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14 DE FEBRERO:
DIA DEL PRECIOSO (CINICO Y DESCARADO) DE MARIO MARIN
"Que pasó mi gober precioso...."
VOLANTE DE LA COALICION
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■ Fue grabada accidentalmente, señala la escritora Diana Isabel Pando a Carmen Aristegui
“Salinas se robó la mitad de la cuenta secreta”, dice Téllez en llamada telefónica
■ La conversación ocurrió en noviembre de 2006, cuando el funcionario vacacionaba en Cancún
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Carlos Salinas de Gortari, al salir de un restaurante de la ciudad de México Foto: Marco Peláez
En una llamada telefónica grabada accidentalmente, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, habría imputado al ex presidente Carlos Salinas de Gortari el “robo” de “la mitad de la cuenta (partida) secreta”, de acuerdo con el testimonio de la escritora Diana Isabel Pando y la grabación que hizo pública ayer la periodista Carmen Aristegui en el noticiero radiofónico que conduce.
Esta información se conoce a casi dos semanas de la separación del cargo de la subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Purificación Carpinteyro, con quien Téllez tuvo reiteradas fricciones, y después de que trascendió que habría un número indeterminado de conversaciones del funcionario, también grabadas.
Ayer Diana Pando, mujer con la que Téllez mantuvo una cercana relación, mencionó en la entrevista con Aristegui que en noviembre de 2006 el titular de Comunicaciones y Transportes vacacionaba en Cancún con su esposa y una pareja de amigos, cuando éste se comunicó al teléfono celular de Pando, el cual estaba apagado.
Por error, insistió Pando, el teléfono de Téllez Kuenzler se mantuvo abierto y fue así como quedó grabada la conversación en el celular de la escritora. Posteriormente, Pando hizo del conocimiento del funcionario el contenido de la grabación, quien en distintos tonos, incluido el intercambio de correos electrónicos, le pidió que la borrara, aunque nunca negó el contenido de la misma.
Narra Pando que también buscó telefónicamente al ex presidente Carlos Salinas de Gortari en su residencia de Londres, quien luego de conocer el contenido de la grabación ofreció llamarla al día siguiente.
La llamada que recibió no fue la del ex presidente, comenta Pando, sino de otra persona que se identificó como Ricardo Larios, quien dijo hablar en nombre del “licenciado” y que, de acuerdo con el testimonio de la escritora, la amenazó: “Si usted difunde la información que dice tener, no va a vivir para escribirla.”
A continuación, se transcribe un fragmento de ese diálogo, reproducido por MVS Radio, de una mujer no identificada y presuntamente de Luis Téllez.
Mujer (M): Y, ¿dónde vive finalmente Ana Paula (Gerard, esposa de Carlos Salinas)?
Luis Téllez (LT): Londres.
M: ¿En Londres? Y ya de plano no puede regresar o ya ni quiere regresar.
LT: Ana Paula no quiere regresar. Sabes qué, trae un rollo… se hizo…
M: Paranoia…
LT: Se hizo muy amiga de la esposa de José Ramón López Portillo y traen el rollo de que el país no les agradece lo que hicieron por él.
M: ¡Ay, qué horror!
LT: Y entonces… Ana Paula ya trae ese rollo también y, bueno, en el caso de Salinas se robó la mitad de la cuenta secreta; sí hizo muchas cosas.
Se escucha la voz de un hombre no identificado: López Portillo destroncó al país.
LT: Salinas al final también.
Antiobrera, la propuesta de reforma laboral
La propuesta de reforma laboral presentada en días pasados por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, establece cambios fundamentales a la Ley Federal del Trabajo (LFT), como son: el pago de salario “por hora”; nuevas modalidades de contratación de empleados, pactadas “por temporada” o “por capacitación”; que los emplazamientos a huelga se presenten junto con la “lista” de trabajadores que la piden, y ésta, además, sea certificada por las autoridades; y que el pago de salarios caídos sólo sea “por seis meses”, aun cuando los conflictos se prolonguen por años.
En la propuesta del gobierno federal también se plantean cambios para que los trabajadores puedan laborar en forma “discontinua” en una misma empresa, y puedan prestar sus servicios unos días a la semana, al mes o por periodos cortos durante todo el año y como sean requeridos por las empresas, según cambio que se pretende hacer al artículo 39 de la LFT.
Según el documento que entregó el secretario en la Cámara de Diputados el lunes pasado, se propone modificar además el artículo 48, para que en los conflictos laborales donde los trabajadores demandan a sus patrones, el pago de los “salarios caídos” sólo sea por seis meses. Es decir, aun cuando los conflictos se prolonguen por años –como es común en México, según los actuales sistemas de conciliación–, el patrón no estaría obligado a pagar más que medio año de salarios atrasados.
Pago por hora
En el artículo 83, que se refiere al pago de salarios, se propone introducir una modificación para que “tratándose de salario por unidad de tiempo, el trabajador y el patrón podrán convenir el pago por cada hora de prestación del servicio, siempre y cuando no exceda la jornada máxima legal establecida en esta ley”, es decir, ocho horas.
En lo que respecta al artículo 39, se plantean cambios a fin de que en la relación laboral se prorroguen los contratos, siempre y cuando los patrones no cambien de actividad el negocio.
En materia de huelgas, en el artículo 920 se señala que para que las organizaciones puedan emplazar, tendrán que dar una lista con los nombres de los trabajadores que apoyen esa medida e incluso esta lista tendría que ser avalada por la autoridad laboral. También en lo que se refiere a demandas por titularidad, los sindicatos tendrán que dar los nombres de todos aquellos que quieran cambiar de organización y también esta lista tendría que ser certificada por las autoridades, según las cambios que se buscan para el artículo 899 de la ley.
En cuanto a la transparencia de los sindicatos la pretensión de que todos registren sus contratos quedará en que estos gremios tendrán que presentar “índices actualizados”, según se establece para el artículo 424 bis; no desaparece la “cláusula de exclusión” prevista en el artículo 395; cambia la teoría de las cargas probatorias, para que ya no sea a través de recibo de nómina como se compruebe la relación laboral sino de otros medios. También cambian las reglas de emplazamiento por violaciones contractuales, con mayores requisitos, e incluso las juntas de conciliación y arbitraje podrán interpretar los estatutos para determinar si el sindicato incumple con estos reglamentos.
Guerra sucia y florida · Rocha
■ Uno a uno “desestimó asesinatos, golpizas, torturas y violaciones”
El ministro Aguirre, pozolero de la justicia: epitafio de atenquenses
■ Satisfechos, asesores de Peña Nieto; miembros del FPDT, a la calle
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Protesta de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, al término de la sesión de la Corte Foto: José Antonio López
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, declaró ayer a mediodía, con un gran gesto, el fin de la sesión del pleno: cuatro días, poco más de 20 horas de debates jurisconsultos que concluyeron que, si bien hubo “violaciones graves a las garantías individuales” en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, ningún funcionario de alto o medido nivel, ni del estado de México ni del gobierno federal, fue responsable de estos hechos que provocaron la muerte de dos jóvenes, agresiones sexuales de policías contra una treintena de mujeres arrestadas, centenares de detenciones arbitrarias y torturas.
En los asientos de las primeras filas del recinto de plenos se ponen de pie seis hombres bien trajeados, muy sonrientes. Vienen del área jurídica del gobernador Enrique Peña Nieto.
En las últimas filas, los representantes de las víctimas tardan en asimilar el trago amargo. Sólo unos segundos. De pronto, irrumpen sus gritos indignados: “¡Ministros, corruptos, asesinan la justicia!”, “¡Peña Nieto ordenó y ejecutó la represión!” Una de las mujeres saca la manta de su bolso. Un agente de seguridad intenta arrebatársela. Trinidad del Valle –esposa del dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), sentenciado a 112 años de cárcel– detiene con fuerza el brazo del oficial: “¡Déjala!” Y los atenquenses despliegan sus mantas, gritan hasta desgañitarse, bajan la escalinata de la Corte en una pequeña marcha indignada y se desahogan dos horas más en la explanada. Total, ya nadie los escucha.
Tres años de investigaciones de la SCJN sobre los hechos de Atenco, contenidas en las 900 cuartillas del dictamen del ministro José de Jesús Gudiño, se habían ido diluyendo, en particular cada vez que tomaba la palabra el ministro Sergio Aguirre Anguiano. El documento, con descripciones que resultaban tan dolorosas que el ministro Genaro Góngora confesó que con frecuencia tenía que detener su lectura, a nadie más le quitaría el sueño. Se había convertido ya en papel mojado.
¿Violaciones graves en Atenco? Aguirre, juez de militancia panista, emitió el único voto negativo. ¿Determinar cuáles policías, de los que llevaban armas calibre 38 mm, dispararon contra el adolescente Javier Cortés? Inaceptable para Aguirre. “La bala pudo haber salido del arsenal de los atacantes subversivos.”
¿Fincar responsabilidades por la muerte del joven Alexis Benhumea entre los agentes que dispararon gases lacrimógenos a corta distancia? Tronaba el magistrado bajo su toga: “¿Cómo se puede atribuir a la policía la muerte de ese muchacho? ¡Qué barbaridad!”
¿Dar crédito a la palabra de las mujeres que rindieron testimonio de agresiones sexuales y violaciones tumultuarias por agentes de seguridad pública mexiquenses durante su traslado al penal de Santiaguito?
Aguirre arremete contra testimonios de las víctimas, que ya están bajo la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Con soltura, declaran algunas señoras que fueron objeto material de diversos manipuleos atentatorios a su libertad sexual. Pero resulta que todos los dictámenes médicos no nos conducen a eso. Incluso hay filmaciones muy dramáticas de una señora, de perfil, mostrando una gran cantidad de hematomas en su anatomía. ¿Y quien nos dice que éstos no se produjeron en la contienda?”
A los ojos de los manifestantes que desde el lunes se mantienen en plantón ante la gran puerta de bronce de la Suprema Corte, cerrada y resguardada por la policía antimotines, el abogado se ha ganado su epitafio en un féretro de cartón. “El magistrado Aguirre se quemó las pestañas estudiando para convertirse en el pozolero de la justicia.”
Distantes están ya las palabras del ministro Góngora, solitarias en su representación de las víctimas: “Atenco –había dicho– fue un acto de venganza. Es verdaderamente terrible que los ciudadanos estemos a expensas del ánimo de desquite de los policías y los gobernantes.”
Inútil su esfuerzo. Fue la ministra Margarita Luna quien colocó el último clavo de la impunidad, cuando deslindó de toda responsabilidad, citándolos por nombre y apellido, al actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, ex secretario de Seguridad Pública; al gobernador Peña Nieto; al ex comisionado de la policía estatal en esas fechas, Wilfredo Robledo Madrid, a Miguel Ángel Yunes, ex delegado del Cisen, y a Ardelio Vargas, de la Policía Federal Preventiva, entre otros.
■ Se consumó el carpetazo del máximo tribunal sin que altos funcionarios sean molestados
Ampliar investigaciones, penoso colofón de la Corte sobre Atenco
■ Sólo se emitirán “lineamientos y consideraciones” a las autoridades correspondientes
■ Exhortan ministros a aprobar leyes y reglamentos que normen el uso de la fuerza pública
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Pobladores de San Salvador Atenco manifestaron su inconformidad y fueron desalojados Foto: José Antonio López
Una vez que exoneró (por ocho votos contra tres) al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; al actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y a los altos mandos policiacos federales y estatales de la violación grave de garantías ocurrida en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminó por emitir “lineamientos y consideraciones” a las instancias correspondientes para que amplíen las investigaciones sobre abuso de autoridad y agresiones sexuales.
También quedaron libres de culpa los mandos que planearon el operativo, Ardelio Vargas Fosado, entonces coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo, y el almirante Wilfrido Robledo Madrid, quien dirigía la Agencia Estatal de Seguridad, así como otros funcionarios de alto nivel que elaboraron la estrategia de las acciones en Atenco.
Así, sólo los policías ejecutores de las lesiones y agresiones sexuales, sus jefes inmediatos y comandantes sectoriales fueron señalados como los responsables de violar los derechos humanos.
Los ministros exhortaron a los congresos y ejecutivos, federal y de las entidades del país, a aprobar leyes, reglamentos y protocolos para normar el uso de la fuerza pública, además de proponerles que adopten medidas administrativas y políticas públicas para hacer más aficientes y profesionales los cuerpos policiacos.
En el catálogo de buenas intenciones, los juzgadores reconocieron que las víctimas tienen derecho a obtener la reparación del daño por parte del Estado mexicano, pero no precisaron la forma de lograrlo, como tampoco convocaron abiertamente al gobierno a asumir dicha responsabilidad.
A diferencia de las anteriores sesiones, la de ayer fue muy atropellada y apresurada; en sólo tres horas se votaron los puntos pendientes e incluso en temas en los que no había total claridad se acordó que las diferencias fueran subsanadas por el ministro instructor, cuando elabore el documento definitivo de la decisión.
Al dar por finalizado el asunto, el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia resaltó la importancia de la resolución para el país y aclaró que ésta será entregada a los congresos federal y estatales, al gobierno del estado de México, a las procuradurías General de la República y de los estados, entre otras autoridades; la Corte busca con ello que el uso de la fuerza pública tenga un fundamento que la legitime, que la sociedad cuente con los “límites y referentes” que garantizan su protección en contra de abusos y excesos, “que bajo ninguna circunstancia son admisibles”.
Ante la comisión de ciudadanos de San Salvador Atenco, encabezada por Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle (líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, FPDT, quien se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano), lo mismo que secretarios y funcionarios que colmaron el salón de sesiones, impidiendo así el acceso a los medios de comunicación, Ortiz Mayagoitia subrayó que el trabajo desarrollado por la Corte “no tiene por objeto desalentar el uso de la fuerza pública so pretexto de temores de quienes deban tomar esas difíciles decisiones”.
Al conocerse el fallo, la indignación de los representantes del FPDT presentes en el salón estalló. El tono de voz comenzó a subir en la medida que eran desalojados por el personal de seguridad, que los copó de inmediato. Gritos de “¡ministros corruptos, asesinan la justicia!”, “¡estamos de pie, no nos han vencido!”, “¡Atenco vive, la lucha sigue!” y “libertad a los presos!”, retumbaban en los pasillos. Su demanda de justicia no había sido escuchada en el máximo tribunal.
Al inicio de la sesión, Salvador Aguirre Anguiano, Sergio Valls, Margarita Luna, Fernando Franco, Olga Sánchez Cordero, Mariano Azuela, José Ramón Cossío y Ortiz Mayagoitia determinaron que no había elementos para inculpar a ningún alto funcionario ni a los jefes policiacos. En todo caso, señalaron que hubo agentes que violaron la ley, y que éstos tenían que responder por sus hechos de manera individual, mientras que sus superiores directos fueron señalados por permitir los abusos.
Esta misma mayoría se opuso al informe de Gudiño que enumeraba a todos los funcionarios involucrados –desde Peña Nieto hasta los policías que pudieron ser identificados–, pero que no fincaba responsabilidades; en cambio, consideraron que era mejor señalar con nombre y cargo a los que violaron garantías, aunque fueran policías y mandos operativos únicamente.
Genaro David Góngora, Juan N. Silva Meza y José de Jesús Gudiño Pelayo dijeron que, en todo caso, todos los funcionarios involucrados tenían un grado de responsabilidad. El más directo fue Góngora, quien censuró que ni Peña Nieto ni Medina Mora, como máximos responsables, tomaran las medidas correctivas para frenar los abusos.
“Era muy sencillo advertir los excesos que se estaban cometiendo, bastaba con prender la televisión para ver las imágenes”. Agregó que tampoco investigaron cabalmente las denuncias de abuso de autoridad ni las agresiones sexuales a 31 mujeres que fueron detenidas.
Cuando se leían los resolutivos, Góngora reflexionó en voz alta: “El hoy procurador debe seguir investigando los hechos de sus subordinados cuando fue secretario de Seguridad Pública federal. Hacer investigaciones a estas alturas parece casi imposible; el dios Cronos, junto con otras personas y otros factores, han dispersado las evidencias, pero en fin, eso ya será problema del procurador”, ironizó.
Noticia · Helguera
Astillero
■ Y de pronto...
■ Revelaciones despechadas
■ Pleito de poderes
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EN XICOTÉNCATL. Los legisladores Pablo Gómez, del PRD, y José González Morfín, del PAN, ayer en la sesión ordinaria del Senado Foto: Carlos Ramos Mamahua
Durante más de año y medio, Diana Isabel Pando buscó difundir la grabación dejada involuntariamente en un teléfono celular por Luis Téllez, en la que menciona que Carlos Salinas de Gortari se había robado “la cuenta secreta” y le había hecho mucho daño al país. Involucrada sentimentalmente en una relación de Internet con quien entonces era directivo del Grupo Carlyle, Pando buscó desde finales de 2007 a periodistas de la ciudad de México para darles a conocer el audio de los comentarios acusadores y algunas copias de los correos electrónicos que con sabor azucarado se habían cruzado ella y su coqueto amigo a distancia. La relación epistolar cibernética está llena de detalles que pintan de cuerpo entero la vida agitada de un tecnócrata lleno de compromisos importantes pero con tiempo para las frivolidades mundanas. Redactada entre inglés y español, la correspondencia lo mismo incluía un cuestionario que Pando enviaba bajo el título de “99 things that make me HAPPY (deliriously) HAPPY...!!!” y que Téllez contestaba renglón tras renglón para contrastar sus gustos con los de su interlocutora, todo en inglés, que referencias de citas y viajes por realizar. Lo esencial de ese material de escándalo también fue hecho llegar a personajes del círculo cercano a Andrés Manuel López Obrador en el tercer trimestre de 2007. Empeñada en demostrar su relación de intimidad con el ahora funcionario, la denunciante llegó a aportar confidencias en las que involucraba a profesionistas egresados del ITAM, a mujeres “de sociedad” de la capital del país e incluso a alguna periodista supuestamente recomendada por Téllez para que escribiera en el suplemento político de un colorido diario capitalino.
Pero nunca tomó carácter público la grabación en que Téllez acusa de ladrón a Salinas sino hasta ayer, cuando Carmen Aristegui la dio a conocer en el noticiario que conduce en una estación radiofónica de MVS, causando un revuelo que desplazó de la atención pública el duelo de poderes entre el presidente formal del país y el dueño real de buena parte de ese mismo país y que, en los tableros específicos del enfrentamiento que se ha dado entre esos personajes de elite, significó un golpe seco a favor de Carlos Slim y un impensado enredo para el gabinete calderonista emberrinchado. Así como Marcial Maciel ha caído de los altares legionarios por mantener relaciones heterosexuales y no por la ampliamente documentada comisión de pederastia contra algunos de sus presuntos hijos espirituales, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes ha entrado en el torbellino informativo por lo que dijo en una comida familiar en Cancún respecto a las raterías de quien había sido su jefe administrativo y político.
Por lo pronto, el alto funcionario felipista ha salido ante los medios para aceptar que son ciertas las palabras grabadas en 2006, aunque reconoce no tener pruebas ni base para sostenerlas en público años después. El episodio ha generado de inmediato la exigencia de que Téllez renuncie a su cargo y que se dé seguimiento judicial a esas palabras que lo clasificarían como cómplice al haber conocido de ese saqueo a la nación y no haberlo denunciado oportunamente (todo lo cual es simple ruido de temporada, pues no es comprobable lo que la voz popular asume como verdad pero jurídicamente es indemostrable, en cuanto a que Salinas se hubiera embolsado esas partidas expresamente escamoteadas a cualquier forma de supervisión; así, al no haber indicios firmes de ese delito, tampoco habría complicidad y, si algo se pudiera intentar, seguramente las eventuales faltas habrían prescrito. Pero se está en tiempos electorales y, más concretamente, del gran duelo de poder entre el felipismo dizque contrario a los monopolios y la firma priístamente expansiva de Carlos&Charlie).
En ese encuadre, la renuncia del tecnócrata Téllez significaría una victoria para el bando de los Carlos, Slim y Salinas, que desde flancos distintos concurren en el torpedeo al titular de la SCT. Para el empresario non se abrirían posibilidades de negociación sobre temas atorados actualmente, en especial los relacionados con operaciones telefónicas en las que el calderonismo quiere montar a competidores de la empresa dominante sobre las redes de ésta y, el motivo central de las riñas recientes, la autorización para que el gran consorcio carlista pueda sacrificarse prestando servicio de televisión. El ex presidente (se habla de Salinas, no de Calderón, que es una especie de ex pero en pálidas funciones) se estaría cobrando los tocamientos políticos de pierna que en público se propinaron Calderón y Zedillo y de los cuales se dedujo que ciertos personajes relacionados con el (formalmente) priísta estarían más firmes que nunca, sobre todo el mencionado Téllez, sobre el que ya se venía la tormenta de la renuncia de la subsecretaria Purificación Carpinteyro y el amago de que ella daría a conocer una serie de irregularidades graves cometidas por el mencionado Luis Carlyle. Aunque una primera lectura sugiera lo contrario, para Salinas sería una gran ganancia, por encima del chacoteo sobre sus pillerías con la partida presidencial secreta, el reconducir al Niño Perdido de Los Pinos hacia el regazo experto y estabilizador del C2 (C&C) y alejarlo de las nefastas influencias del Zedillo motero. Con la vista puesta en 2012, todo se vale.
Y, mientras el país sigue hundiéndose, con jóvenes en las calles regiomontanas protestando contra los abusos militares, con la administración Obama emitiendo sus primeras expresiones de preocupación por la violencia contigua, con los panistas tomando la tribuna de San Lázaro para oponerse a una medida buscada por Calderón, con el IFE anunciando que castigará a los felinos retadores quitándoles unos cuantos pelos de a millón de pesos, y con la violencia criminal y la devaluación avanzando, ¡feliz fin de semana!
Suprema Corte · El Fisgón
La devaluación
Felipe Calderón no tiene el consenso nacional para seguir en la presidencia de México, aun sea de facto, imponiendo políticas antinacionales y antipopulares, y el riesgo de que se le mantenga en el cargo es muy grande para el país, como hace ver de nuevo el caso Slim.
1. La intransigencia del gobierno, encabezado formalmente por Calderón, ante los señalamientos de que sus políticas económica, social y en materia de seguridad están llevando a un desastre institucional y de que no tiene mucho menos una respuesta ante la crisis financiera y económica internacional, no han hecho otra cosa que evidenciar la inviabilidad del gobierno de la ultraderecha, que se ha erigido como el mayor obstáculo para que México pueda salir adelante en estos inicios del siglo XXI.
2. Al análisis de la situación nacional hecho por Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo el domingo 25 de enero ante más de 300 mil integrantes del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, de la Soberanía Nacional y de la Economía Popular, en el que éste delineó un programa de emergencia para el rescate de la economía popular, el gobernante espurio replicó airado dos días después denostando como “catastrofistas” todas las críticas adversas, y desde entonces se instauró en los medios una amplia campaña de descalificación de toda opinión divergente, pero esto no ha sido todo, pues muy pronto, dando muestras de un evidente desvarío, Calderón mismo se ha lanzado contra las advertencias provenientes de diversos sectores de la derecha oficial.
3. Ante las múltiples advertencias de Guillermo Ortiz (gobernador del Banco de México) sobre las políticas hacendarias erradas y el hecho de que México se halla ya en recesión, como enfatizó el 27 de enero, desde Hacienda se le replicó con violencia que esto era falso y que México era un caso extraordinario de bonanza, sin poder explicar Agustín Carstens, titular de Hacienda –que en los hechos es un empleadito del FMI, organismo del que recibe órdenes que por las noches le transmite y explica a Calderón– la gravedad de una situación que ha implicado una devaluación del peso de más de 30 por ciento en lo que va del sexenio, el cese de cientos de miles de trabajadores de noviembre a enero y una creciente inflación, en medio de un clima de desastre institucional en el que para justificar sus políticas en materia “de seguridad” el gobierno espurio está incurriendo en una creciente violación de los derechos humanos.
4. La situación crítica que vive México, y que es ya de catástrofe para millones de mexicanos, les parezca o no a Calderón y a los panistas reconocerlo, es consecuencia de la aplicación aberrante en México durante más de 25 años del modelo neoliberal que el obcecado Calderón se empecina en profundizar, y de sus consecuencias: el apoderamiento del aparato estatal por un puñado de traficantes de influencias, el desmantelamiento del Estado nacional y la entrega de los recursos estratégicos del país a las trasnacionales, de manera que la crisis financiera de Estados Unidos y del mundo occidental estallada a finales de 2008, y que en la demagogia blanquiazul se busca hacer pasar como el origen de todos los males del país, sólo sería un factor de agravación de la situación.
5. El gobierno calderonista aparece, en consecuencia, en este gravísimo escenario no sólo como poseído de un fanatismo neoliberal, pues pretende proseguir la aplicación de los programas neoliberales que constituyen una verdadera guerra contra el pueblo, sino, además, lo que es igualmente grave, como integrado por ineptos incapaces de afrontar la situación y que en vez de adoptar medidas serias para reorientar las políticas oficiales del Estado han insistido, a la manera priísta, en imponer pactos sociales para simular un consenso que no existe y en torno a medidas que son una engañifa, y así después del suscrito el 8 de octubre, se firmó otro el 6 de enero y el 11 de febrero se anuncia un nuevo plan.
6. El principal obstáculo para que México pueda superar esta situación crítica lo constituye por consiguiente Calderón, que impuesto en la silla presidencial por un puñado de grupos empresariales contra la mayoría nacional, no sólo tiene una creciente oposición popular, sino que ha perdido apoyos señalados de la derecha, desde donde muchos lo identifican como el responsable del desastre, sin que éste pueda reaccionar, pues sólo acierta a refugiarse con sus dos principales apoyos: la jerarquía católica y Televisa, a quienes ha demandado su apoyo incondicional para las legislativas.
7. Las imágenes de las televisoras, que constituyen para el gobierno espurio del PAN un apoyo clave, se han revertido, sin embargo, en estos días sin proponérselo contra quienes pretenden gobernar, pues muestran invariablemente todos los días a un Calderón descompuesto, no sólo por los excesos de la víspera, sino por la realidad de su administración que no acierta más que a reiterar un discurso cada vez más apartado de la realidad y en el que no hay más que un insistente llamado, como en los gobiernos fascistoides, a “la unidad nacional”, y una violenta descalificación para quienes no lo respaldan.
8. El señalamiento hecho por el empresario Carlos Slim el lunes 9 en el foro “México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer?”, organizado por el Congreso, en el sentido de que las actuales políticas del gobierno no pueden conducir más que a un mayor desastre, con un desplome del PIB, la quiebra de empresas y un mayor desempleo, y de que es urgente reorientar las políticas oficiales adoptando México en lo sucesivo sus propias decisiones luego de “26 años de fracaso”, para dar prioridad en lo sucesivo al empleo, al salario y al ingreso familiar, suscitaron, como era de suponer, la cólera desmedida de Felipe y de sus cuates que reaccionaron con toda la violencia del Estado evidenciando, una vez más, la inviabilidad del gobierno actual.
9. La furiosa reacción de Felipe Calderón y de sus allegados ante las críticas del ingeniero Slim a su gobierno, desatando contra él una campaña desmedida en los medios, no sorprenden, sin embargo, y sólo ejemplifican el estado de descomposición personal de quien se halla en la silla presidencial y la urgencia de una respuesta institucional de fondo ante lo que acontece.
10. La cuestión central es que millones de mexicanos no están dispuestos a apoyar a Calderón, a su gobierno y a sus políticas, pues resulta claro que está actuando abiertamente al servicio de unos cuantos y en contra de los intereses del pueblo de México.
