Hace un llamado a seguir esta lucha por la vía electoral y no caer en provocaciones
Denuncia la ex candidata que el TEPJF retuvo identificaciones de seguidores y las entregó a la PGR
Empleados de la delegación limpiaron calles de propaganda del Partido del Trabajo
Iztapalapa se convirtió en el laboratorio de la democracia en México
, en el que se dirimirá un asunto fundamental para la nación: si se permite que un reducido grupo oligárquico se convierta en el gran elector
o se lucha para evitar ese agravio a la nación y a la democracia, sostuvo Andrés Manuel López Obrador.
Al recorrer por cuarto día consecutivo esta demarcación, el ex candidato presidencial consideró que ante la gravedad de ese asunto es que optó por suspender sus recorridos por distintos puntos de la República, para centrarse en la pelea de Clara Brugada en contra del despojo
que sufrió a manos de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En su encuentro con los miles de iztapalapenses que más allá de arredrarse con la lluvia de ayer abarrotaron las plazas, colonias y barrios de esta demarcación a lo largo del día, López Obrador consideró que no es sólo el asunto de haberle quitado la candidatura delegacional a Brugada, sino que se trata de un agravio a la población y a la democracia.
De no frenar esa “embestida antidemocrática –dijo–, estaremos permitiendo que la mafia, ese grupo de 30 empresarios de enorme poder político y económico, será la que decida, mediante sus empleados, los magistrados del tribunal federal electoral, quiénes son los candidatos a munícipes, gobernadores y hasta el presidente de la República en 2012, que sería un personaje a su modo y conveniencia”, por eso llamó a no abandonar esta lucha.
En su recorrido de más de 14 horas por Iztapalapa, López Obrador fustigó la actitud de Televisa, la cual no ha cesado la guerra sucia
en su contra desde el momento en que llamó a no permitir la injusticia cometida contra Brugada, por lo que detalló que esta mañana acudirá a las oficinas de esa televisora a demandar que se le dé derecho de réplica
.
Otro de los temas centrales en los que centraron sus discursos tanto el tabasqueño como Clara Brugada y los candidatos a diputados locales y federales de PRD y PT fue insistir a los habitantes de esta demarcación en tener bien clara la estrategia del voto diferenciado, para echar atrás la imposición de Silvia Oliva, y derrotar así la política derechista
que ha impulsado el grupo encabezado por Jesús Ortega y René Arce. Es decir, votar para delegado por el PT y para diputados por los abanderados perredistas.
En San Juan Xalpa, Brugada acusó a funcionarios de Iztapalapa de retirar la propaganda que en los últimos dos días colocaron para promover la candidatura de Rafael Acosta, Juanito, a delegado de esta jurisdicción, por lo que analizarán cómo se procederá en ese caso, que es una muestra del temor que tiene la gente de Nueva Izquierda de perder los comicios del 5 de julio.
Entre este punto y el pueblo de San Lorenzo, la ex titular de la Procuraduría Social denunció, además, que la Procuraduría General de la República (PGR) habría iniciado ya una averiguación previa en contra de al menos 30 colaboradores y simpatizantes, quienes protestaron durante la sesión del TEPJF del 12 de junio pasado, en la que los magistrados resolvieron imponer
a Silvia Oliva.
Mencionó que ese día ya no les fueron devueltas las credenciales de elector a esa treintena de personas, señaladas como las responsables de haber participado, de una u otra forma, en el desorden ocurrido en el salón de plenos de ese tribunal, y que obligó a suspender momentáneamente sus trabajos.
En la unidad habitacional Solidaridad, un automóvil que iba tras el convoy del ex candidato presidencial se lanzó contra cinco personas, las cuales al sentirse arrolladas intentaron agredir al conductor, quien sacó un arma de fuego y las amagó. Los equipos de López Obrador y Brugada aseguraron que esa persona no pertenece a ellos.
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Astillero
Partido del Voto Nulo
Ganancias de la teledictadura
Los empresarios Chuchos
l voto en blanco, o nulo, ya va camino a las arcas políticas del calderonismo desesperado y la teledictadura que le da soporte. Así como el empresario Martí permitió que su desgracia familiar acabara socialmente en la nada (una multitudinaria marcha de blanco que en el caminar quedó) y políticamente en un servicio al felipismo que organizó reuniones palaciegas para aparentar que se comprometía a resolver lo que finalmente dejó en palabrería y acuerdos
chafas, ahora se ha prestado para promover una campaña de firma de compromisos
ante notario público que haría a los candidatos a diputados cumplir sus ofertas (¡Oh, sí: magna solución histórica a los problemas nacionales: firmar ante notario, jua, jua!), sobre todo la que interesa a las potencias electrónicas que forman el comando conjunto nacional, Televisa y Televisión Azteca, en el sentido de dar marcha atrás a los impedimentos legales al enorme negocio de la publicidad electoral facturada por los partidos ante los reyes de las pantallas (las demás promesas
notariadas podrán ser olvidadas, pero el duopolio exigirá a los ahora firmantes de la trampa Martí que le cumplan en cuanto a la reivindicación de sus intereses de propaganda política facturable). Por otro lado, varios de los perpetuos organizadores de siglas en busca de financiamiento público a título de asociaciones políticas o partidos efímeros, o buscadores de candidaturas ciudadanas
de oportunidad, buscan la forma de convertir el peculiar capital político del hartazgo cívico en una recurrente forma de organización política tradicional, una especie de Partido del Voto Nulo o Asociación Política Nacional de los Ciudadanos Hartos (la misma gata, pero anulada).
La teledictadura mantiene, por otro lado, una campaña de exclusión y escarnio contra el dirigente del único movimiento verdadero de oposición a la catástrofe calde- ronista (catástrofe que al mismo tiempo es fuente de infinitas ganancias para esos dictadores electrónicos). Andrés Manuel López Obrador tiene cerradas las puertas informativas de Televisa para precisar sus posturas políticas, pero, al mismo tiempo, en un doble rasero hipócrita, se le analiza
y critica
en facciosos términos editorializados (un ejemplo claro de esos ejercicios de simulación crítica se da semanalmente en el programa cuyo título es Tercer grado). La legítima lucha de oposición es diariamente agredida, mediante el silenciamiento y la simulación, por el poder televisivo bicéfalo que calla con absoluto cinismo lo que no desea que se conozca (como las acusaciones de De la Madrid contra Salinas, o la relación familiar de los Zavala con los Gómez del Campo de la guardería sonorense) y deforma y acomoda a sus intereses lo que cree que daña o desgasta a quienes pacíficamente luchan contra los poderes mafiosos.
Astillas
La jugada estaba más que cantada, de tal manera que la caja registradora de Los Chuchos puede dar la operación por finiquitada: en Campeche, donde se mueven millonadas para hacer gobernador del estado a un subordinado de la familia Mouriño, la Nueva Izquierda empujó a un cuñado de Carlos Mouriño Terrazo para que fuera candidato fársico del PRD contra el panista Mario Ávila Lizárraga, el empleado de piso que los herederos del ex secretario de Gobernación quieren en palacio de gobierno para que les apruebe los múltiples planes comerciales ventajosos que ya tienen apalabrados, sobre todo con sus paisanos españoles. El sabidamente cómodo cuñado acabó renunciando
a su presunta candidatura e invitando a todos los perredistas
para que apoyen al candidato panista de La Familia (Mouriño), maniobra que ya había sido anunciada días atrás por un dirigente priísta local. Panchito Brown, que tal es el nombre del presunto candidato de la izquierda comercializada, interrumpió
en su discurso al aspirante panista en una marcha supuestamente victoriosa pa-ra anunciar su declinación, se puso una camisa azul, y dijo que su nuevo chaquetazo fue muy difícil, pero ante Dios me siento orgulloso
. Por cierto, Carlos Mouriño Terrazo reapareció en actos públicos junto a su tutelado Ávila y su cuñado Brown, luego de unas vacaciones forzadas en España mientras Felipe I diluía el escándalo por la compra de espacio publicitario para el PAN con cargo a la Lotería Nacional, que en las oficinas del citado Mouriño había hecho el obviamente impune ex director de la Lotenal, Miguel Ángel Jiménez... En Querétaro, otra joya empresarial de la corona chucha tiró el arpa sin mayores consideraciones. Guillermo Félix Zavala, dedicado al negocio de las bicicletas en esa entidad (y creador del concepto de tiendas Bike Stop que hay en varias ciudades, entre ellas la de México), simplemente anunció ayer que declina en favor del candidato priísta a la presidencia municipal de Querétaro, Jaime Escobedo (Je) y de inmediato se puso una roja camiseta priísta. Félix en Querétaro, como Brown en Campeche, eran una orgullosa muestra de la manera en que la Nueva Izquierda, modosa y contenida, podría captar la buena voluntad de los empresarios. Ahora que Jesús Ortega y sus colaboradores han puesto en el tapete de la discusión el asunto de las traiciones, bien harían en agregar a la batería de casos dignos de análisis los de estas dos entidades vendidas a partidos opuestos
... Y, mientras la administración Calderón hace bien en negarse a que una francesa cumpla su condena en cárceles de su país (donde fácilmente podría ser puesta en libertad mediante argucias jurídicas), siempre y cuando esto no sea solamente una maniobra previa a las elecciones mexicanas que pueda ser echada atrás luego del 5 de julio mediante recursos de corte internacional a los que se estuvieran dando convenidas ventajas procesales para que la decisión acabe viniendo de fuera
, ¡hasta mañana, con la papa caliente declarativamente exprimida llamada en chino Zhenli Ye Gon, a la que el gobierno gringo sacó la sopa y luego, en pago porque coopeló, ha evitado darle cuello en Estados Unidos y, en todo caso, prepara su extradición a México!
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El problema es que desde hace muchos años los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y también del Partido del Trabajo (PT), se comportan ante temas centrales de la misma manera en que lo hacen el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). No ha sucedido así siempre ni en todos los asuntos, pero sí en varios temas medulares.
Lo han hecho no por descuido o ignorancia, sino como resultado de un cálculo político. Han aprobado leyes nefastas, a pesar de reiteradas advertencias de ciudadanos, grupos sociales y especialistas. Como no tienen que rendir cuentas a nadie, salvo a sus propios partidos o a sus patrocinadores, ignoran la opinión de sus votantes. Actúan con absoluta autonomía. Son incapaces de escuchar a la sociedad. Dan por descontada la fidelidad de sus simpatizantes a la hora de ir a las urnas.
Doy tres ejemplos, entre otros muchos, de este comportamiento: la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas; la ley Monsanto, y la reciente modificación al artículo tercero constitucional. No incluyo su aval a otras normas, como la famosa ley Televisa o el Seguro Popular.
La lucha por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas, protagonizada entre enero de 1994 y mayo de 2001, fue una de las más importantes movilizaciones populares conducidas por la izquierda en muchos años. Centenares de miles de personas tomaron las calles exigiendo la solución de las reivindicaciones de los pueblos indios. Esas jornadas de lucha modificaron la correlación de fuerzas en el país y permitieron obtener un triunfo cultural de primera magnitud: la reivindicación del mundo indio de inclusión en la sociedad nacional con respeto a su diferencia se convirtió en exigencia de un lugar para todos los excluidos.
Ajenos a esta movilización social, incapaces de capitalizarla en su favor, los senadores del PRD entablaron con Acción Nacional y el Revolucionario Institucional una negociación en frío
, subordinada a las reglas de las fracciones mayoritarias en la Cámara. Pusieron por delante el futuro de su grupo a los intereses de los pueblos indios. Al frente de ellos se encontraba Jesús Ortega.
Los senadores del PRD aprobaron una reforma que reconoce derechos que no se pueden ejercer. Su posición tuvo graves consecuencias. Los pueblos indios se quedaron sin sus derechos reconocidos. El proceso de paz en Chiapas se descarriló definitivamente. Entre una importante franja del movimiento social y la izquierda partidaria se abrió un foso insalvable.
El 14 de diciembre de 2004 la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Biodiversidad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), mejor conocida como ley Monsanto, con el voto a favor de muchos legisladores del PRD. La ley expresa los intereses de los monopolios de la industria biotecnológica. En lugar de cuidar las necesidades de los campesinos, de proteger el medio ambiente y de ver por la salud de los mexicanos, la norma permite la distribución y liberación al ambiente de organismos transgénicos con probables y severos riesgos para la soberanía alimentaria, la salud humana y la biodiversidad.
Muchas y muy autorizadas voces se levantaron en contra. Investigadores, académicos, campesinos, ecologistas alertaron sobre las negativas consecuencias de la reforma. Pero a los legisladores no parecieron importarles mucho las advertencias. En vez de escuchar esas voces, se plegaron a los intereses de las grandes compañías. A favor de esa ley votaron 319 legisladores, 105 lo hicieron en contra y 17 se abstuvieron; 31 diputados del PRD se sumaron a la reforma legal y cuatro se abstuvieron.
El 11 de diciembre de 2008, la Cámara de Diputados aprobó, obviando las dos lecturas reglamentarias y casi sin discusión, la reforma al artículo tercero constitucional. Todos los partidos la apoyaron. Votaron en favor 299 legisladores, cuatro en contra y 11 se abstuvieron.
Mientras miles de maestros protestan en todo el país en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), los diputados de todos los partidos acordaron reformar la Constitución para abrir la puerta a su legalización. Al tiempo que prolifera la resistencia ciudadana a la privatización de la educación pública, ellos legislan para que ésta camine más rápidamente.
La reforma otorga respaldo constitucional a la evaluación privada y comercial, volviendo legal lo que hasta ahora no está ni siquiera considerado en la Ley General de Educación, cediendo a grupos particulares el cuidado y la responsabilidad de la calidad de la educación. Precisamente lo que la ACE ha hecho, ante la indignación y el malestar de miles de profesores.
No es un asunto cualquiera. El artículo tercero es uno de los puntales de la Constitución, uno de los soportes centrales del pacto social. Su modificación requería un gran consenso nacional. No lo tuvo.
En todos estos casos, los legisladores que se reivindican de izquierda se sumaron a la derecha. ¿Por qué olvidarlo? Probablemente los tenga sin cuidado, pero, si saben contar, no cuenten con mi voto. Si no se les dice ahora que su conducta es inadmisible, ¿cuándo?
