Nada de desalojo pacífico; el ataque, con armas y gases
Mineros detenidos narran que los mantuvieron en el cerro hincados y amarrados
Calderón puso en marcha un régimen de terror
contra trabajadores: USW
Cananea, Son., 7 de junio. Manny Armenta lo miró con sus propios ojos: el desalojo de la mina de Cananea no fue pacífico, como dice la Secretaría de Gobernación. Yo fui de quienes propuso a la gente replegarse al edificio del sindicato; había mujeres, niños, muchos jóvenes. Hasta ahí fue la policía a echar gases lacrimógenos, y la gente se tuvo que salir por las ventanas.
En la funeraria cercana se suman otros testimonios. El muerto se quedó solo porque los deudos salieron con los ojos llorosos por los gases de la Policía Federal (PF). Mineros, lugareños y periodistas atesoran cual souvenirs los restos de la desigual batalla: casquillos de bala de distintos calibres, cilindros de gas lacrimógeno, bolas de metal lanzadas con quién sabe qué. En la calle que conduce a la entrada principal de la mina de Cananea los rastros de la batalla son piedras sobre el pavimento y dos vidrios rotos en una mueblería abandonada, cuya propiedad se atribuye a familiares del gobernador panista Guillermo Padrés, oriundo de este lugar.
Los testimonios de trabajadores de la minera Cananea coinciden con el de Manny. La toma de la mina se hizo no por las puertas custodiadas por los mineros, sino por la parte trasera de los gigantescos cerros mochos llenos de cobre. Las fuerzas federales contaron con apoyo estatal y municipal; aquí nadie se quejó de falta de coordinación entre niveles de gobierno, como ocurre en la lucha contra la delincuencia. Las tres fuerzas, pues, entraron por la parte atrás, por un rancho y un basurero, para consumar el fin de una huelga –ya establecido en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ilegal, según el sindicato minero– que ha costado mil 500 millones de dólares o el doble a los dueños de la minera, dependiendo del informe que se dé por bueno de los emitidos por el consorcio de Germán Larrea, el Grupo México.
Las pérdidas del también dueño de Pasta de Conchos son significativas, pero poco le dicen a los miles de canaenenses, que dependen indirectamente de la mina y que han padecido el cierre. O sí, porque larga como es la huelga es la campaña negra contra la sección 65 del sindicato minero y contra su secretario general en el exilio (dorado, ciertamente, en Canadá). Largas son las dádivas para dividir a los mineros y a los lugareños, con el resultado de una ciudad partida que este día escucha en taquerías y cafés, en los autos y todas las casas, el luminoso futuro que prometen el gobernador, el secretario del Trabajo, Javier Lozano (mentadas en la asamblea minera), y el director ejecutivo de Grupo México.
Para no ir más lejos, la región le debe a la larga huelga que el gobierno federal prometa, desde Hermosillo, cumplir el viejo sueño de carreteras de cuatro carriles entre esta ciudad, Imuris y Agua Prieta. La enorme lista de promesas hace tocar el cielo a los canaenenses, incluyendo a los mineros, a quienes les ofrecen liquidación y recontratación, que inmediatamente es rechazada: Queremos trabajar conforme al contrato colectivo
.
¿Ya ven? La clase obrera sí va al paraíso, siempre y cuando abandone la huelga.
La mentirilla de la toma pacífica
es un pecado menor. Como lo es que las autoridades digan que los agentes no portaban armas de fuego, aunque hay fotografias que muestran lo contrario. Como lo es la detención de cinco mineros, entregados a la custodia de autoridades municipales hasta el mediodía, 16 horas después de ser aprehendidos, sin cargos, sólo para investigación
, según le informan a René Saracco, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Es grave que los hayan tenido incomunicados y que además nos hayan negado tenerlos detenidos
. Tanto la PF como la policía ministerial del estado negaron tener detenidos, hasta que una funcionaria municipal permitió localizar a Luis Alberto Torres, Rodolfo Valdez Serrano, Luis Borbón Pérez, Marcelo Lara y Everardo Ochoa.
Los cinco mineros detenidos refieren a los funcionarios de derechos humanos, además, que los tuvieron varias horas en el cerro, hincados y amarrados con lazos. Todo, durante la toma pacífica y legal
del secretario Gómez Mont.
El gobierno mexicano miente
, dice el ciudadano estadunidense Manny Armenta, quien tiene dos cosas en común con los echados de la mina: también es minero y trabaja para el mismo patrón, el mexicano Germán Larrea, dueño de Asarco, empresa con minas en Arizona.
La organización de Armenta (United Steel Workers, USW) ha tenido presencia permanente en Cananea y esta mañana, apenas se confirman los datos del desalojo, Leo W. Gerard, presidente de USW internacional, declara: El presidente de México, Felipe Calderón, ha puesto en marcha un régimen de terror contra los trabajadores
.
La agrupación sindical hace un llamado al Congreso de Estados Unidos para detener la entrega de fondos a las fuerzas de seguridad mexicanas, puesto que pueden ser utilizados para atacar a los trabajadores que ejercen su libertad de asociación
.
Van a echar pedradas
Dos helicópteros que vuelan bajito dan la bienvenida a Cananea. Los cerros enormes, barquillos invertidos rebanados por un cuchillo gigante, hacen que la ciudad parezca una maqueta brillante. Las calles lucen más solitarias en tanto los visitantes se acercan más a la mina. Al mediodía los comercios y escuelas más cercanos están cerrados. Pero conforme se acerca la tarde comienzan a abrir.
“Ámonos, porque van a empezar a echar pedradas”, grita un niño y echa a correr. Pero nada pasa. No a esta hora de la tarde. Los gases volaron de madrugada, los tiros tronaron a la misma hora (dos heridos leves, dicen las autoridades). Un incendio no esclarecido (es decir, no se sabe qué bando lo inició) acabó con unas oficinas antiguas de la minera.
Más tarde, las fuerzas federales –2 mil policías contra 900 mineros en lucha– la emprendieron contra el local de la sección 65 del sindicato minero, para desalentar, dicen los dirigentes, cualquier intento de reorganización o una aventura de retoma. Los policías lanzan gases contra la puerta donde cuelga una manta enviada por los padres de los niños muertos en el incendio de la guardería ABC, que dice: Los agresores de los mineros son los asesinos de nuestros hijos
.
A eso de las 10 hay un agarrón de mineros contra policías. La presencia de los agentes federales en las calles de la ciudad es vista como una afrenta. Después de gases de un lado y pedradas del otro, los federales se replegaron a la mina. Que se queden allá, al fin que ya la tienen
, dice un trabajador.
Ya la tienen, y con ella Grupo México se enfilará, con su filial Asarco en Estados Unidos, a volver a la competencia contra la principal productora de cobre del mundo, la chilena Codelco.
El sindicato minero lanza un comunicado mañanero en el que hace responsable al gobierno de Felipe Calderón de los resultados de violencia y sangre que se puedan presentar en adelante
. También exige de manera terminante que este gobierno dé marcha atrás en esta invasión militar e ilegal de la mina de Cananea, meta al orden a Grupo México y lo obligue a negociar una solución pacífica del conflicto
.
Pero más allá de esas fórmulas no se ve muy claro cómo responderán los mineros al descontón. A media tarde, el comité de huelga sostiene una videoconferencia con el comité nacional del gremio. Abundan los reproches y las denuncias no documentadas: Uno de los detenidos informa que hay dos muertos adentro
. ¿Y para cuándo el paro nacional? ¡Desde que empezamos están con eso y nada!
, le llueve a Sergio Beltrán y otros dirigentes nacionales.
Jesús Verduzco, presidente del comité de huelga, nomás resopla con las informaciones de muertos, de ambulancias que salen con algo
envuelto en sábana: Son meras suposiciones
.
A falta de otra estrategia, ocultos los principales líderes (Sergio Tolano, secretario general, y Juan Gutiérrez, delegado del comité nacional) por los rumores de órdenes de aprehensión en su contra, unos centenares de trabajadores marchan al palacio municipal, en busca de sus detenidos.
A los pocos minutos llegan 100 elementos antimotines, estatales y municipales, que amagan con sus toletes. Hay insultos a granel y ratos tensos que se rompen cuando una aguerrida mujer descubre que un policía porta su escudo al revés: ¡Pendejo, ni sabes lo que haces, ni sabes leer!
A la risotada sigue la información del sitio donde tienen a los cinco detenidos.
Los trabajadores acuden a la oficina del Ministerio Público, donde torpemente las autoridades federales llevan a los detenidos, dado que es un punto muy cercano a la puerta principal de la minera.
Más tarde, en uno de los muchos mítines vespertinos, hablan de dos detenidos más: Les dieron agua hasta que llegamos nosotros a verlos
.
Por ahí anda tambien el fotógrafo local Alfredo Zambrano, detenido y golpeado por policías federales porque, según su testimonio, les tomó fotografìas trepados en una cuatrimoto y una camioneta propiedad de los mineros.
En la espera se desgranan los testimonios de la participación de un grupo de porros en el desalojo, del pueblo dividido que es Cananea (para corroborarlo, un individuo que pasa en su auto grita: ¡Mitoteros!
).
El alcalde Reginaldo Moreno la hace de pitoniso a toro pasado: El desalojo era algo que se veía venir
. Aunque añade que todo en el municipio funciona normalmente, declara la ley seca desde las 10 de la mañana. A los mineros, sin embargo, se les ven muchas ganas de mentar madres, pero no de tomarse unas cervezas.
Igual, hoy no les está permitido, porque las autoridades se cansaron al fin. El gobernador Padrés, natural de esta tierra, había prometido que no se emplearía la fuerza, pero hoy resume el ánimo de la autoridad: Hemos sido muy prudentes y muy tolerantes
.
Sí, y además nadie les puede reprochar el tino histórico. Justo hace 104 años, el 6 de junio de 1906, las actividades de la minera de Cananea regresaron a la normalidad, tras la muerte de 23 mineros y la detención de los líderes de la huelga. El operativo federal de 2010 comenzó la noche del 6 de junio. ¿El homenajazo será parte de los festejos del centenario de la Revolución?
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Critica prepotencia
de Germán Larrea en Pasta de Conchos
represivo y faccioso, afirma López Obrador
Andrés Manuel López Obrador consideró que el desalojo de los mineros de Cananea por policías federales da cuenta de la actitud represiva y facciosa del gobierno usurpador
.
El ex candidato presidencial criticó de igual manera que la prepotencia
del presidente de Grupo México, Germán Larrea, provocara el desalojo de los familiares de los mineros que quedaron sepultados en Pasta de Conchos, Coahuila, el 19 de febrero de 2006, por una explosión.
Señaló que lo ocurrido en Cananea es otra violación a los derechos humanos y laborales de los trabajadores, cometida por la minoría rapaz que encabeza Carlos Salinas
.
Pidió la salida inmediata de los policías federales y locales de Cananea y Pasta de Conchos; la libertad de los mineros detenidos por supuestas faltas administrativas, luego del desalojo de la primera mina, y el reconocimiento de sus derechos, que se consagran en la Ley Federal del Trabajo y en la Constitución de la República. ¡Basta de infamias e injusticias!
, apuntó.
En nombre del gobierno legítimo
que encabeza manifestó que es una provocación irresponsable cerrar los cauces legales y políticos aplicando, como en la época de Porfirio Díaz, la ley del embudo, y reproduciendo la misma política que se aplicó en 1906, cuando se reprimió la histórica huelga de los mineros
, justamente en Cananea.
Dijo que es una vergüenza que todas las instituciones constitucionales estén sometidas a un grupo de 30 potentados, que son los que realmente mandan y deciden en función de sus mezquinos intereses
.
Y que “entre ese grupo de oligarcas se encuentra Germán Larrea Mota Velasco, dueño de la mina de Cananea, empresa pública que en 1992 le fue entregada por Carlos Salinas, cuando se llevó a cabo el saqueo más grande de bienes del pueblo y de la nación que se haya registrado en la historia del país
.
López Obrador criticó que, como muestra de la prepotencia de Larrea y de esta camarilla funesta
, el mismo día que lleva a cabo la represión de Cananea desalojan a los familiares de los mineros sepultados en Pasta de Conchos, también propiedad de Larrea.
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Rocha
El gobierno, contra los sindicatos
Son inocultables los paralelismos entre el trato gubernamental al gremio minero y la beligerancia oficial contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), privado de su fuente de trabajo mediante la extinción, por un decreto presidencial de legalidad dudosa, del organismo paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC), en octubre del año pasado. En uno y otro caso la Secretaría del Trabajo negó la toma de nota
a las respectivas dirigencias, tomó partido por grupos disidentes minoritarios y emprendió una campaña sistemática de descalificaciones públicas y amenazas contra los trabajadores. En ambas circunstancias, por añadidura, la administración calderonista ha ordenado diversas agresiones policiales contra los sindicalistas y sus manifestaciones de protesta.
El correlato de la hostilidad antisindical del gobierno –respaldada en la mayor parte de los episodios por el Poder Judicial– ha sido una actitud pro empresarial, expresada, en el caso de la industria minera, en la exoneración de los propietarios de Grupo México de toda responsabilidad legal por el accidente de Pasta de Conchos y por la disposición oficial a favorecer, por todos los medios posibles, los intereses patronales. Por lo que respecta a la industria eléctrica, el golpe contra el SME ha sido aprovechado, adicionalmente, para ofrecer oportunidades de negocios, contratos y concesiones a diversas compañías privadas, empezando por las que la Comisión Federal de Electricidad reclutó para dar mantenimiento –a todas luces insuficiente, por lo demás– a la red de distribución eléctrica en el centro del país.
El desalojo de Cananea no fue tan pacífico como presumía ayer la Secretaría de Gobernación, si se considera que hay lesionados y que en la acción se emplearon granadas de gas lacrimógeno, toletes y, según la versión de los mineros, armas de fuego. Igualmente grave es el señalamiento de que las propias fuerzas policiales propiciaron el incendio de un local del yacimiento, perpetrado, a decir de los sindicalistas, por un grupo de porros que acompañaba a las fuerzas del orden.
El peor de los incendios, sin embargo, puede ser de orden social, y resulta desolador que el gobierno federal parezca empeñado en producirlo mediante el mantenimiento de una política económica generadora de pobreza, desigualdad y desempleo, una tónica persistente de violaciones a los derechos humanos y una política de constante confrontación que desmiente los insistentes llamados oficiales a la unidad de todos los mexicanos
.
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Fisgón
Violencia y resistencia
habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer(Calderón) o que el cadáver de Paulette estuvo nueve días enredado en un edredón sin que se dieran cuenta familiares, policías ni perros que se encontraban en el sitio (empleados de Peña Nieto); dar impunidad a los responsables de la muerte de los niños en la guardería ABC de Hermosillo; desaparecer por decreto una empresa eléctrica de propiedad nacional y dejar a más de 40 mil personas en el desempleo; permitir que las bandas de Ulises Ruiz asesinen a activistas y dirigentes en San Juan Copala y otros puntos de Oaxaca; encarcelar a personas inocentes y a líderes sociales y lograr, para los segundos, condenas absurdas; pisotear los derechos de los trabajadores y lanzar a los federales –al servicio de los empresarios privados y a balazos, en el más puro estilo porfirista– contra mineros y sus familiares en Cananea y Pasta de Conchos.
Bienvenidos al descontrol más peligroso, que no es el de sectores sociales, sino el de los poderes públicos. Al igual que al régimen genocida de Israel, que con una mano en la cintura comete piratería en aguas internacionales y practica a continuación el homicidio y el secuestro de civiles, a los actuales gobernantes de México no los desvela el qué dirán
ni el qué harán
. Si los capos han llegado al punto de mandarse a asesinar o a secuestrar entre ellos (dicen que Mouriño murió en un accidente, que Beltrán Leyva se resistió al arresto y que el secuestro de Fernández de Cevallos tiene un propósito meramente económico), lo de menos es aplastar a un sindicato, asfixiar un municipio autónomo, eliminar a un líder social incómodo o fabricar delitos contra ciudadanos en principio inocentes, como los alcaldes y funcionarios estatales y municipales de Michoacán detenidos hace cosa de un año en una redada de inocultables tintes electoreros. Da la impresión de que si este desgobierno federal no se ha empeñado más a fondo en la represión de los movimientos sociales opositores, ello no es por escrúpulos legales o de imagen, sino porque en su orden de prioridades va primero la disputa contra otros poderes fácticos.
A fin de cuentas, el tan profetizado estallido violento de 2010 ya empezó –incluso antes de este año– y no es bonito: no fue una sublevación obrera, campesina y popular, ni una guerrilla desafiante, sino la irrupción de ejércitos del narcotráfico que ya dominan extensas zonas del territorio nacional y que se enfrentan a las fuerzas armadas en combates en regla. A su manera, el poderío de la delincuencia es resultado de la depauperación, la miseria, la marginación, la corrupción federal, estatal y municipal, el desempleo, la cerrazón política, la destrucción del Estado desde sus puestos de mando, el saqueo de bienes nacionales y de recursos naturales, el abandono de los sistemas públicos de educación y salud, la claudicación de la soberanía; en suma, el saldo de la secuencia de gobiernos neoliberales Salinas-Calderón.
En esta circunstancia nacional trastornada los movimientos políticos, sociales y sindicales, empeñados en la defensa de la legalidad y en la transformación pacífica del país, cobran una relevancia central: son los únicos elementos de civilidad cuando el resto de los actores –incluidas corporaciones privadas y gobiernos federal y estatales– experimentan un corrimiento hacia la criminalidad y se disputan, a plomazos y levantones, el control del territorio. A pesar de los empeños oficiales por criminalizarlas, la resistencia y la organización popular son, por hoy, los únicos instrumentos visibles para mantener abierta la vía política –aunque no necesariamente la electoral– y recuperar la legalidad, rota por los grandes intereses empresariales y por los delincuentes, con o sin cargo oficial.
Los sindicatos de mineros y electricistas, el municipio autónomo de San Juan Copala, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los grupos prozapatistas y el movimiento lopezobradorista son, en la hora de los matones, otras tantas apuestas por la convivencia civilizada; son la reserva ética del país ante la barbarie, las semillas de la reconstrucción.
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La procuradora del estado afirma que se diseñó una estrategia
para proteger al grupo
Oaxaca, Oax., 7 de junio. El interés
del gobernador Ulises Ruiz es que se den garantías
a la caravana humanitaria Bety Cariño y Jiry Jaakkola, que este martes llegará al municipio autónomo de San Juan Copala, con la advertencia de que ahí hay gente renuente, necia con sus usos y costumbres, belicosa y beligerante
, afirmó la procuradora estatal, María de la Luz Candelaria Chiñas.
La funcionaria dio a conocer en entrevista que la Secretaría de Gobierno de Oaxaca –en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, las procuradurías de Justicia del Estado y General de la República, así como la Policía Federal– diseñó una estrategia
para garantizar la protección de la caravana, que incluye vigilancia terrestre y aérea.
Bloqueo con rocas
El comisionado de la policía estatal, Jorge Alberto Quezadas Jiménez, reportó que la zona por donde pasarán los activistas es vigilada desde el domingo por la corporación a su cargo, y que 350 de sus elementos están listos para acompañarlos (desde Santiago Juxtlahuaca) hasta San Juan Copala
.
Quezadas agregó que el camino que lleva al municipio autónomo, en el tramo que pasa por la comunidad La Sabana –donde Bety Cariño y Jiry Jaakkola fueron emboscados y asesinados el pasado 27 de abril–, fue bloqueado con rocas desde el viernes, pero la policía estatal no tiene la obligación de remover los obstáculos con el fin de facilitar el libre tránsito. Nosotros no las vamos a quitar, es cuestión de acompañar y llevar seguridad a la caravana
, aseveró.
Por la noche, en conferencia de prensa, la procuradora anunció que viajará a Juxtlahuaca y desde ahí llevará a cabo un monitoreo, minuto a minuto, del trayecto de la caravana. Prácticamente será la encargada de la supervisión del operativo, que incluye también la presencia de peritos en criminalística y en fotografía, así como seis ambulancias.
Antes, en entrevista con La Jornada, la funcionaria señaló que no hay instrucciones
específicas del titular del Ejecutivo, sino la voluntad del gobierno del estado de que los activistas “sean bienvenidos.
Qué bueno que vengan y vean cómo está la situación. El interés del gobierno es que entren a la población, que vean lo que hay, que no están incomunicados. Que se den cuenta por sí mismos de que hay actividades, que las tiendas están (abiertas al público), como ya lo comentamos otra vez.
Respecto a señalamientos de que la caravana tiene intereses políticos más que humanitarios, dijo que los propios medios de comunicación saben cuál es la respuesta: Lo que llama la atención es por qué no se interesaron antes. Ya verán ustedes si vienen después del 4 de julio (cuando habrá elecciones en la entidad, que renovarán gubernatura, ayuntamientos y Congreso local) y si le dan seguimiento o es otra llamarada de petate
.
Informó que el legislador Alejandro Encinas, coordinador de la bancada del Partido de la Democrática en la Cámara de Diputados, quien organiza la caravana
, no ha proporcionado información que el gobierno del estado le pidió a través del secretario de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, sobre las personas que forman parte de la caravana.
El gobierno estatal solicitó datos como el número de integrantes de la caravana, a qué organizaciones pertenecen, nombres y nacionalidades, y si pretenden llegar a San Juan Copala a pie o en vehículos. En el caso de los activistas extranjeros, también se preguntó por su situación migratoria, para saber en calidad de qué están en el país.
En tanto, la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) difundió un comunicado firmado por su líder, Rufino Juárez Hernández, y su hermano Anastacio, quien se identifica como agente constitucional de San Juan Copala, dirigido al Movimiento de Unificación de la Lucha Triqui Independiente (MULTI).
En el texto, la Ubisort dio a conocer que presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca en repudio a la postura de confrontación por parte de los integrantes de la organización MULTI
.
Expresó su rechazo a la caravana. Acusó a Encinas de querer confrontar a la comunidad triqui, y aseguró que integrantes del MULTI nos van a exterminar
una vez que los observadores abandonen la comunidad.
De su lado, el secretario de Gobierno pidió de última hora que se revalorara la pertinencia de realizar la caravana
, porque son tiempos electorales y no quisiéramos que se pudiera pensar que tiene finalidad electoral
.
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El filósofo exploró cuestiones de marxismo renovado
, indica Jaime Labastida
La tarde de hoy el catedrático participaría en la presentación de un libro de Stefan Gandler
Será evocado por Diana Fuentes, José María Pérez Gay y Julio Boltvinik, entre otros
Este martes se rendirá un homenaje póstumo al filósofo e investigador Bolívar Echeverría, de quien se abordará su legado, vida y obra en el Foro de la Librería Siglo XXI.
El fallecimiento de Echeverría el pasado sábado –a los 69 años de edad– cambió los planes sobre la presentación del libro Fragmentos de Frankfurt, de Stefan Gandler, en la cual se había programado la asistencia del académico. Ahora se rendirá tributo a una de las voces críticas del capitalismo en América Latina.
Así lo explicó Jaime Labastida, director de Siglo XXI Editores, quien manifestó: La súbita noticia no permitió preparar el homenaje que hubiéramos querido para tan notable investigador y fue el mismo Gandler el impulsor del encuentro para recordar al amigo Bolívar
.
En el homenaje participarán José María Pérez Gay, Federico Álvarez, Luis Arizmendi, José Luis Balcárcel, Julio Boltvinik, Diana Fuentes, Stefan Gandler y Jaime Labastida.
Rigor y academia
De Bolívar Echeverría, Jaime Labastida rememora: “Era muy riguroso y trabajaba con cierta lentitud; no era un filósofo que publicara con mucha frecuencia, debido en parte a la dedicación enfocada en su cátedra y a sus importantes investigaciones.
“Conocí a Bolívar –prosigue el director de Siglo XXI– hace alrededor de 40 años y cuando comencé a dar cátedra en la Facultad (de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México), él ya se encontraba ahí. Había llegado de Berlín, proveniente de la escuela de Frankfurt y, después por (Adolfo) Sánchez Vázquez y otros colegas establecimos una relación amistosa. Ahora, me duele muchísimo su muerte.”
Bolívar Echeverría inició con teoría de carácter general en cuestiones de marxismo renovado; posteriormente abordó el pensamiento en América Latina y además tiene tesis interesantes sobre el barroco, con las cuales uno puede o no estar de acuerdo, pero son muy originales
.
El homenaje al fallecido filósofo e investigador Bolívar Echeverría será a las 18:30 horas en el Foro de la Librería Siglo XXI, ubicada en avenida Cerro del Agua 248, colonia Romero de Terreros.
