencimiento el 31 de marzo, en beneficio de 440 sindicalizados y 210 trabajadores por contrato; algunos de ellos expresaron su inconformidad, pues había trabajo en las líneas de producción por lo que no se explican el cierre de la empresa.
Uno a uno de los obreros, algunos con más de 15 años laborando, otros con apenas dos meses de haber sido contratados, se fueron formando en una fila en las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y se les informó cuánto les correspondía por su trabajo en el tiempo que estuvieron laborando ahí.
La liquidación ocurrió en medio del hermetismo de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del gobierno del estado de Puebla, y que encabeza el panista Pablo Rodríguez Regordosa, quien hasta este momento no ha emitido una postura oficial sobre el cierre de Johnson Controls.
“Lo que sigue ahora es comenzar a buscar chamba”, expresó uno de los trabajadores formado en la fila de la Junta Local y luego se fue a entregar una solicitud de empleo al parque industrial Finsa.
Desde las primeras horas del día a los trabajadores se les impidió el ingreso en la planta ubicada en el parque industrial Resurrección, que ya luce vacía tras el movimiento intensivo de camiones que durante el fin de semana y el “puente” retiraron maquinaria y equipo.
Tras el diálogo que sostuvieron el sindicato de mineros y representantes de la empresa se estableció que los obreros pudieran recibir un pago más a la liquidación que establece la ley, y lo que se obtuvo fue este bono equivalente a un millón 380 mil pesos para cada uno de los ahora ex trabajadores.
Trascendió que éstos podrían ser recontratados una vez que Johnson Controls cambie de razón social y se deshaga de la representación sindical, que apenas en abril de 2011 obtuvo el contrato colectivo de trabajo y un aumento de 7 por ciento.
Obreros denuncian
anomalías: “es una artimaña”
Algunos trabajadores que esperaban su turno en la Junta Local relataron a este diario que su sindicato no los defendió; por el contrario, favoreció las liquidaciones de trabajadores que comenzaron hace dos semanas. El fin de semana, algunos obreros fueron citados en un hotel y ahí mismo se les pagó “y el sindicato ni sus luces”.
Aunque se manejó que habría liquidaciones conforme lo establece la ley, no hubo el pago de bonos de puntualidad y asistencia, por productividad y seguridad, así como el pago de la caja de ahorro y otros. De igual forma, la empresa no quiso mostrar la carátula fiscal y se negó a pagar las utilidades del año pasado, y menos lo correspondiente a este.
En ese sentido, expresaron que fue tras el inicio de las negociaciones de revisión salarial –que tenía como plazo el 31 de marzo– cuando el sindicato “se desentendió” de los trabajadores comenzó la liquidación de estos.
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Johnson Controls, un caso más de impunidad con complicidad estatal: Huberto Juárez
Por : Javier Puga Martínez
En entrevista, el investigador expuso que esta empresa no puede anunciar el fin de sus operaciones argumentando problemas financieros o de competitividad sin antes demostrarlo ante las autoridades.
En ese mismo sentido, señaló que no sería extraño que la empresa sólo cambiara de nombre a otra razón social, siguiera operando en otras de sus plantas y recontratando a su propio personal, pues ya logró deshacerse de los trabajadores que lucharon por sus derechos.
Agregó que “no basta con autodeclaraciones de pérdidas millonarias o de que se dejó de ser competitivo y me voy a otro lugar. Hay que demostrar ante un juez que hay pérdidas. El problema es que en este país las empresas le tomaron la medida a todo el mundo”.
Recordó que este caso tiene similitud con el cierre de la planta de Alcoa Fujikura, en 2008, pues ahora, como entonces, no se fundamentó la quiebra. En ese año, el sindicato de Alcoa estaba asesorado por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), pero una mañana comenzaron a liquidar al personal y la UNT sólo se limitó a “vigilar estrictamente el pago del liquidaciones”, señaló el investigador.
Asimismo, criticó la postura del gobierno del estado en torno a Alcoa, pues la postura de este fue de vigilar que el pago de liquidaciones fuera conforme a la ley y crearía opciones para los desemplados, “pero nunca nos enteramos cómo fue este proceso, cuándo se agotó el proceso legal y Alcoa no demostró que, efectivamente, tenía pérdidas millonarias”.
En el caso actual de Johnson Controls se trata de una nueva imposición de una empresa que le tomó la medida a los trabajadores “y seguramente tiene pactos muy claros con los gobiernos panistas federal y estatal. Lo que tenemos ahora es un despliegue mediático para tratar de convencernos de pérdidas millonarias y de falta de competitividad y que detrás de esto está un sindicato que no los hace productivos. Pero no sabemos quién avaló las pérdidas millonarias”, afirmó Juárez Núñez.
Afirmó que Johnson Controls ha sido una de las proveedoras de autopartes que más han sido beneficiadas con el desarrollo de la industria automotriz en México; tan solo la división mexicana de Johnson es más rentable que su competidora Lear Corporation, empresa que también está asentada en Puebla, y ambas dedicadas a la fabricación de asientos para automóviles de casi todas las plantas automotrices del país.
“Pienso que el gobierno tiene que mostrarnos que, en efecto, ha verificado que la empresa está en posición técnicamente de quiebra. No se trata de un acuerdo para golpear a los trabajadores para quitarse de encima a los sindicatos de protección como los de la CROM, CTM o FROC–CROC. Estamos nuevamente ante un caso de impunidad empresarial con la complicidad del gobierno del estado”, señaló.
Juárez Núñez que no sería extraño que iniciara un proceso de recontratación, ya sin la intervención del sindicato, pues cuenta con una planta de mayor capacidad en Teolocholco, Tlaxcala, junto con del parque industrial Finsa.
“Eso de irse a Querétaro es sólo reorganizar su producción y concentrarla en Teolocholco y en Finsa; como eso va a suponer un incremento en las líneas de producción podrían contratar a algunos de sus trabajadores que actualmente tienen, con un nuevo convenio. La primera dificultad ya la libró la empresa: deshacerse de trabajadores que en su momento lucharon contra los sindicatos de protección”.
