24 de agosto de 2011

EL CASO DEL RIO RABANILLO:

La ineptitud del gobierno municipal panista de Cholula empieza a desbordar el descontento ciudadano







Damnificados por el Rabanillo exigen ayuda del Fonden


YADIRA LLAVEN

A falta de apoyo y por negligencia de las autoridades municipales de San Pedro Cholula, 15 familias del fraccionamiento San Diego Los Sauces protestaron en las instalaciones del ayuntamiento, para exigir que se les pague los daños ocasionados a sus viviendas por el desbordamiento del río Rabanillo, y que se agilicen las obras de reconstrucción en la zona. En la manifestación, los damnificados también demandaron que la Comuna pida a la Federación la ayuda que otorga el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que cubre afectaciones por lluvias torrenciales.

Por más de media hora, los inconformes gritaron consignas en contra del director de Obras Públicas, Nahim Pérez Taja, por negligente e incapaz de dar solución al problema del desborde del afluente.

Los afectados pidieron a la edil Dolores Parra Jiménez, la cabeza de Pérez Taja, pues argumentaron que los trabajos que ha realizado en el cauce del río Rabanillo sólo ha empeorado la situación, que desde hace años no vivían en San Diego Los Sauces.

Expusieron que en lugar de proteger la veintena de viviendas que conforman el fraccionamiento, colocó una línea de costales de arena y construyó, a medias, un muro de contención para impedir que las aguas negras salieran al Bulevar Forjadores, prefiriendo que se inundarán las casas.

El grupo de manifestantes fue atendido por el secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Carranco Ledezma, y por el propio Nahim Pérez Taja.

Cansados de la situación y de que la autoridad le de vueltas al asunto, los vecinos reprocharon a ambos funcionarios, que en los últimos días han vivido con aguas de excremento de cerdo hasta las rodillas.

Dejaron en claro que los únicos elementos que les ofrecieron ayuda, la noche del viernes, cuando se desplomó la barda del fraccionamiento, fueron los bomberos y el personal que labora para el Sistema Estatal de Protección Civil (Seproci).

No obstante, en el fraccionamiento también viven discapacitados, ancianos y niños, los más vulnerables ante un siniestro.

En la negociación, a la que tuvieron acceso algunos medios de comunicación, los vecinos también pidieron al ayuntamiento que retire la gasolinera que está por inaugurarse a tan sólo unos pasos del fraccionamiento, pues representa “una bomba de tiempo”, para quienes habitan la zona de riesgo por inundación.

En lugar de apaciguar la situación, que por momentos se tornó tensa, Pérez Taja únicamente señaló: “nosotros no tenemos por qué pagar nada, no le dijimos al río que se saliera de su cauce, pero les estamos ayudando”; declaración que atizó el ánimo de los inconformes.

Ante los reclamos de que la edil ni siquiera a visitado a los damnificados, como en su tiempo lo hizo el ex alcalde Alejandro Oaxaca, quien hasta ayudó a la gente a sacar a cubetazos el lodo de sus viviendas, por la noche Dolores Parra acudió al fraccionamiento para finalmente confirmar a la gente que serán ayudados por su gobierno.

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Chile: movimiento más que estudiantil



Una treintena de artistas tomaron ayer las instalaciones de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en Santiago de Chile, en respaldo a las movilizaciones estudiantiles que se desarrollan en ese país y, particularmente, a los 35 estudiantes que se mantienen en huelga de hambre, tres de ellos desde hace más de 36 días, cuyo estado de salud es preocupante. Por su parte, la dirigencia de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que reúne a las organizaciones estudiantiles de las universidades del país, entregó al gobierno encabezado por Sebastián Piñera un documento de 12 puntos, en el que plasma sus demandas para reformar el modelo educativo en esa nación, y cuyo eje rector es la gratuidad de la enseñanza a todos los niveles.

El apoyo brindado por la comunidad artística chilena al movimiento estudiantil, la articulación de éste con organizaciones obreras y populares y el respaldo expresado por el movimiento mapuche y por amplios sectores de la sociedad de ese país, permiten ponderar la vigencia de una gesta social que se encamina a su cuarto mes y que en todo este tiempo ha demostrado una creciente capacidad organizativa, una constante voluntad de lucha pacífica –a pesar de la represión y las amenazas recurrentes contra su dirigencia– y una inagotable imaginación política para proponer soluciones. A contrapelo de los cálculos y pronósticos de las autoridades del Palacio de La Moneda, la reivindicación principal del movimiento estudiantil cuenta con 80 por ciento de respaldo de la opinión pública en Chile, y es inevitable contrastar ese dato con el índice de aprobación que goza el propio Sebastián Piñera, el cual se ubica por debajo de 30 por ciento, el nivel más bajo de un gobernante chileno desde el fin de la dictadura.

No debe perderse de vista, ante la insistencia del gobierno en acusar a los estudiantes de ver sólo por sus intereses particulares, que la lucha que han llevado a cabo en estos meses radica en la defensa de la educación como un derecho social irrenunciable –en oposición a la definición del propio Piñera, quien se ha referido a la enseñanza como un bien de consumo– y que, en ese afán, han demandado el desmantelamiento de un sistema de financiamiento educativo de carácter mercantilista, que no sólo falla en su supuesto propósito de garantizar, por vía de la proliferación de planteles privados, el pleno acceso a la educación, sino implica la subvención, por parte del Estado chileno, de vastas oportunidades de lucro –corruptas, no pocas de ellas– en beneficio de particulares.

Al esclarecer el carácter excluyente y socialmente injustificable del sistema educativo chileno, el movimiento estudiantil ha despertado la movilización de la sociedad en ese país, ha evidenciado la crisis de representatividad del sistema político de esa nación y ha exhibido la cerrazón del gobierno que despacha en La Moneda, el cual se ha limitado a anunciar un incremento en la contribución de dinero público, cuando es meridianamente claro que la demanda central de los estudiantes no es la aplicación de paliativos para el actual sistema, sino su reformulación profunda.

El logro más importante de este movimiento, hasta ahora, ha sido evidenciar el enorme peso político y económico del pinochetismo en ese país –a más de dos décadas de la transición pactada– y la subordinación de los subsecuentes gobiernos de la Concertación a algunos de sus mandatos, como lo demuestra la perpetuación de la política educativa y del modelo económico impuesto por la dictadura. A ello ha contribuido la revelación de escándalos como el que involucra al ex ministro de Educación de Piñera Joaquín Lavín, integrante de las juventudes pinochetistas y accionista de una universidad privada beneficiada con subvenciones del Estado, en lo que constituye un claro conflicto de intereses. Otro tanto puede decirse de la toma de conciencia, por parte de la sociedad, de la enorme pérdida económica que han implicado las políticas privatizadoras del cobre diseñadas por la dictadura y mantenidas por los gobiernos de la Concertación: hoy, ante los sempiternos argumentos oficiales sobre la falta de recursos públicos para financiar la educación, han vuelto a cobrar vigencia las demandas de nacionalizar los bienes de ese país, o cuando menos, de incrementar exponencialmente los impuestos a las empresas mineras.

Ante la demostración fehaciente de un modelo educativo caracterizado por la inmoralidad, la inequidad y el carácter depredador, lo mejor que pudiera hacer el gobierno chileno es retroceder en su intransigencia, abrir el terreno para un diálogo efectivo y reformular la política educativa, para lo cual es necesario dar un vuelco en el modelo económico vigente en el país austral desde hace casi 40 años.

Finalmente, el conflicto estudiantil y político que se desarrolla en Chile debiera constitur una voz de alerta, en países como el nuestro, sobre los riesgos que encarna un Estado débil e incapaz de hacer frente al cumplimiento de derechos elementales, como la educación, a consecuencia de la corrupción, el dispendio, la frivolidad y la entrega de la riqueza nacional a intereses corporativos particulares.

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Protección policial para Camila Vallejo, la lideresa universitaria amenazada de muerte

Artistas chilenos ocupan la sede de la Unesco en apoyo a los estudiantes en huelga de hambre

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Un grupo musical toca sus instrumentos durante una manifestación frente a la sede de la Unesco en Santiago en apoyo a los 35 ayunadoresFoto Xinhua
Enrique Gutiérrez

Santiago, 23 de agosto. Artistas chilenos ocuparon este martes la sede en esta capital de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en apoyo a los 35 estudiantes que realizan una huelga de hambre –tres de ellos desde hace 36 días– en demanda de cambios en el sistema educativo.

Estamos en el límite de que puedan morir niños. Estamos reclamando y exigiendo que sedes como la Unesco y también el gobierno tomen cartas en el asunto y escuchen a los estudiantes que ya están a pocos días de entrar a una situación muy crítica en el estado de salud, dijo a la prensa nacional y extranjera Max Vivar, uno de los artistas que se manifestaron.

Los funcionarios de la Unesco fueron desalojados, mientras un grupo de artistas resguardó el ingreso a las oficinas de la representación de Naciones Unidas ante la vigilancia de la policía.

Los manifestantes se reunieron con la directiva de la Unesco, y emitieron un comunicado conjunto en el que llaman a los involucrados a un diálogo constructivo para asegurar el derecho de educación para todos en Chile.

En tanto, líderes estudiantiles entregaron al presidente Sebastián Piñera una carta con 12 puntos que incluyen sus demandas sobre el fortalecimiento de la educación pública y le pidieron que se pronuncie sobre estas exigencias.

Es una interpelación al presidente de la república, dijo a la prensa Camila Vallejo, presidenta de la Fech, quien junto a Giorgio Jackson –los dirigentes más visibles del movimiento estudiantil– entregaron la misiva en el palacio presidencial de La Moneda.

Entre sus peticiones destaca la eliminación de la banca privada en el sistema de créditos para financiar la educación superior, el fin de la obtención de utilidades por universidades privadas –prohibido por ley pero burlado a través de resquicios– y garantizar la calidad de la educación pública.

El ministro de Educación, Felipe Bulnes, manifestó que no es tiempo de emplazamiento ni de cartas, y recordó que ya se ha respondido a las demandas estudiantiles con tres propuestas que introducen cambios al actual sistema pero no una refundación de éste, como exigen los estudiantes.

La Corte Suprema chilena concedió protección policial a la lideresa universitaria Camila Vallejo debido a que recibió diversas amenazas de muerte en vísperas del paro general de dos días que comenzará este miércoles, que fue convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), al que se unieron estudiantes, empleados públicos, parte del transporte y partidos de oposición en demanda de mejoras sociales.

El derechista Piñera, en vísperas del paro, aseguró que es una triste y dolorosa contradicción que mientras tantos chilenos, incluyendo el gobierno, se esfuerzan para que Chile avance, progrese y los beneficios lleguen a todos, hayan otros que también se esfuerzan y luchan por lo contrario.

Añadió que causa dolor que hay algunos que están trabajando con mucho esfuerzo para que Chile se paralice, agregó.