31 de octubre de 2009

Conoce nuestra propuesta para no aumentar impuestos


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Ni un peso menos a las Universidades Públicas



30 de octubre de 2009. Este día comenzó el Foro Nacional por la Universidad Pública, la Ciencia y la Cultura, en la Cámara de Diputados, organizado por Redes Universitarias, inaugurando este foro el compañero Manuel Otero, y con la participación de los partidos del Frente Amplio Progresista, quienes en voz de los legisladores Tere Guadalupe Reyes del PT, Víctor Castro del PRD, y Ramón Jiménez de Convergencia, hicieron un posicionamiento en el Foro.

Asimismo, estuvieron como invitados la Dra. Cecilia Bañuelos del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, el Lic. Héctor Ramírez de la UNAM y el ex diputado federal Alfonso Suárez del Real.



Por supuesto, hubo delegaciones de varias universidades de los Estados, como es el caso de la Universidad Autónoma Benemérita de Puebla, la Universidad Nicolaita de Michoacán, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Municipal de Ecatepec de Morelos y la Universidad Autónoma de Chapingo, además del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de México.

En este foro destacaron las participaciones de los estudiantes, quienes en un tono fresco y desinhibido pidieron a los legisladores defender la gratuidad de la educación, evitar el recorte al presupuesto de las Universidades Públicas, y mantener un contacto directo con la comunidad estudiantil.

El evento continuará el día 31 de octubre en el auditorio Alfonso Caso, en la Torre II de Humanidades de Ciudad Universitaria, de las 10 a las 15 horas.



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La JFCA deberá abstenerse de dictar hoy laudo sobre la terminación de relaciones laborales

Concede juez federal al SME suspensión provisional contra la extinción de LFC

La resolución no afecta el proceso de liquidación voluntaria, señala la Secretaría del Trabajo

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El dirigente del SME, Martín Esparza, a su llegada a la conferencia de prensa donde anunció que el próximo martes acudirán a la Corte para solicitarle que revise el caso de la desaparición de LFCFoto Yazmín Ortega
Gabriel León Zaragoza
Periódico La Jornada
Sábado 31 de octubre de 2009, p. 8

Un juzgado federal admitió la demanda de amparo colectivo presentada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y concedió la suspensión provisional solicitada.

De acuerdo con la orden del juzgado, difundida por el Consejo de la Judicatura Federal, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) deberá abstenerse de dictar resolución o laudo este sábado acerca de la terminación de las relaciones laborales entre el SME y LFC.

Al respecto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sostuvo que la suspensión provisional no afecta el procedimiento de terminación de relaciones de trabajo que se tramitan en la JFCA ni el proceso de liquidación voluntaria.

Aseveró que la medida provisional no impide que la audiencia programada para este sábado se celebre en todas sus etapas hasta cerrar la instrucción. Lo único que no deberá hacer la junta –agregó– es dictar la resolución de fondo en tanto el juez no resuelva sobre la suspensión definitiva, el viernes 6 de noviembre.

Abogados del SME afirmaron que la suspensión beneficia a cada trabajador que haya interpuesto el amparo, por lo que no debe haber declaración de terminación de relación laboral mientras no se resuelve el amparo de fondo, relativo a la constitucionalidad del decreto presidencial.

Guillermina Coutiño Mata, titular del juzgado primero del centro auxiliar de la primera región, notificó al SME y a sus integrantes que admitió a trámite la demanda de amparo presentada por sus representantes legales y por trabajadores de LFC contra actos del Presidente de la República y otras autoridades, consistentes en la emisión del decreto que declara la extinción de la empresa.

Se determinó conceder la suspensión provisional para que aun cuando continúe el procedimiento iniciado con la presentación del aviso de terminación de la relación colectiva de trabajo, del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de liquidador de LFC, la JFCA se abstenga de dictar resolución en el procedimiento laboral.

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Sugiere a la cúpula del tricolor nuevo lema para su partido: El que no transa no avanza

Condena AMLO que en plena crisis el PRIAN apruebe el alza de gravámenes

Se congratula porque legisladores de PRD, PT y Convergencia se opusieron a esos impuestos

Ciro Pérez Silva
Enviado


Santa María Lachixío, Oax., 30 de octubre. Andrés Manuel López Obrador condenó que en este momento de crisis económica y con el pueblo sumido en la pobreza, los irresponsables de la oligarquía, su gobierno y sus dos partidos, PRI y PAN, estén aumentando impuestos.

Recordó que apenas la semana pasada los diputados de ambos partidos aprobaron el incremento y la creación de gravámenes, y ayer, en el Senado, los mismos legisladores del PRI que decían estar en contra de aumentar la carga impositiva al pueblo de México “al final, junto con los del PAN, se pusieron de acuerdo, como sucede siempre.

“Desde aquí le mando un recado al jefe del PRI, Carlos Salinas de Gortari; a Enrique Peña, a Beatriz Paredes, a Francisco Rojas y a Manlio Fabio Beltrones: que ya dejen de simular, de mentir. Que le cambien el nombre a su partido, que ya no se llame Partido Revolucionario Institucional sino partido de la transa institucional, y que su nueva lema sea El que no transa no avanza. Eso es lo que les recomiendo, que ya dejen de estarle mintiendo a la gente.”

Falsas promesa de campaña

Molesto, López Obrador enfatizó que hace cuatro meses, en plena campaña, los candidatos de PRI y PAN le aseguraban a la gente, al pedirle su voto, que se opondrían a la creación de nuevos impuestos y al aumento de los existentes, “pero lo primero que hicieron al llegar a la Cámara de Diputados fue levantar la mano para aprobar los incrementos. Ya ni siquiera se puede hablar del PRIAN, ahora nos debemos referir a la alianza de esos partidos como el Patán”.

El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal se congratuló de que nuevamente los legisladores de PRD, PT y Convergencia –que integran el Frente Amplio Progresista– se opusieran a esta nueva infamia, a este nuevo golpe a la economía popular, incluso tomando la tribuna en la Cámara de Diputados.

Aseguró que las personas que integran el movimiento que encabeza vamos a seguir siendo consecuentes, como los legisladores, vamos a seguir luchando para defender al pueblo para no traicionarlo nunca.

López Obrador inició este viernes su gira por los municipios de usos y costumbres en Santa María Zaniza, un pueblo donde los niños y los ancianos, cuando tienen tos y calentura no hay quien los atienda, porque hace tres meses la clínica está cerrada y sin médico.

También existe un conflicto agrario con el municipio vecino de Amoltepec, señaló, que se ha prolongado más de 20 años. De ambas cosas el gobierno de Ulises Ruiz está al tanto y les ha hecho saber la clave para resolverles sus problemas: que comuneros y ejidatarios de Zaniza le entreguen la mina que está en sus tierras.

El tabasqueño les dijo: No cedan a chantajes, el conflicto agrario y la falta de un médico que los atienda son cosas distintas. Ustedes son los dueños de la mina, ustedes son los que mandan y es obligación del gobierno atender sus demandas.

La problemática de la concesión de grandes extensiones de tierra para la explotación minera se repite en varios municipios de la entidad, explicó, porque “esta banda, esta oligarquía que manda en el país, se ha beneficiado con las concesiones que entregaron Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox.

Han entregado ya 22 millones de hectáreas en todo el país, que equivalen a más de dos veces el territorio total de Oaxaca, y a eso nos oponemos, porque no queremos que unos cuantos, nacionales o extranjeros, sigan saqueando el país. Hay muchos ejidatarios que ni siquiera saben que sus tierras ya fueron concesionadas.

Recordó que el año pasado el movimiento que encabeza logró detener la privatización del petróleo, y respecto de las minas, también estamos luchando y están luchando muchos mexicanos en otros municipios.

Entre estas luchas destacó la del cerro de San Pedro, símbolo del escudo de San Luis Potosí, que está concesionado a una minera canadiense.

El presidente municipal se opuso, durante el gobierno de Vicente Fox, a la explotación minera en esas tierras y murió misteriosamente con un disparo en la nuca. El dictamen oficial señaló que se trató de un suicidio. Luego obligaron a su hijo a firmar para continuar la explotación de la mina, y ahí está la minera canadiense haciendo lo que no puede hacer en su país, sacando oro sin pagar impuestos, contaminando las aguas y destruyendo el medio ambiente.

Insistió en que el movimiento nacional en defensa de la economía popular y la soberanía nacional seguirá luchando para que haya un cambio en la vida pública del país: vengo a decirles que no pierdan la fe: somos millones a escala nacional y ya empezó a cambiar la mentalidad del pueblo, y cuando ésta cambia, cambia todo.

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Decidirán escuela por escuela el respaldo al paro nacional

Amplia participación en asamblea estudiantil en defensa del SME
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Momento de la asamblea de estudiantes solidarios con el SMEFoto Yazmín Ortega Cortés
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Sábado 31 de octubre de 2009, p. 9

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) convocó a cientos de estudiantes de instituciones públicas de educación superior del país, quienes –como no lo hacían desde hace varios años– volvieron a debatir y confrontar ideas en una asamblea masiva.

Alumnos del Instituto Politécnico Nacional, de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana, Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Benemérita Autónoma de Puebla, Michoacana, Autónoma de la Ciudad de México, Autónoma de Morelos, así como del Colegio de Bachilleres, la Escuela Nacional de Maestros, la Preparatoria Popular y otras instituciones, acordaron brindar apoyo total a los electricistas.

Durante la primera asamblea nacional del movimiento estudiantil, efectuada ayer en el auditorio de la sede del SME, los universitarios concluyeron realizar jornadas de lucha el 4 de noviembre. Sin embargo, no hubo consenso sobre qué acciones ejecutar, por lo que decidieron que cada escuela o facultad las votará en asamblea.

También pactaron que durante la asamblea del 5 de noviembre –convocada por el SME–, en la que participarán organizaciones y sindicatos, el movimiento estudiantil en su conjunto propondrá que el paro nacional en apoyo a los electricistas se realice 11, 12 o 13 de noviembre.

Los estudiantes advirtieron que independientemente de si se acepta o no esa propuesta, al interior de las casas de estudios públicas del país se impulsará un paro de actividades en alguna de esas tres fechas. Sin embargo, señalaron que el paro no se efectuaría en las escuelas cuyas asambleas no lo aprueben.

Otro de los acuerdos es que este sábado acompañarán a la dirigencia del SME a la audiencia citada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la que se decidirá sobre la terminación de relaciones laborales con la empresa Luz y Fuerza del Centro.

La pluralidad de opiniones se reflejó a lo largo de casi seis horas de debates. Ejemplo de ello fueron algunas de las propuestas que no se aprobaron, como la de realizar una marcha estudiantil el 5 de noviembre o la de bloquear calles en diversos puntos del país.

SME, aguanta, el estudiante se levanta, ¡Unidad, unidad!, fueron algunas de las consignas que se escucharon en un atestado auditorio.

Dirigentes del SME, como el secretario del exterior del gremio, Fernando Amezcua, presidieron la mesa de asamblea. Propusieron al estudiantado nombrar un delegado por plantel para futuras discusiones, así como elegir a un representante por universidad a fin de que el movimiento universitario tenga voz en la asamblea nacional del próximo día 5.

Acordaron realizar una segunda asamblea estudiantil el 10 de noviembre, en la que entre otros temas se informará qué escuelas y facultades aprobaron el paro de actividades entre 11 y 13 del próximo mes.

Los jóvenes que asistieron a la sede del SME reiteraron su apoyo a la lucha del gremio, su rechazo al decreto gubernamental de liquidación de LFC y reiteraron que es un hecho que los universitarios estarán presentes en el paro nacional.

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Buscan un esquema de análisis similar al de la guardería ABC

Pedirán electricistas a la Corte que integre una comisión especial revisora
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 31 de octubre de 2009, p. 8

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) solicitará el martes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que integre una comisión especial que analice el decreto por el que desapareció Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Después de 20 días de que fuerzas federales ocuparon LFC –y se dio la orden de liquidarla–, los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) privilegian la vía jurídica (amparos) contra el decreto y pretenden que el Poder Legislativo revise el saqueo de documentos en la empresa, especialmente en el ámbito de la contraloría e inventarios.

Gestionarán también que la SCJN analice su caso en un esquema similar al de la comisión creada para el incendio de la guardería ABC, en Sonora –donde murió medio centenar de niños–, o un grupo como el que revisó las violaciones constitucio- nales en perjuicio de la periodista Lydia Cacho.

En conferencia de prensa, el dirigente del SME, Martín Esparza, señaló que lo que piden es que, por moral, la Corte haga un pronunciamiento de manera oficiosa, porque lo único que buscamos es que se respeten la Constitución y las leyes, para tener un país que permita mantener la paz sobre los problemas graves.

Los sindicatos –agregó– no somos el problema, somos parte de la solución.

Respecto a la promoción de inconstitucionalidad del decreto de extinción de LFC del pasado día 11, Esparza se refirió al proceso de 1989, cuando el Congreso autorizó el cambio de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a un organismo autónomo, a partir de 1994. Sin embargo –señaló–, hoy el gobierno federal pretende suspender las relaciones laborales mediante un decreto administrativo.

El SME solicitará a la Cámara de Diputados que llame a comparecer a todos los funcionarios que firmaron el decreto. En especial, busca que los legisladores citen al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), Eduardo Andrade, para que explique cómo es posible que primero se liquide a los trabajadores de LFC y luego se les dé derecho de audiencia.

Este sábado está programada una audiencia en la JFCA para decidir sobre la terminación de la relación laboral (colectiva e individual) entre LFC y el SME, organización a la que están afiliados más de 60 mil trabajadores –44 mil en activo y el resto jubilados.

“Es una atrocidad. Eso de que ese señor se atreva a darnos el laudo (del fin de la relación laboral) violentando el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo y el contrato colectivo (…) ¡significa regresar 100 años respecto a los derechos laborales!”, dijo.

El SME advirtió que el contrato colectivo está vigente, de ahí que procedería –ante la liquidación de LFC– la recontratación de todos en calidad de patrón sustituto y el pago de salarios caídos.

Este viernes, la dirigencia sindical, encabezada por Martín Esparza, acudió a la Cámara de Diputados en busca de apoyo, con el propósito de que una comisión revise la inconstitucionalidad del decreto presidencial de LFC del pasado día 11.

Entre las gestiones para denunciar lo que consideran violaciones graves a las garantías básicas de los electricistas, también acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Además promoverán denuncias en instancias como la Organización Internacional del Trabajo y la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Energía.

Acerca del apoyo que ha recibido el SME, incluidos grupos como el Ejército Popular Revolucionario, la otra campaña, intelectuales y académicos, Esparza opinó que todos son bienvenidos.

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Los puntos sobre las íes
Helguera

Aquí a los ricos hay que pagarles, ironiza Pablo Gómez al aprobarse la Ley de Ingresos

Avala el Senado alzas a IVA e ISR; mantiene privilegios a consorcios

Disminuye el porcentaje que grandes grupos empresariales deben pagar por impuestos diferidos

Gustavo Madero felicita a los integrantes de su bancada por apoyar a nuestro gobierno

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Parte de la bancada panista durante una de las votaciones de ayer en el SenadoFoto José Antonio López
Andrea Becerril y Víctor Ballinas

El Senado aprobó anoche la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal, durante una larga sesión, en la que el PAN y el Verde (y el PRI pese a su abstención en un caso) avalaron incrementar a 16 por ciento el impuesto al valor agregado (IVA), elevar en dos puntos el impuesto sobre la renta (ISR), mantener la retroactividad de la consolidación fiscal, pero disminuir el porcentaje que los grandes consorcios deben pagar por impuestos diferidos.

La discusión más ríspida y prolongada se dio en torno a lo que legisladores perredistas, petistas y de Convergencia consideraron como la decisión de mantener los privilegios fiscales para los 422 grupos empresariales más poderosos del país, mientras se cobra a los que ya pagan impuestos.

Aquí a los ricos hay que darles estímulos, pagarles. El poder político se arrastra frente a ellos, advirtió el senador del PRD Pablo Gómez, mientras el coordinador de su bancada, Carlos Navarrete, reclamó desde tribuna al panista Gustavo Madero que a última hora hubiera cambiado su postura para sumarse al PRI y beneficiar a los hombres del dinero.

Navarrete advirtió que ello significa que el Presidente de la República abdicó ante los poderes fácticos del país, toda vez que, contra su discurso de los últimos dos días de que los grandes empresarios paguen los impuestos que les corresponden, en el Senado su bancada vota en sentido contrario.

En cambio, aprobar el aumento de 16 por ciento al IVA llevó menos de media hora, ya que ni priístas ni panistas subieron a tribuna y sólo escucharon impasibles las críticas de la oposición. Dante Delgado (Convergencia) advirtió que con ese gravamen se provocará más inflación y se agravará la capacidad de consumo de la población de menores ingresos.

El coordinador del PT, Ricardo Monreal, dijo que es una pena que PRI y PAN, en lugar de pensar en la población, sólo estuvieran preocupados en evitar los costos políticos de esa medida y leyó declaraciones de candidatos a diputados del tricolor, quienes en julio pasado durante sus campañas electorales ofrecieron no permitir más impuestos.

Carlos Navarrete denunció la intervención indebida de los gobernadores, y advirtió que la votación en torno a ese gravamen mostrará si somos consecuentes con los mexicanos que nos dieron su voto para llegar aquí o no lo somos.

A su vez el también perredista Tomás Torres sostuvo que el incremento de 15 a 16 por ciento en el IVA es inconstitucional, pues no hubo una iniciativa de ley específica, porque en la Cámara de Diputados se modificó el proyecto de Calderón, sin presentar una nueva iniciativa.

Tal como habían acordado, los priístas se abstuvieron de votar el alza al IVA. Pero no sólo eso, la mayoría de los integrantes de la bancada salió del salón de sesiones y sólo permanecieron en el recinto ocho legisladores.

Por ello el IVA fue sólo aprobado por la bancada de Acción Nacional y algunos senadores del Verde. La votación final fue de 53 en favor, 28 en contra y ocho abstenciones.

Los senadores de PRI y PAN votaron juntos en el que ayer fue el tema más polémico, la consolidación fiscal. Ricardo Monreal y Pablo Gómez se enfrentaron a legisladores del tricolor y de Acción Nacional, que defendieron con vehemencia la decisión de modificar la minuta de la Cámara de Diputados en torno a la Ley del ISR.

El perredista insistió en que mientras el presidente Calderón retomó ya el discurso de Andrés Manuel López Obrador y pide que los consorcios paguen los impuestos que les corresponden, ustedes aquí quieren ir por otra ruta y seguir con los regímenes de privilegio.

Eloy Cantú Segovia, del PRI, y el panista Fernando Elizondo Barragán propusieron que se eliminara la retroactividad de la consolidación fiscal propuesta por el Ejecutivo, y que los diputados mantuvieron, sólo con una disminución en los porcentajes.

Argumentaron que disminuir de 10 a cinco años el periodo en que los grupos empresariales deben pagar los impuestos que adeudan tiene efectos retroactivos, y va contra la Constitución, además de que ocasionará amparos y pone en riesgo la estabilidad de la planta productiva.

Ello se desechó y lo que se aprobó por 71 votos a favor, 30 en contra y tres abstenciones, fue la propuesta del priísta Francisco Labastida, que consiste en disminuir de 40 a 25 por ciento el porcentaje de adeudo que los empresarios deben pagar en el primero de los cinco años que tienen de plazo. Después los porcentajes serán de 25, 20, 15 y 15, respectivamente.

Labastida sostuvo que es arriesgado obligar a las empresas a pagar de golpe 40 por ciento de adeudos que originalmente eran a cubrir en diez años, pues les causará problemas y se pueden perder 200 mil empleos. Además, insistió, también puede darse el caso de que algunas quiebren o sean adquiridas por consorcios extranjeros.

Monreal refutó tales argumentos y dijo que la propia Secretaría de Hacienda, mediante el Servicio de Administración Tributaria, difundió que los 422 grupos empresariales tuvieron ingresos el año pasado por cerca de 5 billones de pesos y sólo pagaron el 1.7 por ciento de impuestos.

No es justo, insistió, que las 72 mil pequeñas y medianas empresas instaladas en el país sí cumplan con sus obligaciones tributarias, paguen 28 por ciento de ISR y otros gravámenes.

Navarrete, en tanto, se confrontó con Madero. Le pidió explicaciones, ya que, denunció, todavía el jueves por la noche el panista se comprometió a votar junto con el PRD que se mantuviera el régimen de consolidación en 40 por ciento el primer año.

Madero respondió que se trataba de una acusación telenovelesca. Al bajar de tribuna, Navarrete le fue a reclamar hasta su escaño y el panista balbuceó que, según datos que le dio la Secretaría de Hacienda, es prácticamente lo mismo que paguen 40 que 25 por ciento.

Otro perredista, Gómez Álvarez, impugnó ante el pleno esa aseveración. Dijo que la propuesta de Calderón de que los empresarios paguen 60 por ciento de los adeudos diferidos en 2010, equivale a 27 mil millones de pesos; el 40 por ciento votado por los diputados son 18 mil millones de pesos y lo que acordaron PRI y PAN, 11 mil millones.

El priísta Manlio Fabio Beltrones, en una intervención inicial, explicó que decidieron dejar la retroactividad en la consolidación fiscal y que sea la Suprema Corte la que decida si es constitucional o no.

A su vez, Francisco Labastida defendió la postura de su partido en torno a ese paquete fiscal que ayer aprobaron. Lo vemos sólo como el mal menor, pero tenemos que actuar, que evitar males mayores.

El panista Madero sostuvo que de no aprobarse esa miscelánea fiscal la crisis será peor que la de 1995, y felicitó a los integrantes de su bancada por apoyar a nuesto gobierno.

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Provocación y golpes a la economía y al país
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Acontrapelo de las numerosas apelaciones al sentido común, en contra de los señalamientos de diversos expertos económicos y en colisión con los intereses nacionales más evidentes, la coalición de facto que ejerce el gobierno aprobó ayer en el Senado de la República una miscelánea fiscal que incrementa en distintas proporciones los impuestos sobre la renta (ISR), al valor agregado (IVA) y a depósitos en efectivo, entre otros.

Con esas medidas se consumó un golpe a la economía popular y a las finanzas nacionales: por un lado, se trasladó a los sectores mayoritarios, que son los desfavorecidos de siempre y los más afectados por la crisis del momento, el costo de un aparato gubernamental ineficiente y frívolo; por el otro, se dejaron a salvo los privilegios de una cúpula empresarial que, como lo reconoció esta misma semana el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, no paga impuestos o bien los paga en proporciones mínimas y en condiciones de absoluto privilegio; asimismo, se eludió la aplicación de medidas de austeridad reales y honestas, manteniendo niveles de gasto que son injustificables en cualquier circunstancia, pero que en una coyuntura de crisis económica como la presente, constituyen un agravio y una burla al conjunto de la sociedad.

A la manifiesta inmoralidad de las alzas impositivas aprobadas ayer por el Senado, y cuya inspiración proviene de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe agregarse la improcedencia y el contrasentido de aumentar gravámenes en una situación recesiva como la que vive México, que es el país del continente que más ha resentido la crisis mundial y en el que ésta adquiere una duración más prolongada y destructiva en términos sociales.

En efecto, como lo han señalado diversos economistas destacados, los incrementos impositivos lastran al conjunto de la economía, contribuyen a prolongar y profundizar las secuelas de la recesión e inciden en la postergación de la deseada reactivación. No es casual que la mayor parte de los países industrializados hayan optado, ante las actuales dificultades, por incrementar los déficit fiscales y por lanzar, desde el sector público, estrategias de apoyo al empleo, la inversión y el consumo, es decir, exactamente lo contrario que lo hecho por el grupo gobernante de nuestro país.

La votación senatorial satisface, en suma, los desmedidos y depredadores apetitos presupuestales de gobernantes estatales y de la Federación, así como la impunidad fiscal de que disfruta, desde hace mucho tiempo, un puñado de grandes empresas, pero atenta contra la estabilidad política y la gobernabilidad, toda vez que introduce factores de irritación social insoslayables en un contexto en el que confluyen, además, el desgaste institucional, la erosión del estado de derecho y el déficit de legitimidad que viene arrastrando, de origen, la actual administración. En esa circunstancia, el paquetazo impositivo aprobado ayer en el Senado de la República por la mayoría gobernante equivale a una monumental provocación.

Paquetazo fiscal
Fisgón

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Desfiladero

Hazañas calderónicas

Jaime Avilés
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“Como a las ocho de la noche me hizo la parada frente al Metro San Cosme un señor con dos chavitos, como de 15 o 16 años. Luego supe que eran sus hijos. A las pocas cuadras el señor sacó una pistola y me dijo que me estacionara en una calle oscura. Me obligó a acostarme en el suelo; uno de los chavitos me quitó mi cinturón y me amarró las manos por detrás de la espalda, mientras el otro me ponía un cuchillo aquí en la garganta. Ya después me vendaron los ojos. No, no fue un secuestro exprés: desde esa hora y hasta las cuatro de la mañana anduvimos repartiendo cocaína; fuimos a varias vecindades de Tepito, a otros lugares como por La Merced, yo nomás oía y sacaba deducciones. El señor manejaba mi taxi y sus hijos se bajaban a entregar la droga y a cobrar el dinero. Ya casi era de día cuando me aventaron del vocho como un costal y se fueron. Hacía mucho frío y sonaba ruido de agua. No sé ni cómo me pude desamarrar, pero me quité la venda y me dí cuenta de que si hubiera tratado de levantarme así, a ciegas, me habría caído y me habría ahogado, porque me dejaron juntito al borde de una presa en el estado de México. Si esa presa hablara, quién sabe cuántos cadáveres diría que tiene allá dentro...” (Testimonio de un taxista del Distrito Federal, acerca del secuestro que sufrió en marzo de 2007, en el contexto de la guerra calderónica contra el narcotráfico.)

II

Los campesinos deben aprender del modelo del narcotráfico. [Los mafiosos] identifican su mercado y crean su logística. ¡Ellos sí saben atender los mercados!. Jeffrey Max Jones Jones, inventor, mercenario, abigeo, agente doble, cantante de serenatas, aviador y jugador (que) conduce viajes espaciales, administra gobiernos, sofoca insurrecciones, arregla carreras de caballos, deroga impuestos, doma tigres, y castra dinosaurios, según su tarjeta de presentación personal. Hasta el jueves era subsecretario de Fomento a los Agronegocios de la Secretaría de Agricultura del gobierno de Felipe Calderón.

III

En febrero de 2002, en la Unidad de Cardiología del Centro Médico Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quedó terminada una sala de terapia intensiva para seis pacientes de trasplante de corazón, otra de hospitalización para ocho más y un área de oficinas. Las flamantes instalaciones no se inauguraron en ese momento porque no había dinero para contratar personal. Corría el sexenio de Vicente Fox y México estaba produciendo los mayores excedentes petroleros de su historia y ganando, por ese concepto, más millones de dólares que nunca, pero la sala de trasplantados siguió sin estrenarse.

Terminó el periodo de Fox, comenzó el de Calderón y la sala continuó cerrada. En febrero de 2009, el doctor Alfonso Alberto Cerón Hernández, coordinador de las Unidades Médicas de Altas Especialidades (UMAE) del Siglo XXI, nombró director general de Cardiología a su amigo, el doctor Ricardo Jáuregui. Éste, ni tardo ni perezoso, vio una buena oportunidad de negocio y ordenó desmantelar los techos y muros de la sala para trasplantados y volver a construirlos, pero a un costo cinco veces mayor que el original, denuncian a esta columna médicos de ese nosocomio que piden el anonimato por temor a ser despedidos.

Jáuregui ha montado un coto de poder, en el que controla a los proveedores y a los peritos que supervisan y autorizan las compras, y todos se reparten comisiones que resultan de los precios que inflan. Al solicitarles un ejemplo concreto, los médicos subrayaron que recientemente Jáuregui adquirió dos monitores telemétricos (o sea, que permiten verificar la temperatura, la presión y el ritmo cardiaco de un paciente a larga distancia) para la sala de terapia intensiva de la unidad de Coronarias.

En el mercado, cada monitor tiene un precio de 100 mil pesos; sin embargo, añadieron los denunciantes, Jáuregui autorizó que se pagaran 300 mil por cada uno, y lo peor es que uno era de segunda mano. Esto, por desgracia, concluyeron, ocurre diariamente: esperamos que Daniel Karam (el director general del IMSS) ordene una investigación exhaustiva y detenga el saqueo.

IV

Hoy, desde las 10 de la mañana, con el apoyo de las organizaciones Pro Tlalpan, Salvemos Tlalpan, Amigos del Bosque de Tlalpan y vecinos del Ajusco Medio, se efectuará una clausura simbólica de la gasolinera que en el número 4097 de la avenida Insurgentes Sur construye el empresario José Talavera Ugalde, miembro de la familia que hace muchos años posee allí los restaurantes Don Enrique y Ponte Vecchio.

La movilización se llevará a cabo en solidaridad con los vecinos de la unidad habitacional Tlalpan 2, un conglomerado de 120 viviendas en las que habitan sobre todo catedráticos de la UNAM, médicos, profesionistas de otras disciplinas y jubilados. Para ellos, la instalación de una gasolinera con tres tanques subterráneos de 100 mil litros cada uno, que dará servicio 24 horas al día, constituye, en primer lugar, una amenaza a nuestra seguridad y a nuestra salud, una agresión al medio ambiente, una violación a la Ley de Participación Ciudadana y una garantía de que el negocio causará embotellamientos continuos en un tramo de Insurgentes, de por sí estrecho debido al Metrobús, dijo a esta columna José Luis Suárez, uno de los vecinos del conjunto, quienes decidieron organizarse como la APPO, es decir, sin líderazgos protagónicos.

Suárez añadió que, por ley, ninguna gasolinera puede estar a menos de 15 metros de una vivienda, y sin embargo, ésta va a estar separada de nuestras casas apenas por un muro de 25 centímetros. Además, para qué quieren un depósito de 300 mil litros, que es una bomba de tiempo, si en la gasolinera Leo, que está 800 metros más adelante sobre la misma avenida, el promedio semanal de ventas es de 40 mil litros. Hemos hecho ya varias peticiones a Marcelo Ebrard para que intervenga y ponga alto a esta obra que están construyendo en una zona donde hay viviendas, escuelas, comercios, hospitales y una estación del Metrobús.

Los vecinos, aseguró, estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para detener este atropello, y si el gobierno del PRD no nos toma en cuenta buscaremos el apoyo de otros partidos.

V

En la colonia Palmitas, en Iztapalapa, hace 19 días no hay luz. A diario se producen cinco bloqueos viales en esa delegación, donde vecinos desesperados por la falta de energía eléctrica no hallan otra forma de lograr que los atienda la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Cuando las protestas se dan en vialidades como la calzada Zaragoza, José Angel Ávila, secretario de Gobierno de Marcelo Ebrard, manda a los granaderos a golpear a la gente. Clara Brugada, titular provisional de esa demarcación, ha tenido que interponerse entre los gorilas y los inconformes para evitar la violencia. Por su parte, los técnicos de la CFE andan con la lengua de fuera, llegan a la capital desde el norte y el sur del país, y como no conocen los aparatos de Luz y Fuerza del Centro tardan en promedio cinco horas en arreglar un desperfecto que cualquier electricista del SME compondría en 20 minutos. ¿Y la huelga general para cuándo?

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BOLETÍN DE PRENSA

A los medios de comunicación,

A las comunidades: universitaria y politécnica,

Al pueblo de México:

La lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en contra del Inconstitucional e ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, se ha constituido en una demostración gigantesca de apoyo popular, magisterial, sindical y estudiantil. Ese apoyo, que va creciendo sin parar, a todo lo largo y ancho de nuestra República se está constituyendo en un peligroso escollo para el gobierno federal.

Nuestra juventud estudiosa, siempre tan generosa con las causas dignas y justas, se están desbordando en la solidaridad para el SME: recolectando víveres, distribuyendo volantes, organizando foros, realizando asambleas, cerrando vialidades, etc, etc. Para intentar contener y suprimir esas manifestaciones solidarias, diversas autoridades universitarias y politécnicas, están comenzando a reprimir a profesores y estudiantes que nos apoyan. Así, lo mismo de la Facultad de Filosofía y Letras, del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, en la Universidad Nacional Autónoma de México; de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa; en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en el Instituto Politécnico Nacional, entre otras escuelas se están presentando fenómenos de represión contra nuestros compañeros.

Pero son esfuerzos fallidos, este descontento no lo va a detener nadie, va creciendo en todos los sectores sociales, porque la justeza de nuestra lucha esta a la vista de todos, y solo se va a detener hasta lograr la salida de las fuerzas policiacas y militares de nuestros centros de trabajo, la derogación del decreto de extinción de nuestra empresa, la modificación de la política económica neoliberal y el cambio del régimen político excluyente y antidemocrático.

Vaya toda nuestra solidaridad y respaldo a las compañeras y compañeros, que están sufriendo en carne propia, la insensata represión de las autoridades ciegas e insensibles a los reclamos de Justicia, Libertad y Democracia. ¡Camaradas!, no están solos.

Fraternalmente

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”

México D.F. a 30 de octubre de 2009

Fernando Amezcua Castillo

Secretario del Exterior

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Decreto de extinción de la Presidencia de la República


Gilberto López y Rivas

Al margen un sello con el escudo nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos-Congreso Constituyente del Bicentenario y el Centenario.

RAMONA PATRIA, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto asienta: La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno,


y CONSIDERANDO


Que FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA se ostenta como presidente de la República en virtud del fraude electoral que tuvo lugar en el año 2006, consumado por sus cómplices y asociados en los tres niveles de gobierno, el Instituto Federal Electoral, los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Educación y otros auxiliares mayores y menores, todos ellos con el apoyo de los medios de comunicación y los sicarios de la información que controlan la llamada opinión pública; que para imponerse en el Poder Ejecutivo federal, el susodicho contó con la ayuda y protección de las fuerzas armadas, en especial, el Estado Mayor Presidencial, cuerpos policiacos varios y legisladores de todos los partidos, quienes se exhiben también falsamente como representantes del pueblo y de la nación; que durante los años que se ha padecido la presidencia ilegítima del varias veces mencionado, la situación del país, o de lo que queda de él, no puede ser más grave, en cuanto a los 70 millones de pobladores viviendo en la pobreza y unos millones más incluso en la miseria degradante e inhumana, mientras los que apenas sobreviven en trabajos precarios, mal pagados o en el empleo ocasional, se encuentran subsidiando a esa pequeña capa de privilegiados que se ha hecho del poder, el dinero, los bienes nacionales y del gobierno;


Que el que se dice comandante en jefe y hace alarde de insignias de águila y cinco estrellas en toda oportunidad, ha desplegado a las fuerzas armadas por todo el territorio nacional en misiones de seguridad pública que violentan el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, ha degradado a la institución armada aún más que lo logrado con la guerra sucia, la formación de grupos paramilitares y las represiones contra diversos sectores del pueblo mexicano, todo lo cual convierte al elemento castrense en un Ejército de ocupación y contrainsurgencia al servicio de los oligarcas;


Que, además, este mismo simulado comandante ha seguido la línea de los que ocuparon también el puesto que usurpa, de subordinar esas fuerzas armadas a las estrategias militares, policiacas y de los organismos de inteligencia de Estados Unidos, a través de ASPAN, Iniciativa Mérida, entre otros acuerdos y acciones pactadas de espaldas al pueblo mexicano que afectan gravemente la soberanía nacional y la viabilidad de México para desarrollarse como Estado-nación independiente, y configurando el ya mencionado –con todo ello– presunto delito de traición a la patria y los que resulten;


Que, asimismo, y con base en atribuciones que no le corresponden, aun en su carácter de gobernante de facto, y siguiendo fielmente los dictados de la clase a la que sirve y de las corporaciones trasnacionales y financieras de las cuales es su ejecutivo local, ha llevado a la economía nacional al colapso, al nulo crecimiento económico, provocando mayor contracción del mercado interno, a la recesión, al crecimiento astronómico de la ilegal deuda externa, a la destrucción aun mayor de la planta productiva, la devastación del campo y al fin de la autosuficiencia alimentaria, provocando mayor migración de trabajadores, desempleo y afectando el nivel de vida de toda la población;


Que, en violación al artículo 123 de la Constitución, y siguiendo la política antilaboral de sus antecesores, recientemente transgredió la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con el solo propósito de desaparecer la relación laboral y con ello la oposición de una de las más antiguas organizaciones gremiales de la República, con vías a la privatización de la energía eléctrica, lanzando a la calle a miles de trabajadores y exponiendo a sus familias a un futuro de carencias e incertidumbres, he tenido a bien expedir el siguiente DECRETO:


Artículo 1. Se extingue la Presidencia de la República por convenir al erario y al bienestar de todos los mexicanos, conservando su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación de sus trabajadores.


Artículo 2. La liquidación de la Presidencia de la República estará a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Mal Habidos del Congreso Constituyente.


Artículo 3. Se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de la Presidencia de la República y las indemnizaciones se harán conforme a lo dispuesto por el contrato colectivo de trabajo, si lo hubiera; la Ley Federal del Trabajo contra el capital y demás ordenamientos aplicables.


Artículo 5. El Congreso Constituyente garantiza el pago de jubilaciones a los trabajadores de Presidencia de la República y suspende las jubilaciones, prestaciones, y demás prerrogativas otorgadas a los ex presidentes, espurios o supuestamente constitucionales, así como la expropiación de todos los bienes acumulados por ellos, familiares, amigos y compadres.


Artículo 6. La llamada residencia oficial de Los Pinos se destinará para el museo de El Mal Gobierno, donde los ex presidentes que no estén en prisión trabajarán obligatoriamente como guías, en reparación del daño causado a la República.


TRANSITORIO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario La Jornada.
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No se abrirán puestos para profesores y se estancará la cobertura en bachillerato

Plan de gasto en educación, 6.7% menor al de 2009, acepta la SEP

Si se toman en cuenta los ajustes de este año prácticamente se iguala el presupuesto solicitado, dice Lujambio al reunirse con diputados

El traspaso de plazas, opción para cubrir necesidades

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Cerca de 500 alumnos realizaron ayer una marcha de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros a la SEPFoto José Carlo González
E. Méndez y R. Garduño
Periódico La Jornada
Sábado 31 de octubre de 2009, p. 34

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, reconoció que la propuesta de gasto del Ejecutivo para el próximo año en ese sector representa una disminución de 6.7 por ciento en términos reales al aprobado por el Congreso para 2009.

Al reunirse con diputados de las comisiones de Presupuesto y de Educación para solicitar ampliaciones de fondos, el funcionario admitió que el año próximo no se abrirán plazas para profesores en el país ni se avanzará en la ampliación de la cobertura de educación media superior, y eso nos inquieta.

Explicó que la propuesta de Felipe Calderón a la Cámara de Diputados sobre el gasto de la SEP para el próximo año asciende a 196 mil millones de pesos, cuando lo aprobado por la Cámara de Diputados para 2009 fue de 200 mil 930 millones 557 mil 665 pesos.

Lujambio dijo que la propuesta del Ejecutivo para 2010 representa una disminución de 6.7 por ciento en términos reales respecto del nivel aprobado por esta cámara para 2009; sin embargo, recordemos que hubo un importante recorte en el ejercicio.

Según Lujambio, si lo planteado por Calderón se compara con el presupuesto que realmente ejercerá la SEP, luego del recorte que le aplicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entonces la reducción real es de 0.7 por ciento.

Y agregó: De manera que, de acuerdo con los techos presupuestales que estableció Hacienda en el proyecto 2010, estamos prácticamente igualando el presupuesto ajustado, recortado, del año fiscal 2009.

En el rubro de plazas, refirió que la secretaría solicitó mil 340 millones de pesos para la creación de 16 mil puestos de trabajo para docentes de educación básica, secundaria, media superior y superior. No obstante, dijo, el artículo 20, fracción II del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 determina, como medida de austeridad, no crear nuevos puestos de trabajo en el sector público, por lo que se buscará cubrir las necesidades con el traspaso de plazas.

Lujambio admitió también que persiste un rezago en la cobertura de la educación prescolar, a pesar de que es obligatoria, y un déficit de atención de 5 por ciento en secundaria, de 54 por ciento en media superior, y no se diga en superior, aun cuando la meta del gobierno de Calderón era alcanzar 30 por ciento de atención de la demanda.

Detalló que la deficiencia en educación media superior no ha podido ofrecer a los jóvenes un espacio para estudiar, sobre todo por el recorte que aplicó Hacienda, pero esa perspectiva no mejorará para el próximo año.

Estamos a buen ritmo en la meta; estamos en 64 por ciento de cobertura. Sin embargo, el año pasado tuvimos un déficit de mil 700 millones de inversión en infraestructura que no se resarce en 2010, dijo.

El titular de la SEP refirió que si bien existe un rubro en el proyecto Expansión de la oferta educativa, con una partida de mil 828 millones de pesos, lo que formalmente aparece para expansión de la oferta educativa no es exactamente para eso.

En realidad, aceptó, se destinará a la regularización y homologación salarial del Colegio de Bachilleres y de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos.

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El Congreso Nacional decidirá si el presidente constitucional es restituido o no

Gobierno de unidad y reconciliación, para poner fin a la crisis hondureña

El acuerdo que se alcanzó prevé que el 5 de noviembre se constituiría la administración interina

Teme el gobernante de facto que la restitución desate una campaña de persecución en su contra

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Manuel Zelaya (centro) y simpatizantes celebran en la embajada de Brasil la solución de la crisis políticaFoto Reuters
Afp, Dpa y Reuters

Tegucigalpa, 30 de octubre. Representantes del presidente constitucional Manuel Zelaya y del régimen de facto de Roberto Micheletti firmaron hoy un documento que pone fin a la crisis política hondureña, y más tarde entregaron el acuerdo alcanzado al Congreso Nacional, el cual determinará si el mandatario es restituido o no en el poder después de su expulsión por los militares el 28 de junio.

El calendario previsto para el cumplimiento del Acuerdo Tegucigalpa-San José-Diálogo de Guymuras (el nombre del país antes de la llegada de los españoles), como se le denominó, prevé que para el 5 de noviembre se haya constituido el gobierno de unidad y reconciliación nacional, según el texto, que entró en vigor este mismo viernes tras su firma por las partes.

Me complace anunciar que hace unos minutos autoricé a mi equipo negociador firmar un acuerdo que marque el inicio del final de la situación política del país, señaló Micheletti. Sin embargo, también expresó su temor de que la restitución de Zelaya desate una campaña de persecución en su contra y de los miembros del gabinete golpista.

Por su parte, el presidente Zelaya se declaró optimista moderado por el acuerdo pactado. Es un primer paso para concretar mi restitución, que tendrá que sufrir varios momentos. Pero mientras no se haya establecido su restitución, dijo, va a seguir refugiado en la embajada de Brasil.

Dijo confiar en que el régimen de facto cumpla con los términos del acuerdo, que se alcanzó tras la presión estadunidense, y advirtió que Honduras ha pagado una alta cuota de sufrimiento y fractura.

Zelaya apuntó que el próximo presidente que salga de las urnas en noviembre debe entender que el retorno de la violencia y las armas no debe ser aceptado para resolver problemas políticos, y que la democracia necesita de una permanente renovación.

Por último, agradeció a la comunidad internacional, en particular a Estados Unidos, a la Organización de Estados Americanos (OEA), a Latinoamérica y Europa, que presionaron para restablecer la democracia” en Honduras.

El acuerdo también prevé el traspaso de poder el 27 de enero de 2010 al presidente que resulte electo en los comicios del 29 de noviembre, y para el primer semestre del próximo año quedará también instalada la Comisión de la Verdad, que tendrá que investigar los acontecimientos que ocurrieron antes, durante y después del golpe de Estado contra Zelaya.

El delegado de la OEA, Víctor Rico, dijo que no hay un plazo para el pronunciamiento del Congreso. Pero confió en que los legisladores tendrán plena comprensión de la importancia y de la urgencia política” del acuerdo.

Además, anunció que en los próximos días se conformará la comisión de verificación que va a coordinar la OEA, en la que participarán dos extranjeros y dos hondureños, que constituye uno de los puntos del acuerdo en relación con el cumplimiento de los compromisos pactados por ambas partes.

Ya está el acuerdo totalmente firmado, indicó el representante de la delegación de Zelaya, Rodil Rivera, al llegar a las puertas del Congreso para entregar el documento a los congresistas, seguido por cientos de seguidores del mandatario que celebraban.

Si bien el Congreso se encuentra en receso, el texto fue recibido por una secretaria de guardia y se informó que se tendrá que convocar a una sesión extraordinaria para abordar el tema, que sigue siendo controvertido porque además los congresistas antes de decidir deberán conocer la opinión de Corte Suprema de Justicia que, en su momento, avaló el golpe.

La negociadora de Micheletti, Vilma Morales, señaló que todavía falta fijar fecha para que los 128 diputados de la Cámara den su fallo definitivo que ponga fin a la crisis de cuatro meses, donde hasta el momento sólo 25 favorecen el regreso de Zelaya al poder.

Gente de Zelaya –como su asesor Carlos Eduardo Reyna– que lo acompañan en la legación de Brasil han empezado a decir que si el Congreso no favorece su restitución significará que no se llegó a acuerdo exitoso y que la comunidad internacional no reconocerá las elecciones del 29 de noviembre.

Otros puntos del acuerdo piden el fin de las sanciones a Honduras de la comunidad internacional, la renuncia de Zelaya a convocar a una Constituyente o reformar la Carta Magna, el rechazo a la amnistía política y la transferencia de la autoridad de los militares al tribunal electoral.

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Lula y Hugo Chávez, felices por el triunfo de la negociación

Beneplácito internacional por la solución
Afp, Dpa y Reuters

Río de Janeiro, 30 de octubre. Brasil expresó hoy su satisfacción por el acuerdo alcanzado en Honduras para poner fin a la crisis política desatada tras el golpe de Estado, y el presidente Luiz Inacio Lula da Silva manifestó su deseo de que el Congreso del país centroamericano finalmente restituya al presidente Manuel Zelaya para que presida las próximas elecciones.

El resto de los países latinoamericanos se sumaron a esta celebración, así como naciones de Europa, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Estados Unidos, al destacar el acuerdo pactado entre Zelaya y el régimen de facto que pone a Honduras camino hacia el restablecimiento del orden constitucional.

La secretaria estadunidense de Estado, Hillary Clinton, se congratuló con el pueblo de Honduras, así como con el presidente Zelaya y el señor Micheletti por lo que describió como histórico acuerdo logrado entre las partes en conflicto, que augura el fin de la crisis de cuatro meses, en declaraciones hechas desde Pakistán.

El subsecretario de Estado para Asuntos de América Latina, Thomas Shannon, que presionó en Tegucigalpa en la parte final para este acuerdo, advirtió que la aplicación será complicada pero que Micheletti y Zelaya se han comprometido a respetar la decisión del Congreso y les creo.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se dijo alentado por el acuerdo pactado en Honduras. Asimismo, España, Francia y la Unión Europea saludaron el documento hondureño.

En Washington, los países miembros de la OEA debatieron entre el júbilo y la cautela por el acuerdo alcanzado en Honduras, pero postergaron una asamblea general que debe levantar la suspensión de ese país del organismo, incluso para después de los comicios del 29 de noviembre.

Nicaragua y Venezuela fueron los dos únicos miembros que se manifestaron reticentes a celebrar el acuerdo, ya que primero debe darse la restitución de Zelaya.

No obstante, el presidente Hugo Chávez declaró que en Honduras pareciera que hay un horizonte abierto, y que las naciones latinoamericanas y del Caribe seguirán luchando y levantando las banderas de la democracia.