Hace 89 años, un 20 de julio de 1923, el gobierno obregonista mando asesinar a Francisco Villa para asegurarse que Plutarco Elias Calles (fundador del PNR que luego se convirtió en el PRI) subiera a la presidencia. Hoy debemos recordar al Centauro resistiendo con todo la imposición de la funda de Salinas y de los PRImates en la presidencia. Pancho no ha muerto cabrones!
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AMLO da a conocer su plan por la democracia
El candidato presidencial anuncia que la campaña de "concientización" será "casa por casa" y utilizarán mantas, espectaculares, pintas de bardas y brigadas ciudadanas
Esta mañana el candidato presidencial de Movimiento Progresista
dio a conocer su plan de Plan Nacional para la Defensa de la Democracia y
de la Dignidad que establecerá mesas en las plazas públicas del país
para recabar firmas, documentos y tarjetas de prepago para demostrar que
hubo irregularidades durante la campaña presidencial de Enrique Peña
Nieto. El fin, agregó, es dar a
conocer que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) operó una red
de compra y coacción del voto en favor de su abanderado.
Jaime Cárdenas, coordinador de Asuntos Jurídicos de López Obrador,
informó que el plan trabaja bajo dos premisas: “La presidencia de México
no se compra y el destino de México no tiene precio”. Añadió que buscan
difundir que “cómo el PRI compró los cinco millones de votos, más
tarjetas de Soriana, Monex el uso ilegal de los gobiernos y el lavado de
dinero”.
La campaña iniciará a través de mantas, espectaculares, pintas de
bardas y con brigadas de ciudadanos vamos a “concientizar casa por
casa”, además de que las primeras acciones se darán a conocer los lemas y
las indicaciones para las redes sociales. El lunes se dará a conocer en
el IFE el mensaje que se va a difundir por los medios de comunicación y
se subirá a internet. César Yáñez, José Antonio Casillas y Adrián
Rodríguez serán los encargados de hacer esta primera etapa.
Estos son los cuatro puntos de acción:
1.- Informar al pueblo de México sobre la manera en que operó Peña y el PRI.
2.- Lograr con la participación de los ciudadanos el acopio de más información del acopio de votos.
3.- Consiste en entregar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación las pruebas para sostener el juicio de imparcialidad.
4.- Hacer conciencia entre los ciudadanos que si se permite la
imposición de Peña el destino de México será de corrupción y dolor.
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Esclarecer el lavado electoral
Un día después de que
el aspirante presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López
Obrador, presentó evidencia documental sobre operaciones financieras
irregulares por conducto del grupo financiero Monex –presumiblemente
realizadas en favor de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto–,
los dirigentes nacionales del PAN, Gustavo Madero, y el PRD, Jesús
Zambrano, anunciaron que interpondrán una denuncia conjunta ante la
Procuraduría General de la República (PGR) por presunto lavado de dinero
durante la pasada contienda electoral, y exigieron a la dependencia
encabezada por Marisela Morales que resuelva el caso a la brevedad,
antes de que concluya el proceso de validación de los comicios
presidenciales por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF).
Adicionalmente, en horas recientes han salido a la luz pública
elementos de información que despejan dudas sobre los vínculos entre las
turbias operaciones financieras de Monex y la candidatura presidencial
del PRI, como el hallazgo de que el domicilio fiscal de una de las
empresas que fondearon al grupo financiero –Comercializadora Efra–
corresponde a la dirección de un despacho de abogados cercanos al tricolor
y al propio Peña Nieto. Dicho elemento consolida los indicios de que el
supuesto triunfo electoral del candidato priísta pudo fabricarse –al
menos en parte– sobre la base de delitos graves, como el lavado de
dinero, y hace que la petición de los dirigentes del sol azteca y el blanquiazul
adquiera mayor pertinencia y necesidad: sin un pleno esclarecimiento
del caso de las autoridades judiciales correspondientes, el fallo del
TEPJF sobre la validez de los comicios quedaría obligadamente
incompleto, y se corre el riesgo de que ese órgano jurisdiccional
termine por avalar prácticas que no sólo vulneran los preceptos
democráticos más elementales, sino el marco legal del país en su
conjunto.Por otra parte, la petición de los dirigentes partidistas es imprescindible ante el desempeño errático, complaciente y omiso de las autoridades formalmente encargadas de supervisar los presuntos financiamientos irregulares en las campañas electorales y fuera de ellas. Ayer mismo, el Instituto Federal Electoral (IFE) sostuvo que
hasta el momento no se ha acreditado ningún delito por partido algunodurante la elección presidencial, señalamiento que resulta improcedente, porque contradice lo expresado por el propio titular del organismo, Leonardo Valdés –en el sentido de que el PRI no ha sido exonerado por el caso Monex y que sigue abierta esa investigación–, porque soslaya la masiva documentación sobre delitos propiamente electorales que ha sido ampliamente difundida y conocida por la opinión pública, y porque pasa por alto una consideración elemental: para que una elección sea legal y válida no basta con que cumpla los criterios de la normativa electoral: también debe apegarse a lo estipulado en los códigos civiles y penales vigentes y al marco constitucional. Ese requerimiento incluye, desde luego, la ausencia de sospechas sobre el uso de recursos de procedencia ilícita por alguno de los contendientes.
responsablesy no pedir al IFE violentar la legalidad tendrían que ir dirigidos antes al propio órgano electoral que a los partidos.
En lo que toca al gobierno federal, la manifiesta incapacidad de éste para impedir el flujo de dinero presumiblemente ilícito a la campañas presidenciales se agrava con actos como la reunión sostenida entre su titular, Felipe Calderón, y el propio Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos, el pasado miércoles: ese hecho, improcedente y apresurado por donde se le mire, por cuanto el político mexiquense no es aún presidente electo, podría además colocar al jefe del Ejecutivo federal como anfitrión de un candidato beneficiado por lavado de dinero en caso de que se confirmen las acusaciones del Movimiento Progresista, y ello daría un nuevo duro golpe a la investidura presidencial y socavaría aun más el pretendido afán legalista de la administración que está por terminar.
En suma, el esclarecimiento no sólo es necesario para transparentar una elección presidencial que ha distado mucho de ser
limpia y ejemplar, como sostuvo el IFE desde la noche del primero de julio, sino también para restañar en alguna medida el daño que las autoridades se han provocado a sí mismas por su actitud omisa, parcial y poco responsable. Si el IFE, el TEPJF y la propia PGR no actúan en ese sentido, podrían llevar el descrédito del conjunto de la institucionalidad política a un punto de no retorno.
