7 de noviembre de 2009


La suspensión otorgada al gremio incluye la no validación de liquidaciones, dice De Buen

No avalar fin del nexo laboral Luz y Fuerza-SME, orden a la JFCA

La autoridad deberá esperar a que la juez Coutiño se pronuncie sobre la presunta inconstitucionalidad del decreto de extinción

Responsabilidad penal de Lozano si manipula alcances del fallo, advierte el abogado

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Los abogados Néstor y Carlos de Buen y Raúl Carrancá escuchan el fallo de la juez federal Guillermina Coutiño Mata, en el juzgado primero de distrito del centro auxiliarFoto José Antonio López
Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Sábado 7 de noviembre de 2009, p. 3

La juez federal Guillermina Coutiño Mata concedió anoche una suspensión definitiva al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) se abstenga de resolver sobre la terminación de la relación colectiva de trabajo entre la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) y el SME.

Después de una larga jornada de trabajo que se desarrolló entre protestas de unos 3 mil electricistas apostados afuera del juzgado, el fallo emitido por la noche ordena a la JFCA esperar a que la misma juez se pronuncie sobre la presunta inconstitucionalidad del ordenamiento presidencial que liquidó la empresa el pasado 11 de octubre.

Cerca de las 22:15 horas, el laboralista Carlos de Buen, uno de los abogados del sindicato, recibió la notificación en el juzgado primero de distrito del centro auxiliar, ubicado en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, adonde un nutrido grupo de electricistas acudió a manifestarse desde las 11 de la mañana.

En entrevista con La Jornada, minutos después de conocer los alcances del fallo judicial, De Buen sostuvo que se trata de una resolución muy importante que oxigena el movimiento sindical.

“La juez –dijo– concedió la suspensión definitiva en vía de amparo para dos efectos: que la junta se abstenga de emitir laudos que concreten la liquidación de la empresa y que no pueda aprobar los convenios de liquidación, hasta que se resuelva la demanda de amparo de fondo”, detalló.

El abogado reconoció que Coutiño Mata no otorgó la suspensión definitiva para el efecto de que las autoridades dejen de presionar a los trabajadores y de animarlos a que acepten su liquidación, lo que explica el motivo por el cual anoche, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, dio una conferencia de prensa para exhortar a los electricistas a que acudan a cobrar su liquidación.

Carlos de Buen añadió: si bien es cierto que nos negaron la suspensión respecto al punto b (para que se detenga la manipulación y presión contra los electricistas), el caso no está perdido y vamos a irnos a la revisión ante un tribunal colegiado.

Agregó que a partir de esta suspensión definitiva, cualquier liquidación es nula. Si la junta federal no se abstiene de aprobar los convenios de liquidación de los trabajadores y, por el contrario, les brinda su aval y aprueba alguno de ellos, estará violando esta suspensión, lo que es motivo suficiente para fincar responsabilidades penales a la autoridad laboral.

Expresó que si el secretario del Trabajo está negando que la juez también concedió la suspensión definitiva para este efecto (la JFCA no puede reconocer los convenios de liquidación) y si manipula los alcances de esta suspensión para obtener la aprobación a los pagos de liquidaciones, también estará violando la suspensión.

Asimismo, precisó que a partir de la existencia de la suspensión definitiva, que sucederá cuando un trabajador decida cobrar su indemnización antes de que la juez Coutiño resuelva sobre el fondo del amparo, es decir, si, efectivamente, como alega el SME, fue inconstitucional el decreto de extinción de LFC.

Por ejemplo, si el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda (SAE) convence al trabajador, y éste se liquida, sería un convenio privado, y ya veremos si el día de mañana se puede echar abajo o no, indicó.

Pero cuando van a la JFCA, que eso es al mismo tiempo, y ésta aprueba esa terminación de trabajo, el organismo estaría violando la suspensión, dijo.

El litigante rechazó que los electricistas que ya recibieron su finiquito carezcan de alguna posibilidad de reinstalarse en su puesto de labores en caso de que el SME gane el amparo de fondo y se reabra LFC.

De ninguna manera están desprotegidos jurídicamente los trabajadores que ya recibieron su liquidación. En la demanda que presentamos este viernes ante la JFCA estamos pidiendo la nulidad de todas las liquidaciones, y si nos dan la razón, quedarán sin efecto, aseguró.

Ayer, cerca del mediodía comenzó en el juzgado primero auxiliar la celebración de la audiencia incidental del juicio. En ella, la juez Coutiño informó a los presentes –Martín Esparza y su cuerpo de abogados, por un lado; funcionarios y agentes del Ministerio Público, por otro– que el cuarto tribunal colegiado en materia laboral respaldó su resolución de la semana pasada (la suspensión provisional).

Después de escuchar a los defensores del SME y de anexar al expediente incidental un escrito de argumentos de las dependencias federales involucradas en el litigio, entre ellas el SAE, la juez dio por concluida la diligencia de recepción de pruebas.

Antes de retirarse a su oficina, la juzgadora aseguró a quienes atestiguaron la audiencia que emitirá el fallo definitivo después de analizar los alegatos expuestos por las partes del litigio.

Les puedo garantizar que resolveré sin ninguna presión de por medio, sostuvo.

En ese contexto, cerca de 3 mil trabajadores –de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal– se manifestaron ayer afuera del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, a partir de las 11 de la mañana. Algunos permanecieron ahí hasta las 22 horas en espera de la resolución definitiva de la juez.

Mientras se realizó la audiencia incidental del litigio, miles de electricistas gritaban consignas contra el gobierno federal desde las escalinatas del Palacio de Justicia de San Lázaro, donde se ubica el juzgado primero de distrito del centro auxiliar, a cargo de Coutiño Mata.

¡Ay carajo!, sí son muchos, expresó sorprendido un secretario de acuerdos del juzgado cuando escuchó a los trabajadores que coreaban: ¡SME, no estás solo; Martín, no estás solo.

Una vez concluida la audiencia, el líder de los electricistas, Martín Esparza, flanqueado por sus abogados, acompañó a los miles de trabajadores que se apostaron frente a la Cámara de Diputados.

Sí se puede: Raúl Carrancá

Ante los manifestantes, Raúl Carrancá sostuvo: se puede, se ha podido y se podrá; yo como abogado les quiero decir que me siento absolutamente confiado en que la resolución de la autoridad judicial nos va a favorecer. Sería una incongruencia, una contradicción, que la justicia federal, con las pruebas que se entregaron, dijera no (a la suspensión definitiva).

Entre los trabajadores que hicieron uso de la palabra durante el mitin frente al Palacio de Justicia destacó un electricista que lanzó la siguiente advertencia a Guillermina Coutiño: se lo decimos claramente, señora juez: en sus manos está nuestro futuro. En usted confiamos. No se venda ni se doble.

Luego de que la juez Guillermina Coutiño –en la imagen, captada en el Palacio Federal de Justicia de San Lázaro– concedió ayer la suspensión definitiva al SME, deberá dictaminar si es constitucional el decreto presidencial que ordenó liquidar Luz y Fuerza del Centro

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El sindicato y sus abogados los están llevando a una auténtica aventura, advierte

Los trabajadores de LFC deben desistir de continuar con acciones legales, insiste Lozano

Niega que resolución de la juez sea revés para el gobierno; continuará pago de liquidaciones, anuncia

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Miles de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas realizaron ayer un mitin frente al Palacio de Justicia, en San Lázaro, en espera de que la juez Guillermina Coutiño resolviera sobre la suspensión definitiva del decreto de extinción de Luz y Fuerza del CentroFoto José Antonio López
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 7 de noviembre de 2009, p. 5

El secretario del Trabajo, Javier Lozano, llamó a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a que se desistan de las acciones emprendidas ante el Poder Judicial.

Al enterarse de la suspensión definitiva otorgada al SME por un juzgado federal contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) –decretada por el Ejecutivo el pasado 11 de octubre–, aseguró que pese a este resolutivo continuarán pagándose con normalidad las liquidaciones voluntarias hasta el 14 de noviembre.

Rechazó que la resolución de la juez signifique un revés para el Poder Ejecutivo. Subrayó que la suspensión definitiva mantiene intacta la extinción de LFC y sólo imposibilita a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a dictar laudo (resolución) respecto de la terminación de la relación laboral en ese organismo.

En conferencia de prensa, Lozano aseguró que el SME y sus abogados están llevando a los trabajadores a una auténtica aventura, porque estoy seguro, dijo, que se actuó con estricto apego a la legalidad (para expedir el decreto) y ni la vía del amparo o la controversia constitucional prosperarán.

Manifestó su confianza en el grupo especial integrado en la Cámara de Diputados y señaló que dado el conocimiento jurídico de los legisladores ni siquiera se presentará la controversia ante la Suprema Corte.

Incluso aseguró que la controversia promovida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene fin mediático, porque muy poco tiene que hacer la ALDF en una controversia constitucional.

La secretaría citó a los reporteros a conferencia de prensa a las 18:40 horas en las oficinas alternas de la dependencia en Paseo de la Reforma número 93, pero ésta empezó más de tres horas después. Durante ese tiempo Lozano permaneció encerrado, en el piso 16, con el subsecretario del Trabajo, Álvaro Castro, y el procurador del Trabajo, Joaquín Blanes.

Al presentarse a los medios, el secretario dijo sentirse preocupado, no por la decisión de la juez, sino porque –aseveró– se trata de una mala noticia para los trabajadores, porque con ello podrán cobrar su liquidación, sin el bono adicional ofrecido desde el 11 de octubre, hasta que concluya el juicio de amparo, para lo cual pueden pasar varios meses.

Sin embargo, las liquidaciones (que de cualquier forma se han pagado sin el laudo de la Junta) serán entregadas hasta el 14 de noviembre e incluso durante este fin de semana.

Precisó que ya han cobrado su liquidación 22 mil 519 trabajadores, equivalentes a 50.6 por ciento del total. Advirtió que no habrá prórroga para el pago de liquidaciones voluntarias y los trabajadores tampoco podrán acceder a los planes de capacitación, de posible contratación por parte de la CFE ni a los esquemas para ser proveedores de esa paraestatal.

Para quienes prefieren seguir el camino del amparo es mi obligación advertir que estamos ante una mala noticia para los trabajadores. No es un revés para el gobierno sino para quienes han confiado en un liderazgo que les ha hecho creer que por la vía del amparo podrán revertir el decreto, expresó.

Señaló que la audiencia constitucional de la demanda de amparo será el 24 de noviembre y ahí presentarán sus argumentos. Se le insistió en si el amparo significa un revés o una muestra de que no se pudo ejercer presión sobre el Poder Judicial. Respondió que nadie había sugerido una sumisión de éste porque se confía en que el decreto está apegado a la ley.

Lozano aseguró que la decisión del juzgado federal, dada a conocer anoche, no le sorprendió y prueba de ello es que en la conferencia de prensa anterior advirtió a los trabajadores acerca de las consecuencias de un escenario como el que finalmente se presentó.

–¿Ya le informó de esto al presidente Felipe Calderón? –se le preguntó

–Ya, ya lo sabe.

–¿Y qué le dijo?

–Pues nada. Ya sabíamos que esto iba a ocurrir –respondió antes de salir del salón donde pasadas las 10 de la noche fijó su postura.

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Si hay recuperación es para sus jefes, los banqueros y grandes empresarios, afirma

Calderón, mentiroso que no está consciente de la crisis, dice López Obrador en Oaxaca
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Andrés Manuel López Obrador, este viernes en San Pablo Cuatro Venados, OaxacaFoto La Jornada
Alma E. Muñoz
Enviada
Periódico La Jornada
Sábado 7 de noviembre de 2009, p. 8

San Pablo Cuatro Venados, Oax., 6 de noviembre. (Felipe) Calderón es un mequetrefe, un mentiroso, un irresponsable... No está consciente de lo que está sucediendo (en el país). Anda siempre indispuesto, respondió Andrés Manuel López Obrador al señalamiento del jefe del Ejecutivo sobre una recuperación económica del país. Y si la hay, remató el ex candidato presidencial, es para sus jefes, para los banqueros y los grandes empresarios. Para la mayoría del pueblo de México la situación es muy crítica, muy grave.

Las condiciones en que viven habitantes de los municipios de usos y costumbres que en este estado visita el ex candidato presidencial contrastan con el optimismo federal: no hay trabajo, por lo tanto son raquíticos o nulos los ingresos, falta apoyo gubernamental, escuelas, transporte, servicios salud y caminos pavimentados.

Los precios de artículos de primera necesidad se disparan. El azúcar estándar, por ejemplo, alcanza precios de entre 15.50 y 17 pesos, se quejaron pobladores de San Antonio Huitepec. Mientras, en San Miguel Peras, en la tienda comunitaria Diconsa, la encargada señaló que el kilo del endulzante está en 15.50. Se supone que el costo máximo es de 14 pesos.

En cada uno de los 22 municipios que esta semana lleva visitados –hoy San Antonio Huitepec, San Miguel Peras, San Pablo Cuatro Venados, Santa Inés del Monte y San Raymundo Jalpan– las condiciones de vida son similares. Hay pobreza y marginación.

Se observa niños menores de 10 años caminando solos o en grupo –entre las 3 y 4 de la tarde– por la orilla de carreteras de terracería, de regreso a sus casas, tras asistir a albergues escolares para recibir instrucción básica. En largos trechos del camino que conecta con San Pablo Cuatro Venados ni una casa se observa.

No hay trabajo

Ricardo Julián Velasco, presidente de bienes comunales de San Antonio Huitepec, comentó la difícil situación por la que atraviesan en ese lugar. Los 3 millones de pesos que en promedio recibe el ayuntamiento como presupuesto anual alcanza para obras pequeñas en las ocho comunidades que lo componen, pero no hay trabajo.

Hay cultivo de maíz y frijol para autoconsumo, pero la cosecha se afectó por las granizadas y el mal tiempo. En tanto, el jornal, de una a tres veces por semana, es de 100 pesos diarios. Braulio Ramírez y Cirilo Caballero explicaron que ya solicitaron apoyo gubernamental por las afectaciones, pero no hay respuesta.

A López Obrador se le preguntó su opinión sobre la recuperación económica que, dijo Calderón, hay en el país. Es un reverendo mentiroso. ¿Qué no dijo que no iba aumentar los impuestos? ¿Qué no dijo que iba a quitar la tenencia? ¿Qué no dijo que iba a bajar el precio de la gasolina, de la luz? ¿Qué no dijo que iba a ser el presidente del empleo? ¿Qué no dijo hace poco, cuando advertimos que venía la crisis económica, que no nos preocupáramos porque si en Estados Unidos les daba pulmonía a nosotros nada más nos iba a dar gripe? Para qué nos ocupamos de lo que dice Calderón, si es un mequetrefe, un mentiroso.

Resaltó como la preocupación más sentida en sus recorridos que no hay trabajo; (los ciudadanos) tienen que irse a buscarlo a otras partes, y ahora ni siquiera en otras zonas del país hay. Incluso algunos están regresando de Estados Unidos porque no hay empleo. Es una situación muy difícil la que vive la mayoría de los mexicanos. Calderón es muy irresponsable y no está consciente de lo que está sucediendo. Anda siempre indispuesto.

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Inconformes mantienen plantones en Edomex, Hidalgo y DF

Impiden electricistas a empleados de la CFE ingresar a subestaciones de Puebla

Con información de Octavio Vélez Ascencio e Israel Dávila, corresponsales, Gustavo Castillo y Notimex
Periódico La Jornada
Sábado 7 de noviembre de 2009, p. 5

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que instalaron campamentos ante las subestaciones de Luz y Fuerza del Centro en El Salto, Nuevo Necaxa y La Mesa –en la Sierra Norte de Puebla– impiden ingresar al personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pero proporcionan alimentos a ingenieros y ex compañeros de trabajo que aún permanecen dentro.

El dirigente Miguel Ángel Montiel Eslava dijo a la agencia Notimex que la Policía Federal inspeccionó las instalaciones cuando voces contrarias al movimiento advirtieron de presuntos destrozos. Sostuvo que no se caerá en actos de provocación pero los plantones durarán hasta el 11 de noviembre, cuando se realice el paro cívico nacional con apoyo de transportistas, maestros, campesinos y otros sindicatos.

En el estado de México, electricistas cumplieron un día de plantón afuera de los centros de servicio de LFC en Toluca y Tenango (aún custodiados por fuerzas federales), en cuyos accesos instalaron banderas rojinegras.

En esos almacenes se resguarda el parque vehicular de la división Toluca. Los inconformes instalaron un campamento permanente con grupos de 30 personas que se alternarán en turnos de 8 horas, para evitar que prosiga el saqueo de materiales que realiza la CFE.

Otros electricistas se apostaron ante las instalaciones de LFC en Cuernavaca y desplegaron banderas rojinegras en cuatro puntos de esta ciudad.

En Pachuca, Tula y Tetepango, Hidalgo, los inconformes instalaron plantones el jueves y los retiraron la madrugada de ayer para evitar la represión policial y por órdenes de la dirigencia sindical, dijo a Notimex el dirigente Luis Espinosa López.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal reportó que este viernes no hubo ningún intento de toma de instalaciones ni enfrentamientos con electricistas. El único incidente ocurrió después de las 6 horas cuando integrantes del SME se apostaron en los accesos de la subestación ubicada en la calle Salónica y avenida de las Granjas y en la colonia Sector Naval, en Azcapotzalco, cuando lograron evitar que grúas retiraran vehículos y material de ese lugar.

Los trabajadores pasaron la noche fuera de las instalaciones en protesta por el decreto de extinción de LFC.

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Interpone SME 35 mil demandas por despidos injustificados

Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 7 de noviembre de 2009, p. 5

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) presentó ayer demandas individuales por despidos injustificados, derivados del decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

De acuerdo con el SME, este viernes entregaron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) la documentación de 35 mil trabajadores, de una plantilla de 44 mil en activo al momento de la emisión del decreto.

Sin embargo, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, informó en conferencia de prensa –realizada a las 10 de la noche- que ya habían iniciado ese trámite 22 mil ex trabajadores.

Las demandas por despido injustificado son adicionales a la solicitud de amparo presentada por el SME el pasado 28 de octubre contra el decreto de extinción de LFC.

El SME señaló ante la JFCA que su despido fue injustificado porque la materia de trabajo de Luz y Fuerza del Centro persiste y no fueron notificados acerca de la intención del Presidente de la República para cerrar la empresa, pero sobre todo, porque no existe aval previo de la junta sobre la supuesta causal de tipo económico (incosteabilidad) del organismo extinto el 11 de octubre.

El SME recopiló documentos como cartas poder de los empleados despedidos; por la cantidad de estos papeles fue necesario llevarlos a la junta en unas 35 cajas.

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Electricistas interponen demandas ante Conciliación y Arbitraje

Alista el gobierno grupos paramilitares para provocar actos violentos: SME
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 7 de noviembre de 2009, p. 7
http://www.jornada.unam.mx/2009/10/06/cartones/hernandez.jpg

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) denunció la existencia y preparación de grupos militares y paramilitares que buscan infiltrarse en la organización para provocar actos violentos.

Humberto Montes de Oca, secretario del interior, y Fernando Amezcua, vocero del SME, adjudicaron los roces ocurridos la víspera (en instalaciones de Luz y Fuerza del Centro en Hidalgo) a los provocadores del gobierno e inclusive a algunos ajenos a éste. Lo anterior, en referencia a los electricistas disidentes encabezados por Alejandro Muñoz, opositores a Martín Esparza.

En consecuencia, el sindicato se deslindó de cualquier choque con la Policía Federal porque, afirmó, los acuerdos del SME y los tomados por un grupo de organizaciones solidarias son en torno de la resistencia civil pacífica.

Si bien anunciaron que reforzarán sus movilizaciones, particularmente el próximo miércoles, día en que está programado un paro cívico nacional, la defensa de los electricistas será por la vía jurídica.

Denunciaron: “resulta sospechoso que estén reforzando a los militares y a los policías con chalecos antibalas. Esas acciones normalmente ocurren para equipar a gente paramilitar, de choque, del propio Ejército.

Advertimos que el gobierno federal tiene responsabilidad en lo que está ocurriendo. Lo hace para reforzar no sólo a los que están vestidos de policías federales, militares o paramilitares. Tratan de incrustar a civiles en nuestras filas en el momento en que estamos haciendo actividades, advirtió Amezcua.

Por un lado, interpusieron ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje demandas por despido injustificado mientras está en curso un amparo contra el decreto presidencial de extinción de LFC.

Subrayaron que no hay ninguna estrategia para impedir que los trabajadores que así lo deseen cobren su liquidación, aunque reiteraron que las promesas gubernamentales son sólo un anzuelo, porque la mayoría de éstas son pagaderas hasta abril del año próximo.

No hay plan para tomar instalaciones

Mucho menos, agregaron, existe plan alguno para entrar por la fuerza a instalaciones de LFC, resguardadas por la Policía Federal. La lucha es pacífica y no pretendemos confrontarnos ni con los uniformados ni con la ciudadanía. Estamos actuando dentro del marco legal y no somos aventureros, señalaron.

El SME continuó ayer con la organización del paro cívico que se efectuará el 11 de noviembre. Para ello se reúne con representantes de grupos solidarios que definirán, cada uno, sus acciones de apoyo.

Jesús Martín del Campo y Ricardo Ruiz, integrantes de la comisión de enlace del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular –encabezado por Andrés Manuel López Obrador– con el SME, explicaron que las actividades centrales para el miércoles próximo serán de información y brigadeo.

Ayer, Jesusa Rodríguez hizo referencia a estar en 10 dependencias federales. Esa, como otras propuestas, fueron puestas a consideración del SME. Como movimiento seremos un factor de solidaridad y acompañamiento respecto de la estrategia que defina el sindicato la semana entrante. Participaremos sólo en acciones pacíficas y se cuidará que no haya confrontación con los ciudadanos, subrayó Martín del Campo.

En tanto, Montes de Oca recordó que en el documento de preparación de extinción de LFC el gobierno consideraba que en la primera semana después del golpe el SME se iría a los disturbios sociales y al sabotaje. Pues se decepcionaron, dijo, porque no caímos ni caeremos en ese juego.

Respecto de las críticas que han recibido de su opositor Muñoz y del secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, de que es una aventura e irresponsabilidad llevar a los trabajadores despedidos de LFC a un litigio largo en los juzgados y tribunales, destacaron: no sabemos si Muñoz es vocero de Lozano y Gómez Mont, o al revés.

Sobre las aseveraciones del funcionario, afirmaron que con ello sólo denigra al Poder Judicial, con actitudes de aprendiz de Díaz Ordaz.

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México: El Paro electricista del 11, antes de la gran Huelga Nacional, en medio de amenazas y represión

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Pedro Echeverría V.


1. El gobierno ilegítimo de Felipe Calderón, aventajado en prácticas fascistas, amenaza a los electricistas, a los futuros paristas y luchadores sociales con “aplicar con todo rigor la ley contra quienes la violen”. Muy sencillo, diría el presidente y su secretario de Gobernación: “Yo soy la ley y todo lo que haga con el ejército y policías -invadir pueblos pacíficos, ocupar empresas e instituciones, destruir sindicatos, desconocer contratos colectivos o bloquear el paso de personas- está dentro de la ley por que yo (que estoy autorizado por el pueblo) la aplicó. Si alguien exige la salida del ejército de los pueblos, de la empresa Luz y Fuerza del Centro, de los centros mineros y del cierre de vialidades, o contraviene alguna orden dada por nosotros, es un delincuente y deberá recibir el castigo riguroso de la ley; entiéndalo bien, no hay de otra”.


2. Diría el funesto gobierno calderonista: “Ni el paro ni la huelga están prohibidos en México porque están en la Constitución, pero no se les olvide el condicionamiento, el ‘siempre y cuando los factores de la producción se armonicen y consigan un equilibrio’, y eso lo determina la autoridad, es decir, nosotros. Señalaría el gobierno: “México es un país de libertades: libertad para hacer manifestaciones, libertad para publicar y protestar, pero no se les olvide que es una patria ordenada; por eso está el ‘siempre y cuando’ no se perjudique a terceros. Los ‘terceros’ no salen perjudicados cuando la Iglesia realiza sus peregrinaciones, cuando los blancos organizados por la derecha y los medios hacen sus marchas bloqueando vialidades. Sólo se perjudica a ‘terceros’ cuando hay bloqueos de campesinos, obreros, ciudadanos, que protestan violentamente contra el gobierno”.


3. El gobierno dio la orden de tomar el edificio de Luz y Fuerza del Centro el sábado 10 a los 23 horas, desaparecer la empresa y liquidar (expulsar) de su trabajo a 44 mil obreros electricistas; asimismo se apoderó de todos los edificios y centros de trabajo de los otros cuatro o cinco estados que recibían atención de LFC y ordenó que la fuerza bruta del ejército (en algunos lugares disfrazados de policías) permanezca bloqueando las dependencias. Por otro lado, al iniciar su gobierno hace tres años, una mañana despertó Calderón encabronado contra el movimiento de López Obrador, les subió los salarios al ejército y a sus jefes y los envió a invadir a una decena de estados (con el pretexto del combate al narcotráfico) y en marzo de 2007 firmó en Mérida, el Plan México para recibir toda la ayuda tecnológica/militar de EEUU (igual al Plan Colombia)


4. “Todo lo que se haga desde el poder es legal”, según la clase dominante y lo que los trabajadores hagamos para defendernos es ilegal y hasta delincuencial. Esa es la lógica despótica del fascismo. ¿Quién autorizó a Calderón para imponer Estados de Sitio en más de una decena de entidades del país? ¿Quién permitió a Calderón a invadir con gran lujo de la fuerza del ejército a una empresa eléctrica pública que venía sirviendo a más de 30 millones de mexicanos? Pues simplemente “la Ley” que ellos mismo hacen y aplican de acuerdo a sus intereses. ¿Pero es que acaso esas leyes no fueron hechas por la burguesía para defender la propiedad privada, al poder establecido, contra cualquier irrupción del pueblo sojuzgado? ¿Acaso las leyes no fueron elaboradas para proteger las grandes propiedades y el dominio de gobiernos al servicio del capital?


5. El primer paro electricista del próximo miércoles 11 debería valernos un bledo si es legal de acuerdo al gobierno o no lo es; la realidad es que nunca lo será. Lo importante es que es legítimo porque es respaldado por una gran asamblea representativa de más de 100 mil trabajadores. Éstos, los trabajadores, nunca han tenido apoyo o protección gubernamental porque han sido los enemigos de clase de quienes controlan el poder. ¿O puede acaso esperarse que el gobierno antiobrero de Calderón, los poderosos empresarios explotadores y los medios de información a su servicio lo aprueben cuando es contra ellos? Mientras nosotros nos preparamos con el paro para la gran huelga general, el gobierno amenaza con ceses en el trabajo y con cárcel a todos aquellos que, según él, violen la ley. Con razón se ha dicho que la Constitución es la peor prostituta, con perdón a las que tienen este trabajo.


6. Antes del Paro los trabajadores, más de 100 mil, deberíamos hacer esfuerzos por expulsar a los militares, pero también a los esquiroles electricistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de las oficinas y centros de trabajo. No es violencia –de ninguna manera- expulsar a los violentos amparados por la ley del más fuerte de las empresas y de las calles tomadas. Mis camaradas altermundistas o “globalizados” han demostrado en todo el mundo que hay que luchas contra esas “legalidades” represivas que impone el imperialismo y las burguesías a su servicio. La única violencia, ilegalidad o provocación es la que imponen los poderosos para resguardar la gran propiedad contra el pueblo miserable. ¿Qué más ilegalidad que la del poder al lanzar gases, perros, caballos, manguerazos de agua y balas contra los manifestantes desarmados?


7. Si los electricistas son derrotados desaparecerá automáticamente el SME, el sindicato vanguardia. Si el gobierno fascista triunfa entonces no habrá ya ningún movimiento obrero en los próximos 10 años que encabece las luchas de los trabajadores. “Son ellos o somos nosotros”, como diría el SME. ¿Qué dicen los oportunistas legisladores del PAN, del PRI, Verde, gordillistas, incluso los del PRD, defensores de la legalidad fascista? Esperamos que los pocos diputados, encabezados por Fernández Loroña, Jaime Cárdenas y Muñoz Ledo, así como personajes como López Obrador y Bartlett, se decidan acompañar a los obreros para expulsar a los militares invasores y en el paro se próximo día 11 de noviembre. La tarea hoy es preparar el gran paro nacional que antecede a la Gran Huelga. ¡Hagamos un gigantesco volanteo, asambleas y los mítines necesarios!


8. La UNAM y algunas universidades del país, así como el IPN, la UAM, la UPN, la ENAH, la ENSM, las miles de escuelas del país donde la CNTE tiene presencia, por toda su tradición de lucha, deben parar en solidaridad con los trabajadores. ¿Qué harán los electricistas del SUTERM manipulados desde 1972, incluso antes, por un sindicalismo charro y corrupto que desde hace más de 100 años domina el país? ¿Cómo se solidarizarán los telefonistas, los trabajadores del IMSS, los demás sindicatos que pertenecen a la UNT, así como los del FAT? La violencia nunca la han ejercido los trabajadores pues lo único que han hecho éstos es defenderse. El pueblo seguirá siendo manipulado por los medios, gobierno y empresarios con mentiras y calumnias, pero también muchos sectores han comenzado a despertar. ¡Viva la luchas de los obreros, campesinos, trabajadores!

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Desfiladero

Escándalo en el IMSS: Cerón y Jáuregui se tambalean

Jaime Avilés

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) asignados al Centro Médico Siglo XXI fotocopiaron y pegaron en todos los ámbitos de ese nosocomio el Desfiladero del sábado anterior, que denunció las relaciones de complicidad y latrocinio entre el coordinador de las Unidades Médicas de Altas Especialidades (UMAE), doctor Alfonso Alberto Cerón Hernández, y el director general de Cardiología, doctor Ricardo Jáuregui.

Ante el revuelo que provocó la difusión de la noticia, el director general del IMSS, Daniel Karam, llamó a cuentas a ambos especialistas y les exigió una explicación rotunda y convincente. Las eminencias médicas arguyeron que todo lo aquí señalado –la remodelación de una sala para pacientes trasplantados, que fue terminada de construir en 2002 y que permaneció cerrada, sin estrenarse, hasta febrero de este año, cuando Jáuregui ordenó destruirla para reconstruirla y llevarse una jugosa tajada por la obra, así como la adquisición de monitores telemétricos en 300 mil pesos cada uno, cuando su precio en el mercado es de 100 mil– es falso y que por lo tanto iban a desmentir al autor de esta columna.

Insatisfecho con su respuesta, Karam les pidió que, antes de comparecer ante la opinión pública para lavar su honra, le demostraran que lo señalado aquí es contrario a la verdad, cosa que no hicieron. De acuerdo con fuentes que volvieron a pedir el anonimato al transmitir esta información, tanto Cerón como Jáuregui y su equipo de colaboradores –especialmente el director médico, Rodolfo Herrera Franco, y el director administrativo, Antonio González– van a ser sometidos a una auditoría.

En caso de que ésta se efectúe, quienes la lleven a cabo tendrán que revisar las facturas de los dos monitores telemétricos marca Shimadzu, cuyos números de serie son F-000-449 y F-000-443, actualmente en servicio en el área de Hemodinamia. También deberán examinar con detenimiento el contrato que Cardiología celebró con la empresa de seguridad Brespi, que nunca ha cumplido con lo pactado en ese documento, pero que forma parte de la red de corrupción que opera allá adentro.

Y ya encarrerados, los auditores tendrán que mirar con atención cinco contratos de servicios temporales, en los cuales aparece falsificada la firma del doctor Rubén Argüero Sánchez, antecesor de Jáuregui en la dirección general de Cardiología, como consta en pruebas grafoscópicas que obran en poder de La Jornada. Tras la tragedia de la guardería ABC, que el IMSS subrogó a familiares de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, en la cual perdieron la vida 49 niños sin que la justicia tocara a ninguno de los culpables, Karam lo último que desea es un nuevo escándalo en el instituto a su cargo. Sin embargo, el cúmulo de presuntas irregularidades en que habrían incurrido sus subordinados en el Centro Médico Siglo XXI, y el descontento de los trabajadores que solicitan la intervención de la justicia para poner fin al saqueo, podrían detonar un conflicto mayor la próxima semana, ya que el doctor Jáuregui amenazó con reprimir a aquellos que sigan pegando denuncias contra él en los muros del recinto hospitalario.

Ebrard y la gasolinera de Tlalpan

Quien, por su parte, no ha dicho esta boca es mía, es el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, pues permanece impasible ante las protestas de los vecinos de Tlalpan que se oponen a la construcción de una gasolinera –que viola todos los reglamentos vigentes– en la avenida Insurgentes Sur 4097. Hoy, a partir de la una de la tarde, los inconformes realizarán una nueva manifestación pública después de hacer un mitin frente a las oficinas del delegado perredista Higinio Chávez.

Impuestos: la nueva nobleza nativa

A lo largo de la semana, una cibernauta llamada Patricia Gutiérrez-Otero distribuyó por Internet un sencillo análisis que demuestra las consecuencias prácticas que el paquete fiscal aprobado por el PRIAN tendrá sobre la economía de los asalariados que ganan más de 10 mil 600 pesos al mes y que, por tanto, sufrirán el aumento de 28 a 30 por ciento en el impuesto sobre la renta (ISR) y, como todos los mexicanos, de 15 a 16 por ciento en el impuesto al valor agregado (IVA).

“Si actualmente ganas 12 mil pesos al mes –ejemplifica Gutiérrez-Otero– y te quitan 28 por ciento de ISR, es decir, 3 mil 360 pesos, te quedarán 8 mil 640, pero a partir del año próximo, el descuento será de 3 mil 600, por lo que te dejarán libres 8 mil 400, o sea, 240 pesos menos que hoy. Por lo tanto, el incremento de 2 puntos porcentuales al ISR equivale a un decremento de 2.77 por ciento de tu salario”.

Ahora bien –prosigue Patricia–, suponiendo que el resto de tu sueldo (8 mil 640 pesos hoy) lo uses únicamente para comprar productos gravados con IVA, perderás mil 296 pesos más pagando la tasa de 15 por ciento, por lo que tu poder adquisitivo real será de 7 mil 344 pesos, pero cuando el IVA aumente a 16 por ciento, en enero, y te quiten mil 344 pesos, te quedarán para gastar 7 mil 56 pesos, o sea, 288 menos que hoy.

Así, concluye la cibernauta, de un ingreso mensual de 12 mil pesos, el fisco te despoja hoy de 4 mil 656 por ISR e IVA, pero desde enero te arrancará 4 mil 944, una suma equivalente a 41.20 por ciento de lo que ganas. En otras palabras, de cada peso que cobres sólo serán tuyos 58.80 centavos. Y eso, finaliza, si no tienes televisión por cable ni teléfono fijo ni celular, porque en tal caso Hacienda te robará 3 por ciento más de tu sueldo por cada uno de esos servicios.

En cambio, de acuerdo con diversos analistas económicos, los privilegios de la alta burocracia ascenderán en promedio 9 por ciento, mientras los recursos destinados a la educación disminuirán 8 por ciento. Por su parte, los grandes empresarios sólo cubrirán (tal vez) 25 por ciento de su adeudo de 453 mil millones de pesos por impuestos diferidos, y quienes se apoderen, gracias a Calderón, de la red de fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro y de los hilos de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad para dar servicio de triple play (televisión, telefonía e Internet) no aportarán nada al fisco durante los dos primeros años.

En 1998, cuando el gobierno de Ernesto Zedillo y los diputados del PRI y del PAN (que en ese momento dirigía Calderón) aprobaron la conversión de la deuda privada de los banqueros en deuda pública, es decir, en deuda de todos los mexicanos, el país retrocedió a la Edad Media: surgió una nueva nobleza a la que 100 millones de siervos nos veremos obligados a rendir tributos, por lo menos hasta el día en que los nietos de nuestros nietos empiecen a ser abuelos.

La veracidad de estas afirmaciones puede comprobarse en las páginas de revistas especializadas como Hola, Quién, Caras y otras, cuyas páginas retratan en papel de lujo y con derroche de colores las bodas, los bautizos, los aniversarios y las fiestas de esa nueva nobleza que viste, calza, come, viaja y se divierte incansablemente con la máxima elegancia, gracias a nuestra miseria, a nuestra desdicha sin esperanzas de cambio y a nuestra esclavitud.

Por eso habrá que mantenerse atentos a las movilizaciones que el Sindicato Mexicano de Electricistas encabezará el día 11, al frente de diversas organizaciones gremiales y ciudadanas, contra el decreto que extinguió Luz y Fuerza del Centro para despojarla de su red de mil 100 kilómetros de fibra óptica y regalársela a nuestros amos.

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SME, el dilema de las liquidaciones
Arturo Alcalde Justiniani
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Uno de los elementos claves de la estrategia gubernamental al dar el golpe a los trabajadores electricistas de Luz y Fuerza del Centro (LFC) consiste en convencerlos de aceptar el pago de sus liquidaciones para dar por terminadas las relaciones laborales. Este proceso está calculado para concluir en un periodo corto: alrededor de un mes. El plazo concluye el próximo 13 de noviembre y todo indica que no logrará su objetivo si los trabajadores durante la siguiente semana valoran con objetividad sus alternativas y posibilidades.

La aceptación de las liquidaciones es un aspecto de máxima importancia para los fines gubernamentales, ya que es la única vía para minimizar la protesta. Culminar con este proceso indemnizador sirve también para impedir que se conozca la verdad jurídica sobre los actos ilegales llevados a cabo, que corren el riesgo de ser revertidos por los tribunales de amparo, toda vez que se ha acreditado la violación de normas constitucionales y legales, tanto en el decreto presidencial como en el masivo despido de los trabajadores.

Además de los factores legales, existen otros motivos por los cuales el gobierno está urgido de que los trabajadores estampen de puño y letra su rendición. Requieren regularizar el servicio, pues sus fallas han generado afectaciones importantes a familias y empresas; para ello, necesitan volver a contratar a los empleados que operaban las antiguas plantas, ya que las compañías privadas subcontratadas, además de ser sumamente costosas, carecen de la capacidad técnica adecuada. Todo esto explica el interés gubernamental de abrir una vía falsa de interlocución, a través del disidente Alejandro Muñoz, haciéndole ofertas que puedan debilitar la resistencia; utilizar sus servicios será más importante cuando quede acreditado el fracaso de la estrategia liquidadora. Podría agregarse una razón adicional a las anteriores: culminar el impacto mediático del descontón gubernamental. A medida que transcurre el tiempo, se van develando nuevos elementos, más allá de los técnicos y económicos, que exhiben la concurrencia de varios intereses que se ocultaron en su inicio a la opinión pública, tales como el proceso de privatización de diferentes áreas del servicio.

Es comprensible que los trabajadores electricistas se sientan angustiados y confundidos. La naturaleza repentina del golpe desestabiliza la economía familiar sustentada en ingresos permanentes. Para incrementar esta zozobra, el gobierno, abdicando abiertamente de su condición de árbitro, da cuenta a diario del número de empleados liquidados, como si se tratara de un parte de guerra. La desesperada urgencia de convencer a los electricistas de aceptar su liquidación lo ha llevado a ejercer graves violaciones a los derechos humanos. Para incrementar la confusión se informa la cantidad de pensionados que han recibido su pago, cuestión que en nada afecta a la resistencia laboral, ya que dicho cobro no conlleva consentimiento alguno sobre el decreto cuestionado. Los trabajadores que han recibido sus liquidaciones son aquellos que cuentan con menor antigüedad; haciendo cálculos y considerando el número de empleados que han acudido al amparo es previsible que un alto porcentaje se niegue a recibir el pago indemnizatorio.

A la fecha, la estrategia del premio adicional para aquellos que reciban la liquidación antes del 14 de noviembre, ofrecido en proporción a los años de antigüedad, no ha surtido los efectos esperados, porque los trabajadores saben que una vez superado el absurdo ultimátum el gobierno se verá obligado a negociar en términos diferentes. De mantenerse la magnitud de la resistencia, no sólo deberá renovar sus ofertas de pagos adicionales por elementales principios de igualdad, sino que incluso buscará mejorar sus ofertas, sobre todo a los trabajadores con antigüedad avanzada, con ofrecimientos de carácter jubilatorio. Resulta obvio que para un trabajador con mediana antigüedad la propuesta indemnizatoria no es atractiva, porque la posibilidad de regresar al trabajo por la vía legal, de recibir una resolución favorable acerca de su jubilación o al pago de salarios caídos con motivo de la ilegalidad de su separación constituye una alternativa sensiblemente mejor que conformarse con la oferta gubernamental.

También ha resultado ilusoria la oferta de recontratación a aquellos que sean liquidados, ya que hasta la fecha no se ha concretado su inserción en la Comisión Federal de Electricidad, por el contrario, la autoridad laboral ofrece cursos a los despedidos con el fin de que inicien sus changarros y se subcontraten en una condición penosa en esa empresa. Por lo visto, dicha autoridad se ha convertido en promotora de un outsourcing ilegal que viola los principios que deben regir toda relación de trabajo.

La próxima semana no será fácil para las familias de los trabajadores, porque la pérdida de un empleo trastoca su estabilidad, formas, proyectos de vida, la propia autoestima y seguridad personal. Apoyados en la solidaridad, cuyo primer nivel deviene del ámbito familiar, deberán resistir el embate liquidatorio. Resulta contrastante que mientras en otros países los gobiernos diseñan planes y programas generadores de empleo, fortalecimiento del mercado interno y crecimiento, en el nuestro se haya optado por privar de tajo a miles de familias de la posibilidad de subsistencia, como si fuera el único camino para mejorar el servicio público eléctrico.

El golpe a los trabajadores de LFC trasciende las fronteras de este gremio, ya que lesiona a hombres y mujeres que viven de su trabajo. Sería mala noticia para todos que esta maniobra gubernamental lograra sus fines. Por ellos y por nosotros, es tiempo de desplegar en su favor la máxima solidaridad posible.

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Edicto
Helguera

¿Se puede tener absolutamente conciencia tranquila?
Enrique Dussel*

Desde el más alto nivel del Estado mexicano se ha expresado que, ante la decisión política de dejar sin trabajo a 44 mil empleados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se tiene sin embargo absolutamente conciencia tranquila (La Jornada, 14.10.2009). Desearía reflexionar sobre dicho enunciado desde un punto de vista preciso y estrictamente ético, y muy especialmente porque el funcionario se presenta públicamente como cristiano (y por ello nos viene a la memoria el siguiente texto de un conocido pensador alemán, cuando escribe que la crítica está en su perfecto derecho cuando obliga al Estado o al que “profesa la Biblia como su doctrina en oponerle [a su decisión] las palabras de la Sagrada Escritura, [porque] cae en una dolorosa contradicción […] cuando se enfrenta con aquellas máximas del Evangelio que no sólo no acata, sino que no puede tampoco acatar”1). Mi reflexión se dirige entonces a un amplio público, sean ciudadanos que adoptan posiciones de derecha o de izquierda, aunque argumento principalmente para aquellos que opinan que en política hay principios normativos.

En primer lugar, el corto enunciado habla de absolutamente, o en absoluto. Desde ya debemos indicar que ninguna decisión práctica o política puede ser absoluta en el sentido de cierta. Es decir, la finitud humana y la complejidad prácticamente infinita de toda decisión concreta política impide como un imposible afirmar que sea absolutamente cierta (y ni siquiera puede ser cierta, a la manera de una conclusión matemática, y no porque sea insuficiente o errada sino, simplemente, por su imponderable complejidad). Toda decisión práctica, ética, política por ello puede ser, en el mejor de los casos, efectuada con pretensión de justicia. La palabra pretensión (claim, en inglés; Anspruch, en alemán, y tal como lo ha expuesto K.O. Apel o J. Habemas) indica exactamente que la verdad de los juicios o decisiones prácticas pueden, cuando son honestas, cumplir con las exigencias o los principios estipulados por la moral, pero que nunca pueden alcanzar el grado de certeza de algunas explicaciones científicas (que de todas maneras son falsables), de una verdad inapelable. Si alguien demuestra razonablemente lo contrario de lo decidido con pretensión de justicia, el justo debe corregir el juicio ante el mejor argumento, y permanece por ello en la pretensión de justicia (pero sabiendo que a corto o largo plazo puede demostrarse nuevamente la injusticia de la misma corrección)2. La Biblia, que el mandatario afirma como cristiano como su doctrina, recuerda que el justo peca siete veces por día. Y es justo, porque sabe de su finitud y reconoce con conciencia su pecado cuando se lo reprochan justamente. El injusto, en cambio, no peca nunca, porque tiene ceguera valorativa (diría Max Scheler) ante el efecto negativo de su acto injusto. Es entonces desmesurado y falso que una conciencia pueda estar absolutamente tranquila, o está indicando, simplemente, que no se tiene conciencia moral de lo que se hace, y se dice.

En segundo lugar, la conciencia de la que se habla no es conciencia cognitiva (en alemán Bewusstsein), sino conciencia moral (Gewissen). Los griegos la desconocieron; los egipcios desde hace 45 siglos la describieron en el mito de Osiris, que era un dios que conocía todos los actos humanos, aun los más secretos, y que en el día del juicio final –parte del mito egipcio después recibido por judíos, cristianos y musulmanes–, recordaba a cada uno las injusticias cometidas en su vida3. El actor egipcio de un acto se veía visto por el dios (era ya la conciencia moral que juzga el acto, que lo recrimina o aprueba). La conciencia moral para Tomás de Aquino era una facultad de la razón práctica que aplicaba (applicatio, en latín) los principios universales éticos al caso concreto que la decisión elige (una elección querida y un querer juzgado, decía el Aquinate). Freud le denominó el Super-yo (Ueber-Ich), que remuerde como culpabilidad (que cuando es patológica hay que superarla, pero cuando es justa hay que tenerla en consideración; perder toda culpabilidad puede ser efecto de una insensibilidad moral propia de los cínicos, en su sentido cotidiano). De manera que la conciencia moral puede considerar positiva o meritoriamente una decisión o un acto, o puede reprochar culpablemente un acto injusto.

En ambos casos, sin embargo, nunca se tiene absoluta tranquilidad; es decir, nunca nadie puede estar seguro, tranquilo de la bondad del acto realizado, de que sea ética y objetivamente verdadero (con verdad práctica), ya que por naturaleza toda decisión moral o política es incierta (por la finitud humana, y por la complejidad de las situaciones concretas, complejas). Hasta un Francisco de Asís (tan ponderado por el pensador marxista Antonio Negri, que termina su libro Imperio hablando de aquel ejemplar cristiano medieval, amante de los pobres y siendo él mismo heroicamente pobre) en su lecho de muerte estaba atormentado (nada tranquilo entonces) imaginando el juicio final y temiendo por todas las faltas cometidas en su vida ante su conciencia moral sensible y exigente que se había formado. Nadie puede ante una decisión en la que 44 mil personas pierden su empleo, parte de su vida, no estar animado de un profundo temor y temblor, como diría S. Kierkegaard, el gran pensador danés. Alguien, como Agamenón, el rey que se lanza a la conquista de Troya, se angustia ante el designio trágico griego de tener que inmolar a su hija Ifigenia, que el destino tremendo le obligaba. Pero el mismo Agamenón no tenía la conciencia tranquila al cumplir la voluntad de los dioses, sino que lloraba y gemía por la responsabilidad que afrontaba irremediablemente por ser rey, más allá de su deseo y de su amor paterno por su hija (¿No debería amar con amor de padre a sus hijos el representante que sabe que ha sido elegido para cumplir con la satisfacción de las necesidades de su pueblo, es decir, de los 44 mil miembros del SME?). Aún en el caso que debiera hacerlo hubo de medir sus palabras para que la frialdad de su conciencia no se manifestara en público con la dureza del acero del victimario (y no del amor de Abraham, que no mató a su hijo Isaac, aunque así no cumplía la ley de los semitas que le obligaba, como a Agamenón, a inmolar a su primogénito). ¡Cuánta distancia entre el Abraham de la Biblia que por amor a su hijo no cumplió la ley que le mandaba inmolarlo, al Agamenón que por amor a la ley mató a su hija pero gimiendo y llorando, y a nuestro presente ingrato cuando se deja sin trabajo a ciudadanos con conciencia tranquila! Es la futilidad del mal de la que habla Hannah Arendt, en referencia a la insensibilidad ante sus víctimas de aquel militar alemán que asesinó tantos judíos mostrando indiferencia cuando fue juzgado en Jerusalén.

El que se presenta como cristiano y contradice la Biblia escandaliza. Y dice el fundador del cristianismo (que al menos para el cristiano debe tener sentido): “Y al que escandalice a uno de esos pequeños […] sería mejor que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo echaran al mar” (Marcos 9, 41). ¡Ciertamente, duras palabras!

Escribo esto con el espíritu respetuoso tal como lo hacía Bartolomé de Las Casas, que indicaba al Emperador Carlos V que corría peligro su persona en el día del Juicio (que para el cristiano tiene sentido) por las injusticias que había cometido con los indígenas americanos; porque “para que una enajenación pueda ser legítima –escribía Bartolomé– se requiere el consentimiento (consensus) de todos los interesados”4 (y esto no acontecía en las encomiendas de los quechuas del Perú ni en el caso presente). Y lo escribo porque creo que las decisiones políticas pueden enmendarse. Ya que, en efecto, como los califas y sultanes musulmanes, los reyes del siglo XVI español organizaban disputas filosóficas y teológicas (como la de 1550 en Valladolid, entre Ginés de Sepúlveda y el nombrado Bartolomé sobre el derecho a la conquista) para poder formarse personalmente un juicio ético-político, normativo, ecuánime, justo, sobre una situación concreta compleja, que sin embargo no libraba a esos reyes de los profundos remordimientos y reproches que le lanzaba su conciencia que nunca estaba segura de no ser culpable.

* Filósofo.

1. La cuestión judía (MEW, 1, 359).

2. Toda decisión válida es sin embargo falible, y esto nada tiene que ver con el relativismo.

3. Véase mi obra Política de la Liberación, vol. 1, [7].

4. De regia potestae, II, xxiii, 1.


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Crónica de una asamblea popular cargada de simbolismos



Conforme se acerca el 2010, se siente correr un espíritu en el ambiente de nuestro país, y este 5 de noviembre de 2009 no fue la excepción, al contrario pareciera que fue la suma de una serie de simbolismos, que para aquellos que son fervorosos creyentes de la numerología y de esa suerte de tradición cíclica tan arraigada en la cultura mexicana desde antes de la llegada de los españoles.

Comenzaré el recorrido por esta pléyade de símbolos: la 2ª Asamblea Nacional de Resistencia Civil, que da lugar a este artículo, es convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas, que es la agrupación obrera más antigua de México, la única que ha llevado con éxito una huelga general. Esta Asamblea, es efectuada en el auditorio nuevo del SME, ubicado en la avenida más larga de la capital del país, Insurgentes, nombre que no deja de traer a la memoria el inicio de la Guerra de Independencia: 1810, pero que además, fue precisamente en esta Avenida, donde Fidel Castro, el Che Guevara y el resto de los cubanos que partirían a hacer la Revolución más emblemática de América, se acondicionaron físicamente en largas caminatas de cabo a rabo, para años más tarde recorrer al Sierra Maestra.

Pero no sólo hubo símbolos del pasado glorioso de México y la América Latina, también hubo símbolos vigentes en la Asamblea, ya que en ese auditorio retacado de gente que bien podía hacer sentir a uno en la Francia de 1789, o en la Rusia de 1917, estuvieron presentes todos los espectros de la izquierda mexicana, lo mismo diputados del PRD como Karen Quiroga, o Gerardo Fernández Noroña del PT, pasando por Jesusa Rodríguez y Jesús Martín del Campo, representantes del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía, que encabeza el Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, hasta Flavio Sosa, dirigente y ex preso político de la APPO, Trini Del Valle, esposa de Ignacio Del Valle, líder preso del FPDT, de San Salvador Atenco, y por supuesto un gran conjunto de representantes de sindicatos, como el STUNAM, el SITUAM, y claro no podía faltar la UNT (causante del cisma de la CTM y el cacicazgo de Fidel Velázquez).



También se dejaron sentir los estudiantes lo mismo del IPN, que de la UNAM, la UAM, la UACM, y Chapingo, de todos matices ideológicos, desde anarcopunks seguidores del ya histórico CGH de la UNAM o bien movimientos democráticos como el Redes Universitarias (quienes también evocaran la semana pasada otro símbolo histórico, al consolidar un movimiento nacional estudiantil a 100 años de la fundación del Ateneo de la Juventud).

Ecos de John Reed, Kappa, Casasola y Toscano, no podían faltar los medios alternativos, que documentaron para la historia lo que bien puede ser uno de los capítulos más importantes de la cuarta transformación de nuestro país.

Cada organización haría un posicionamiento sobre la conveniencia de llevar a cabo un Paro Cívico Nacional, el cual fue acordado para el 11 de noviembre, y que con la toma de escuelas, dependencias públicas, movilizaciones en otros Estados de la República y el intento de parte de los diputados obradoristas de recuperar las oficinas centrales de Luz y Fuerza, seguramente va a cimbrar a los oligarcas, porque les dejará ver de manera clara que la izquierda y el pueblo se están uniendo al igual que hace casi 100 años, con el asesinato de Francisco I. Madero y la imposición de una dictadura militar con Victoriano Huerta, hoy con la liquidación de una parte del patrimonio nacional, y el intento nuevamente de imponer una dictadura militar fundada en una alianza militar con EE.UU. y Canadá, nos volvemos a unir, y nuevamente vamos a ganar.

L.D. Jesús A. Palma M.

Ciudad de México, Sede del Gobierno Legítimo de México, a 6 de noviembre de 2009.