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Otro factor, las deudas millonarias de grandes usuarios, a quienes nunca se les cortó el servicio
Martes 3 de noviembre de 2009, p. 10
Desde diciembre de 2008 los integrantes de la junta de gobierno de Luz y Fuerza del Centro (LFC) –encabezada por la secretaria de Energía, Georgina Kessel– reconocieron que los rezagos de la empresa obedecían a la compra de energía cara a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al deficiente cobro a grandes usuarios, a los que se mantiene el servicio aun con deudas millonarias.
En el reporte de la cuarta sesión ordinaria de la junta de gobierno, la Secretaría de la Función Pública (SFP) avaló también las causas que mantenían el rezago en LFC.
Durante el primer semestre de 2008, LFC recibió subsidios del gobierno federal por un monto de 17 mil 447.8 millones de pesos, cantidad igual a la presupuestada y que se destinó en su totalidad al pago de energía eléctrica adquirida en la Comisión Federal de Electricidad
, se advierte en el punto seis de la minuta de la junta realizada el 5 de diciembre del año pasado.
En ese apartado del orden del día, los comisarios de la SFP destacaron los beneficios que traería para LFC el Convenio de Productividad 2008-2012, que firmarían a la brevedad los funcionarios del organismo y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
En ningún momento se colocó el gasto del contrato colectivo de trabajo como la fuente importante de pérdidas del organismo, declarado cerrado por decreto presidencial el 11 de octubre pasado.
Los comisarios de la SFP opinaron, respecto del informe de 2008, que las pérdidas provocadas por las altas tarifas que debía pagar LFC a la CFE, por la compra de energía en bloque, y los rezagos en cobranzas eran factores para atender como asuntos prioritarios para la recuperación de la empresa.
De igual forma, en el balance general correspondiente a enero-septiembre de 2008 se precisó que el pasivo a corto plazo se incrementó en 11 mil 613 millones de pesos, 118 por ciento más respecto de 2007, debido principalmente al incremento en la cuenta corriente con la CFE por 9 mil 24 millones de pesos
.
En tanto, los comisarios sugirieron que LFC realizara las gestiones correspondientes para que los recursos recuperados, en el contexto de un programa de reducción de pérdidas, se canalizaran a inversión, aunque fueron enfáticos en que los esfuerzos para la disminución de los adeudos históricos, así como el programa relativo a las notificaciones de corte y suspensión de servicio, no han fructificado de manera importante
.
Al mismo tiempo aprobaron los beneficios que traería la puesta en marcha del Convenio de Productividad entre el SME y el organismo, como forma eficaz de modernizar a la empresa y dar servicio eficiente a los habitantes del centro del país.
Los comisarios de la SFP señalaron que si bien LFC cumplió razonablemente
con el objetivo de suministrar el servicio de energía eléctrica a 6 millones 13 mil 931 usuarios registrados al 30 de junio de 2008, era necesario atender diversos indicadores, muchos relacionados con cobranzas: tan sólo los municipios debían entonces 5 mil 815.5 millones de pesos, cifra superior en 277.7 millones respecto a diciembre de 2007.
En la junta de gobierno de la empresa participan funcionarios de la CFE, de las secretarías de Energía (SE), Hacienda, Desarrollo Social y de Economía, así como la dirigencia del SME.
También están incluidos enviados de la SFP, auditores externos y toda la plantilla de altos funcionarios de LFC.
En la sesión en referencia, los informes presentados tenían la intención de atribuir la situación de la empresa a los costos laborales; de ahí que el dirigente sindical, Martín Esparza, tomó la palabra en diversas ocasiones para aclarar que el problema de la empresa no radicaba en el contrato colectivo. Incluso, dijo, se había presentado en el Congreso de la Unión un punto de acuerdo para revisar el caso de LFC, sus problemas financieros y la falta de generación. También destacó que si no se resolvía el problema de las compras a CFE, la empresa no reportaría avances, aun cuando aumentara la productividad.
El dirigente precisó: 75 por ciento del presupuesto de LFC se aplica al pago de compra de energía a la CFE
.
Desde ese momento, cuando ya se realizaban estudios para solicitar, en el futuro cercano, un permiso para brindar el servicio de telecomunicaciones (a través de la fibra óptica de LFC), se informó ante la junta de gobierno de los problemas para la operación de la misma, aun cuando se hacían esfuerzos en diversos sectores.
Por ejemplo, las centrales hidroeléctricas incrementaron, de enero a septiembre de 2008, la generación en 21.7 por ciento; la termoeléctrica Jorge Luque, 44.9, y las centrales de turbogás, 11.59 por ciento.
En cambio los funcionarios de LFC, encabezados por Jorge Gutiérrez Vera, ofrecieron explicaciones a la secretaria Georgina Kessel respecto de la imposibilidad de cobrar eficazmente a los usuarios morosos. Se precisó que de 310 notificados sólo se suspendió el suministro eléctrico a 117.
Sobre los servicios personales, el estado de resultados de LFC detalló algunas alzas, pero también disminuciones por concepto de salarios, ropa de trabajo, equipo y herramienta de seguridad y servicio médico.
Quizá por ello los funcionarios tomaron nota y se alertaron del aumento en la gravedad de los accidentes de trabajadores.
En cambio los gastos de operación fueron mayores en 81.8 por ciento.
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Mouriñismo fallido
Retórica sentimental
Agenda oscura
Panistas vengadores
de Estado.
El mouriñismo, si es que en algo que no fuera mercantil se hubiera llegado a concretar, es hoy solamente un estado de ánimo de Felipe Calderón, pues los miembros del frívolo círculo político-empresarial que en derredor del secretario de gobernación se formó han ido siendo remplazados o viven tal situación de ineficacia y grisura que en ningún sentido pueden ser considerados un grupo, una corriente o una ideología que subsistiera a la muerte de su fundador. Tan desvanecido está el supuesto capital político del nacido en Madrid, educado en Florida y avecindado en Campeche, que falló totalmente la desbocada pretensión felipista de entregar el gobierno sexenal de ese sureño estado a la familia del difunto, encabezada por el padre especializado en trocar en ganancia económica los asuntos políticos. El aparato administrativo federal asentado en Campeche fue volcado en favor de un candidato panista a gobernador que se asumía como continuador de la línea
política de Juan Camilo, y el director de la Lotería Nacional, Miguel Ángel Jiménez, rompió formas y leyes al ir personalmente a la capital de esa entidad a negociar propaganda para el candidato panista que debería ser facturada como si fuera publicidad de la que ha sido caja chica de Los Pinos y ahora está concesionada a Elba Esther Gordillo. A escala nacional, el homenaje electoral a Mouriño, a quien se pretendió convertir en una especie de santo patrono blanquiazul, quedó en el fracaso tan sabido del pasado julio.
Pero, a pesar de todo, tomando como referente sólo sus sentimientos individuales, Felipe Calderón encabezará mañana un homenaje nacional
al mencionado Juan Camilo en la sede del PAN. El México que administra el panismo-felipismo a un año de la muerte de quien fue el favorito de Los Pinos es notablemente peor, en términos generales, como nación, pero también para ese grupo político que se hizo del poder formal del país y que hoy está derrotado en términos políticos, electorales, sociales, económicos y éticos. Más que alocuciones encendidas y encumbramientos artificiales, Calderón le haría mucho bien a la memoria de su amigo muerto, y a la salud pública de la nación, si informara algo más firme y convincente de lo que en su momento se dio a conocer respecto a las presuntas causas del desplome del avión en que viajaba de San Luis Potosí a la ciudad de México el entonces encargado de Bucareli. Nunca explicado sin dejar lugar a extendidas especulaciones, más bien con premura deseosa de instalar a toda costa la versión del accidente
, con la participación estelar de personajes tan impugnables como Luis Téllez, lo sucedido un año atrás forma parte de la agenda oscura de un gobierno fáctico que ha sido turbio, violento y desastroso.
Astillas
En una zona riquísima del norte del país ha surgido la figura del vengador justiciero
que para combatir a la delincuencia está dispuesto a transgredir la legalidad y a actuar conforme a sus personalísimos criterios. Mauricio Fernández ha tomado posesión de la presidencia del municipio de San Pedro Garza García, en la mancha urbana que tiene a Monterrey como principal punto de referencia. Fernández es un panista multimillonario que forma parte de la elite económica y social de Nuevo León y ya había hecho ruido meses atrás al dar a entender que él había pactado con el narcotráfico para mantener la paz
en ese mismo municipio, la primera vez que lo gobernó. Luego de ser electo por segunda vez como alcalde, Fernández anunció que integraría un equipo de limpieza
que actuaría con espíritu rudo
para someter a la delincuencia desbordada. Héctor Saldaña, conocido como El Negro, líder de uno de los grupos de secuestradores de esa localidad, había advertido que tomaría represalias contra Fernández, quien el sábado anterior, en el marco de su toma de protesta, dijo: “Por cierto, ahorita me acaban de informar que El Negro Saldaña, quien aparentemente es el que estaba pidiendo mi cabeza, hoy amaneció muerto en el Distrito Federal y era el primer cabeza de secuestros en San Pedro Garza García”. El asesinato de cuatro personas, entre ellas El Negro Saldaña, fue en el Distrito Federal, y la policía capitalina tomó nota de los hechos cuatro horas después del anuncio hecho por Fernández. Los muertos tenían cartulinas e inscripciones que decían Por secuestradores
y referencias bíblicas, igual que había sucedido en octubre con otros delincuentes asesinados en el mismo San Pedro. El alcalde Fernández dijo en su discurso: Les anuncio que me voy a tomar atribuciones que no tengo, porque vamos a agarrar el toro por los cuernos (...) Quiero dejar por demás claro: en el tema de drogas lo confrontaremos frontalmente y cualquier lugar que se tenga noticia de su venta será combatido por este gobierno municipal. No vamos a necesitar ni al estatal ni al federal. Directamente le vamos a entrar. Aquí la van a entender por las buenas o por las malas: no aceptamos ningún tipo de secuestros en San Pedro Garza García y la pagarán con su propia cara
. Ayer, el vengador Fernández insistió en que “vamos a hacer una limpia completa, si hay más gente que trabajaba con él (El Negro Saldaña), de los más obvios, por eso ahorita estamos tratando de desaparecer a todos”. ¿Ha nacido un Fox empistolado para 2012? ¿Es un ensayo civil
de supresión de la de por sí precaria legalidad? ¿Se extenderán los escuadrones de la muerte con sus multimillonarios capitanes?...
Y, mientras empieza el jaloneo por el ejercicio presupuestal, ¡hasta mañana, en esta columna de azúcar calavera!
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Los trabajadores han conseguido avances relevantes en cuatro frentes de lucha: a) un núcleo muy amplio de sindicalizados se mantiene activo, b) el servicio eléctrico funciona con muchas deficiencias, c) en la lucha legal el gobierno ha sufrido contratiempos importantes, y d) los trabajadores han logrado que se reconozca, en los hechos, a sus dirigentes.
En días pasados el sindicato presentó demandas de amparo colectivas e individuales. Cerca de 34 mil trabajadores firmaron la solicitud. Eso significa que las cifras que el gobierno ha divulgado en la opinión pública sobre el número de empleados que habían aceptado su liquidación está en entredicho. La presencia de los sindicalizados en actos públicos es masiva.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha logrado normalizar el servicio eléctrico que proporcionaba la Comisión de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Conforme el tiempo pasa, lejos de disminuir o de estabilizarse, el número de apagones y su duración crecen, afectando empresas y hogares. En los hechos son superiores a los que se presentaban antes de la desaparición de la compañía.
Los ingenieros, que son empleados de confianza contratados para hacer las reparaciones, no se dan abasto. Muchos laboran más de 12 horas al día. Pero la falta de pericia y el desconocimiento de la materia de trabajo hacen que tarden, en promedio, seis veces más que lo que llevaba a un trabajador del SME garantizar el restablecimiento del suministro.
Con poca imaginación y mucha mala leche, gobernadores y autoridades federales acusan a los ex empleados de sabotear el servicio. Por supuesto, es falso. Los apagones se deben a fallas que ocurren de manera natural por la falta de mantenimiento, la pésima condición de las instalaciones y la falta de personal capacitado. Las lluvias agravan el problema.
Durante años, los trabajadores sindicalizados mantuvieron el servicio, a pesar del deterioro y la antigüedad del equipo. Cuando el gobierno los echó a la calle la CFE no contaba con los recursos humanos suficientes para que el sistema eléctrico en la ciudad de México, Hidalgo, Morelos y parte del estado de México funcione adecuadamente.
Pachuca ha sufrido apagones de siete horas. Hay problemas de suministro en Tepejí del Río y Tula. En el Distrito Federal explotaron dos bóvedas. En Naucalpan se quemó un transformador. En Xalostoc, municipio de Ecatepec, la producción se ha interrumpido por periodos que van de 30 minutos a más de 10 horas.
En la zona oriente de la capital hay fallas permanentes. En Nezahualcóyotl, en las subestaciones de Chimalhuacán, La Paz, Texcoco, Ecatepec y Chalco, entre otras, no hay personal suficiente para atender emergencias. Como dijo un trabajador eléctrico: se les está haciendo agua el sistema
.
Mario Abredot, propietario de Química Foliar SA, en nombre de una comisión de 300 compañías, informó que los apagones registrados en la zona industrial de Naucalpan provocaron pérdidas de aproximadamente 100 millones de pesos al día a las más de 500 empresas, por lo que exigió al gobierno federal resolver el conflicto originado por la liquidación de LFC. Dijo también que lo único que quieren es energía eléctrica, un servicio confiable y de calidad. No les importa si es la CFE o LFC la que lo brinde.
El pasado 30 de octubre, una juez federal concedió al SME una suspensión provisional para efectos de que se detenga el procedimiento de extinción de LFC. Simultáneamente, tres demandas de controversia constitucional están en marcha. El argumento es que Felipe Calderón transgredió la facultad exclusiva del Poder Legislativo de regular la actividad del servicio eléctrico. Estas controversias serían interpuestas por el ayuntamiento de Tepango, Hidalgo; la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Cámara de Diputados.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no dictó resolución o laudo sobre la terminación de las relaciones laborales entre el SME y LFC. Al mismo tiempo, los electricistas pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que integre una comisión especial revisora del caso, en un esquema similar al de la comisión que fue creada para investigar el incendio de la guardería ABC, en Sonora.
Uno de los primeros objetivos del gobierno fue descabezar al sindicato, negándole la toma de nota al secretario general y auspiciando una dirección espuria. No ha podido hacerlo.
Utilizando el reconocimiento legal de la mitad del comité central que cuenta con representación legal, la dirección sindical está en activo. Se reunió con el secretario de Gobernación, participó en la reunión de la JFCA y encabezó la demanda de amparo colectivo contra el decreto de extinción que fue concedida provisionalmente. El sindicato y el contrato colectivo de trabajo siguen vigentes.
Aunque es la hora de los poderes Legislativo y Judicial, la movilización sigue. Los trabajadores no han bajado la guardia. En sindicatos y organizaciones populares se discute la posibilidad de una huelga general. Las concentraciones y el brigadeo de los trabajadores no cesan. La solidaridad internacional crece. Los estudiantes universitarios apoyan a los obreros. Los electricistas están dispuestos a extender el terreno de la confrontación con el gobierno.
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En asamblea, el nuevo tesorero calificó de muy difícil
la situación financiera del gremio
Tiene en su poder tres cheques que amparan ese monto propiedad de la organización, señalan
Martes 3 de noviembre de 2009, p. 12
En la asamblea general extraordinaria que la tarde de ayer realizó el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se acusó al líder de la disidencia, Alejandro Muñoz Reséndiz, de haber robado
tres cheques por un total 23 millones de pesos, los cuales tiene en su poder aun cuando sabe que se trata de recursos que pertenecen a la organización.
En la asamblea, que duró cerca de cuatro horas, el recién nombrado nuevo tesorero del SME, Fernando Muñoz, presentó un balance de la situación financiera del gremio, la cual calificó de muy difícil
, ya que el sindicato sólo tiene 76 mil pesos en una cuenta de banco que se abrió en días recientes.
Hizo ver que, en contraparte, el SME debe más de 29 millones de pesos, ya que no ha pagado salarios y otros compromisos al personal que labora para el sindicato, no ha cubierto adeudos a sus comisionados
, también debe servicios como el de vigilancia, tiene que cubrir pagos a diversos acreedores y tampoco ha pagado las cuotas obrero-patronales, así como otros impuestos.
Según planteó a los trabajadores, los recursos para poder cubrir la crítica situación financiera están en manos del ex tesorero Alejandro Muñoz, quien se robó 23 millones de pesos en cheques que pertenecen a la organización
.
Cabe referir que aun cuando Alejandro Muñoz fue destituido como tesorero en una asamblea anterior a que se declarara la extinción de Luz y Fuerza del Centro, no ha acatado esta resolución y ha señalado reiteradamente que él tiene la toma de nota
como tesorero y que la asamblea en la que se designó a otra persona para este cargo no cumplió con los lineamientos estatutarios y ni siquiera reunió el quórum
.
No obstante, en una asamblea general extraordinaria realizada la semana pasada, se ratificó que Alejandro Muñoz ya no es el tesorero y también fue desconocido para representar al gremio ante posibles negociaciones ante la Secretaría de Gobernación y otras instancias.
Además se planteó que él cobró los tres cheques –que hacen un total de 23 millones de pesos–, los cuales fueron entregados por la empresa ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje sin autorización del gremio, por lo que esta acción es considerada como robo.
Las cuentas que presentó ayer Fernando Muñoz, como nuevo tesorero del gremio de electricistas, refieren que los recursos congelados del sindicato, más los 23 millones que tiene en su poder Alejandro Muñoz, harían un total de 37 millones de pesos, con lo que se podría no sólo pagar los compromisos y adeudos del SME, sino incluso habría un remanente de varios millones de pesos para la lucha del sindicato.
Según expuso, este asunto ya está en manos del equipo jurídico y se realizará todo lo que concierne en materia legal para recuperar estos 23 millones de pesos.
También se recurrirá a los apoyos económicos de otras organizaciones. Asimismo, se llevarán a cabo acciones para recaudar fondos, como organizar tardeadas e intensificar el acopio en especie, como despensas, para apoyar a los sindicalizados.
Fisgón
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La iniciativa de Calderón tenía una visión cortoplacista y recesiva
, sostiene Rojas
cambios radicalesa la ley de ingresos
Buscamos solventar la recaudación sin recurrir a fórmulas lesivas a la economía popular, dice
Martes 3 de noviembre de 2009, p. 3
El PRI en la Cámara de Diputados se ufanó ayer de haber modificado de manera radical
la iniciativa de ley de ingresos 2010 del presidente Felipe Calderón, que fue hecha con una visión recaudatoria, cortoplacista y recesiva
. En cambio, aseguró, se le dio al Ejecutivo certeza legislativa y recursos para asegurar que las tareas del Estado no se vieran en riesgo.
En un comunicado, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional en San Lázaro, Francisco Rojas Gutiérrez, afirmó que su partido buscó alternativas para asegurar los ingresos del gobierno federal, a pesar del costo político que ello le acarreará al partido, pero sin aceptar la propuesta de Calderón de aplicar una tasa de 2 por ciento al consumo generalizado.
Se exploraron diferentes formas de solventar (la recaudación) de la mejor manera, sin recurrir a fórmulas lesivas para la economía popular, como la propuesta de la contribución del 2 por ciento, que supuestamente estaba dirigida a combatir la pobreza extrema
, aseguró.
Ayer, Rojas aseguró que ante las deficiencias del modelo económico y la inadecuada gestión del gobierno federal, los priístas privilegiaron el interés de México sobre el del partido en sus decisiones legislativas, aun por encima de costos políticos
.
Aseguró que, en un ejercicio democrático
, los diputados buscaron alternativas de financiamiento al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2010, que permita solventar el funcionamiento del servicio público preservando las grandes variables macroeconómicas, buscando mejorar las condiciones de la gente y estimulando el crecimiento y el empleo
. Dijo que, además de recesivo, el proyecto calderonista no aseguraba las necesidades de crecimiento y generación de empleos. De ahí que el PRI asumió la responsabilidad que la sociedad demanda a los partidos de oposición al gobierno en turno
.
Además, cuestionó, Calderón pretendía contratar más deuda pública, aumentar diversos impuestos y crear nuevas contribuciones, entre ellas las que afectaban 52 por ciento de los productos que consume la población de menores ingresos y hubiera presionado los costos de las empresas, especialmente a las Pymes (pequeñas y medianas), al obligarlas a llevar triple contabilidad, con lo que sin duda se frenaría la reactivación económica
.
Aun cuando el PRI aceptó subir el déficit y aumentar el impuesto sobre la renta de 28 a 30 por ciento para asalariados que ganen más de 10 mil pesos mensuales, Rojas sostuvo que su bancada actuó como oposición responsable y en defensa de los intereses de la sociedad
.
Refirió que se flexibilizaron radicalmente las medidas de persecución al contribuyente, planteadas por Calderón en el Código Fiscal, y en el dictamen se suprimió la figura de auditorías en ausencia; fincar responsabilidades fiscales a personas que no son responsables directas en auditorías; permitir que las empresas no puedan consolidar créditos fiscales, así como no aumentar los tributos a industrias generadoras de empleos.
El coordinador priísta asumió que ante la falta de recursos, tanto permanentes como temporales, por parte del gobierno
, el Partido Revolucionario Institucional buscó diferentes mecanismos para garantizar ingresos, sin recurrir a fórmulas lesivas para la economía popular
.
Admitió que si bien el crecimiento económico del país será insuficiente en 2010, las tareas básicas del Estado podrían estar en riesgo si no dotamos al gobierno de elementos presupuestales indispensables
y que, a pesar de la limitación de recursos, los estados y municipios contarán con recursos mínimos para la realización de proyectos de inversión que la gente espera
.
Inclusive, Rojas resaltó que el PRI ejerció su mayoría para aprobar el paquete fiscal y justificó su alianza con el PAN, al asegurar que en cualquier democracia las diferentes visiones de país tienen que complementarse
.
Carstens, artífice del acuerdo
La postura de Rojas se dio un día después de que el tricolor cumplió –con sus votos en el pleno de la Cámara– el acuerdo negociado con el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, de incrementar de 15 a 16 por ciento la tasa del IVA aplicable en todo el país, y de 10 a 11 por ciento en la frontera norte.
El aumento en el IVA fue resultado de las negociaciones que el sábado 10 de octubre encabezaron diputados del grupo económico de la bancada priísta directamente con el secretario Carstens, en las oficinas del funcionario en avenida Constituyentes.
Los gobernadores del PRI avalaron el aumento al gravamen en un encuentro en el Comité Ejecutivo Nacional, donde la propuesta fue presentada por la presidenta del partido, Beatriz Paredes Rangel. La decisión cupular fue objetada al día siguiente, lunes 12, en la plenaria de los diputados del tricolor.
No subiremos impuestos
: lema de priístas en campaña
Legisladores de distintos estados reprocharon a la dirigencia llegar a un acuerdo con Carstens de incrementar el IVA, cuando en sus campañas electorales los candidatos de mayoría ofrecieron no subir los impuestos, oferta que permitió a muchos llegar a la Cámara de Diputados.
María Esther Scherman y Rosalina Mazari, entre otras diputadas del PRI, alertaron a la bancada que el PAN metía al partido en una trampa y que, de aprobarse el incremento, el Revolucionario Institucional debía olvidarse de recuperar la Presidencia en 2012.
Sin embargo, la presión de los gobernadores, a quienes Hacienda ofreció hacer ciento por ciento participable la recaudación obtenida del uno por ciento adicional del IVA, calculada en 29 mil 700 millones de pesos, permitió que la mayoría en la plenaria avalara el golpe a los consumidores.
En la sesión del 20 de octubre, que concluyó la madrugada del 21, la mayoría parlamentaria –incluido el PAN– votó la modificación a pesar de que ni el Ejecutivo ni ningún legislador presentó una iniciativa para modificar la ley del IVA.
Ante las críticas de César Nava, diputado y presidente del PAN, que definió como insuficiente
el paquete fiscal, el PRI reaccionó con virulencia y desde el Senado advirtió que no aprobaría el aumento y buscaría una nueva alternativa, pero un nuevo encuentro de gobernadores en el CEN, el domingo 25, frenó la intentona.
A partir de esta semana, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados comenzará la revisión del proyecto de Presupuesto de Egresos de Calderón, y Rojas confió en que la aprobación del gasto público pueda definirse con sensatez y responsabilidad
.
Rocha
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Ciertamente, el cucharón con el que se sirven los presupuestos en Los Pinos y San Lázaro no incluye únicamente salarios, prestaciones, automóviles y choferes, teléfonos celulares, computadoras, masajes, seguros médicos, compras de corbatas y de calzones, boletos de avión (o aviones propios y rentados), restaurantes, misas de difuntos y borracheras; el dinero que estos eficientes profesionistas van a sacar de nuestros bolsillos servirá también para asignar, a quienes les lleguen al precio, contratos multimillonarios de servicios públicos. Imagínense qué porcentajes están dispuestos a pagar los tiburones internacionales por el correspondiente al servicio de la infraestructura de Luz y Fuerza, o por el que permita la explotación del triple play sobre los despojos de esa entidad paraestatal, ofrecida a los carroñeros como prueba de control y dominio presidencial. Los recursos para tales operaciones (que son sólo unos ejemplos de la alta competitividad lograda por la corrupción nacional) saldrán, a fin de cuentas, del alza de impuestos que acaban de recetarnos.
Otro buen negocio para tiempos de crisis es tener una gran empresa y no pagar los impuestos correspondientes. Como lo reconoció el propio Felipe Calderón hace unos días, bajo su desgobierno es posible hacer negocios, obtener utilidades, omitir las obligaciones fiscales correspondientes –o cubrirlas a tasa de ganga de 1.7 por ciento, cuando el común de los mortales paga el 28 o más–, eludir la cárcel, mantenerse en las secciones de sociales (y hasta en la nómina de invitados especiales a las recepciones y faramallas de Los Pinos) y ser señalado como ciudadano modelo, héroe de la productividad y prócer de la beneficencia.
Pero el mejor de todos es el negocio de permitir el anterior, es decir, el de ser funcionario público –presidente más bien ilegítimo, secretario de Hacienda, director del Servicio de Administración Tributaria o coyote menor–, hacerse el que la Virgen le habla cuando se trata de cumplir con el deber de cobrar los impuestos pertinentes a quienes se les deben favores políticos (¿Te acuerdas de la campañota en medios que te organicé en 2006? ¿Y quién crees que les pagó a los creativos que acuñaron aquello del peligro para México
?) y ponerse a idear, en tiempos de trabajo pagados con el dinero de los contribuyentes reales, maneras de transferir a esos mismos contribuyentes reales el costo de las omisiones propias en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del cargo.
Transacciones de esta clase, y otros, seguirán siendo posibles mientras la sociedad lo permita. Cabe suponer que en un momento próximo, a pesar de los aparatos mediáticos que han garantizado la cobertura de tales negocios, la mayor parte de la ciudadanía caerá en la cuenta de que éstos, además, son delitos y que no hay país que pueda darse el lujo de permitir, por tiempo indefinido, la comisión flagrante de violaciones a la ley. Y actuará en consecuencia.
Magú
