6 de agosto de 2010

Primer acuerdo entre gobierno federal y sindicato; pospuesta, toma de nota de Esparza

Pagarán prestaciones a 16 mil electricistas del SME que no aceptaron su liquidación
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Los sindicalizados del SME formaron una cadena humana sobre avenida ReformaFoto José Antonio López
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Viernes 6 de agosto de 2010, p. 14

Como un primer acuerdo de la mesa de diálogo entre el gobierno federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se pagarán las prestaciones devengadas durante 2009 a cerca de 16 mil integrantes de esa organización gremial que no han aceptado su liquidación.

Además, un grupo de funcionarios de diversas dependencias analizará las implicaciones jurídicas y presupuestales de la propuesta del SME, con base en la cual busca la reinserción laboral de los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) que se mantienen en resistencia.

En tanto, fue pospuesto para la siguiente sesión de la mesa de diálogo de alto nivel el informe acerca del análisis de la solicitud de toma de nota de Martín Esparza y el resto del comité central del SME. El trámite se estudia en la Dirección General de Registro de Asociaciones, dependencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Al término de la segunda reunión de trabajo firmaron la minuta los secretarios de Gobernación y del Trabajo, José Francisco Blake Mora y Javier Lozano Alarcón, respectivamente; el subsecretario de Gobierno, Roberto Gil, y los secretarios del Interior y del Trabajo del SME, Humberto Montes de Oca y Eduardo Bobadilla.

Es decir, pese a las advertencias de Esparza y de Lozano por llevar al encuentro sus inconformidades por la actuación de unos y otros, continúa la integración de la mesa en los mismos términos.

El pago de prestaciones es una exigencia del SME desde diciembre pasado; incluso, existe una demanda penal ante la Procuraduría General de la República, promovida por el sindicato, mediante la cual se intentó combatir la negativa gubernamental a saldar pagos correspondientes a aguinaldo y fondo de ahorro de los trabajadores que no han acudido a firmar su renuncia voluntaria.

Posteriormente, según el punto cuatro de la minuta, se dará respuesta a la solicitud de información en relación con el tema del fondo de reserva de jubilaciones.

Al término del encuentro, que se prolongó casi tres horas (la mitad de tiempo que en las dos sesiones anteriores, incluida la del 22 de julio para levantar la huelga de hambre colectiva de electricistas en el Zócalo capitalino), Esparza informó que el SME entregó una propuesta para que sus representados formen parte de una estructura que brinde el servicio de energía eléctrica en la zona central del país.

De acuerdo con el dirigente, existen condiciones legales y presupuestales para dar empleo a este grupo, cuya nómina tendría un costo de unos 2 mil 900 millones de pesos, esto es un porcentaje menor respecto de los 55 mil millones de pesos que facturaba la extinta LFC, según el último reporte, correspondiente a 2008.

Hay condiciones. Planteamos que queremos regresar a trabajar en lo que siempre hemos hecho: el sector eléctrico. Ya el gobierno pondrá el nombre, las condiciones jurídicas, disponibilidad presupuestal, y ahí también tendrá que ver la disposición del Congreso de la Unión, señaló, y agregó: “Hay buena disposición del secretario de Gobernación de continuar en esta mesa para alcanzar acuerdos.

–¿Se analizó el tema de la denuncia del secretario Lozano respecto de la agresión de la que dijo fue objeto el martes?

–Se comentaron muchas cosas, entre éstas que tenemos que mantener la calma. El SME está abierto al diálogo y a la negociación, y Vamos a continuar en el marco de la institucionalidad.

–¿Les pidieron respetar la tregua?

–No nos han pedido nada más que mantener la calma– respondió el dirigente y precisó que la tregua no significa suspender la movilización pacífica, sino mantener el activismo político.

Agregó que los trabajadores que están a punto de jubilarse van a formar parte de este acuerdo. Sin embargo, no se descarta, según información consultada, que se abra un programa de retiros anticipados.

Sobre los pagos pendientes, a partir del lunes se reunirá el subsecretario Gil con funcionarios de la Secretaría del Trabajo y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (liquidador de LFC. Por el SME acudirá Eduardo Bobadilla.

Conflicto en Mexicana
Fisgón

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EL ESCOPETAZO
Luis Javier Garrido

El repudio nacional a la pretendida “guerra contra el narco” de Felipe Calderón se ha hecho cada vez mayor luego de la muerte del capo Nacho Coronel el 29 de julio, de la creciente militarizacion de la frontera y del debate en Estados Unidos sobre la legislación migratoria de Arizona, pero el gobierno mexicano no pretende darse cuenta de ello.

1. El gobierno no tiene políticas de comunicación sino de propaganda, partiendo de la falsa premisa de todos los gobiernos de la derecha de que los pueblos son fácilmente manipulables. El gasto descomunal en información en lo que va del sexenio ha sido un derroche multimillonario inútil, pues ha pretendido que la gente crea lo contrario de lo que vive de manera cotidiana: que hay un gobierno capaz que no está al servicio de los grandes consorcios, y que la vida nacional no se está deteriorando todos los días de manera gravísima. Con tal pretensión, los panistas sólo han contribuido al descrédito del gobierno como de la prensa audiovisual y escrita, que todo mundo reconoce miente de manera sistemática.

2. Los panistas-yunquistas no han aprendido la lección y quieren a pesar de su fracaso estrepitoso mantenerse a toda costa en el poder en 2012 y anuncian con sus actos que están dispuestos por todos los medios a violentar la voluntad de los mexicanos que desde todos los ámbitos les están exigiendo que se vayan, de ahí que multipliquen sus campañas propagandísticas. La prioridad para la administración de Felipe Calderón no es enfrentar los graves problemas nacionales sino pretender que los está resolviendo, y con esa mira efectuó los días 3 y 4 en el Campo Marte las jornadas de un pretendido Diálogo por la seguridad, previsto como una evaluación y fortalecimiento de las acciones del gobierno, y concebido, si se atiende a ese título y al perfil de los invitados –académicos afines al régimen y jerarcas religiosos– a convalidar las políticas de violencia que con el rubro de una supuesta lucha contra el crimen organizado han sido el eje de su gestión, pero pese a toda esta escenografía el acto terminó por revertírsele.

3. Las políticas del gobierno de supuesta lucha contra el narcotráfico que le fueron impuestas por los halcones republicanos del Pentágono a Calderón al inicio de su gobierno no buscaron “luchar contra el narco”, sino generar en México un escenario de violencia y de terror que facilitara, colombianizando al país, la imposición del modelo neoliberal, con el desmantelamiento de la nación y la cancelación de los derechos sociales del pueblo, y de paso la reordenación del mercado en la que el gobierno de Washington es parte interesada.

4. Las consecuencias de estas políticas han sido, sin embargo, una violencia generalizada, que ha causado, según las maquilladas cifras oficiales, más de 28 mil muertos; la reconversión de los traficantes en organizaciones armadas; una injerencia creciente de los aparatos de seguridad de Washington en las políticas del país; la destrucción de las instituciones constitucionales; un desastre económico generalizado y, como la cereza en la tarta, un auge del narcotráfico.

5. El supuesto Diálogo por la seguridad, que iba a representar para el gobierno la posibilidad de impulsar una enésima campaña propagandística, constituyó, como era de suponerse en este contexto de desesperanza nacional, una condena absoluta a sus acciones, lo que implicó que lejos de difundirse lo que ahí se expresó se esté buscando ocultarlo y tergiversarlo. El martes 3, en la mesa de los académicos filocalderonistas, lo menos que se le dijo es que los mexicanos no entienden ni aceptan lo que está haciendo y se le enumeraron muchas de las consecuencias nefastas que están trayendo para el país sus políticas de seguridad, terminando varios de los asistentes por proponer como una salida al actual desastre la legalización de las drogas. Y en la de los eclesiásticos, varios de los obispos más conservadores tronaron al día siguiente contra las políticas oficiales, lo que determinó las intervenciones desastrosas de un Calderón descompuesto como nunca al constatar que sus aliados le están dando la espalda. El cardenal Norberto Rivera pareció sintetizarlo todo señalando que la convicción de muchos es que vamos para atrás.

6. Los importantes sectores de la jerarquía católica, a los que el gobierno panista ha colmado de beneficios legales e ilegales, han comprendido de manera tardía que el actual gobierno de facto ha sido nefasto para los mexicanos, y no sólo por la violencia en la que ha hundido al país. Abelardo Alvarado (obispo auxiliar emérito de la arquidiócesis de México) sentenció en la página de Internet del Centro Católico Multimedial hace unos días lo que hace un par de años los purpurados católicos no se atrevían a decir, que los panistas no saben gobernar, y les recordó su ineptitud y arrogancia (La Jornada, 4 de agosto), aunque bien pudo señalarles su ya proverbial corrupción que ha dejado atrás a la vivida en los años del priísmo, su entreguismo a los intereses del extranjero y su afán por cancelarle derechos fundamentales a los mexicanos.

7. La retractación de Calderón de lo que había aceptado en la mesa del martes 3 no hace más que mostrar, una vez más, que encabeza un gobierno a la deriva y sin principios ni convicciones. Por la mañana avaló trémulo por la ira contenida el que se efectuara un debate sobre la posible legalización de algunas drogas, aunque subordinando esta decisión, según expresó, a lo que se decidiera en Estados Unidos, donde ya California y otros estados plantean legalizar la mariguana y han convocado a referendos populares, pero por la noche un boletín de Los Pinos hizo saber otra cosa, sosteniendo que no había dicho lo que se entendía había dicho y que lo que había querido decir era otra cosa.

8. El recurso reiterado del propio Calderón de acusar al Congreso, a los partidos y a la sociedad civil de no respaldar sus políticas en materia de seguridad, al que recurrió una vez más en esta ocasión, no puede verse, por lo mismo, sólo como una nueva expresión del abatimiento personal de Calderón y de sus colaboradores ante su fracaso, sino como parte de la burda campaña con vistas al 2012 que pretende situarlo a él y a los integrantes de su grupo como la única opción válida para México.

9. Tal política de comunicación social, fundada en la desinformación y la mentira, en los borregos y escopetazos –en los que los proyectiles se esparcen en diversas direcciones buscando ver las reacciones–, como calificaba recientemente un militante de izquierda a esas filtraciones hechas desde el poder, ha colmado ya sin embargo a la nación, y no tiene futuro. México no merece el gobierno que tiene.

10. La expresión el crimen organizado se está revirtiendo también contra el gobierno panista, que lo sabe bien, aunque en este Diálogo por la seguridad, que no pudo ser monólogo como lo quería el gobierno, Felipe Calderón haya pretendido lo contrario, y que ignora que altos funcionarios, gobernadores y otros políticos están vinculados al narcopoder, que el sistema judicial no ha tocado al aparato bancario y financiero estatal que se beneficia de manera primordial del tráfico de drogas y que durante los dos gobiernos panistas se ha consolidado, aunque no lo reconozca, un narcoestado en México.