A las masivas concentraciones que tuvieron lugar en esta capital los pasados 16 de octubre y 11 de noviembre –esta última como colofón del paro cívico nacional que se desarrolló ese mismo día en distintas entidades del país– se suman ahora las huelgas de hambre que 11 mujeres electricistas iniciaron el lunes a las afueras del edificio de la Comisión Federal de Electricidad, así como las que, desde ese mismo día, se llevan a cabo en Pachuca, Hidalgo, y en Toluca, estado de México. Por añadidura, varios cientos de sindicalistas cercaron ayer el Palacio Legislativo de San Lázaro, lo que llevó a la mesa directiva de la Cámara de Diputados a sellar los accesos del inmueble y a pedir el resguardo de la Policía Federal.
Los hechos que se comentan ponen en relieve el fracaso de la apuesta de la administración calderonista por acabar de tajo con el SME; por el contrario, sus agremiados han mantenido la cohesión organizativa y la voluntad de lucha para recuperar su fuente de trabajo, a pesar de las presiones ejercidas por el gobierno federal para que se sometan a un proceso de liquidación que es considerado por múltiples voces injustificado y hasta ilegal –así lo califican diversos jurisconsultos– y a contrapelo de las campañas de hostigamiento y de linchamiento mediático emprendidas por la alianza político-empresarial que detenta el poder en el país.
Hasta ahora, el empeño de la actual administración por desaparecer a LFC, y dejar de paso a más de 40 mil familias sin fuente de sustento, no sólo no ha tenido el respaldo social deseado por el gobierno federal –como demuestra la masiva asistencia popular a los actos referidos–, sino ha logrado que las distintas oposiciones políticas, sindicales y sociales del país encuentren un punto de convergencia y de unidad en el rechazo a la ofensiva del calderonismo contra los trabajadores y la propiedad pública.
En la circunstancia presente, ante la evidencia de un conflicto que, contra los cálculos y pronósticos del grupo gobernante, va de menos a más, es claro lo costoso que está resultando para el país la decisión tomada por el gobierno federal hace mes y medio: en todo este tiempo se ha profundizado la fractura política existente a escala nacional desde hace por lo menos tres años, se han acentuado los efectos de la crisis económica aún vigente –tanto por el incremento súbito en el número de desempleados como por las afectaciones derivadas de las interrupciones en el servicio eléctrico–, se han extendido las penurias y la zozobra en la población, y se ha abonado, en suma, al desarrollo de un nuevo foco de tensión y desasosiego nacional.
Ante las circunstancias referidas, es necesario que el gobierno federal exhiba prudencia, sensatez y visión de Estado al buscar una salida al conflicto creado por él mismo y que resulta a todas luces riesgoso para la estabilidad del país.
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Las autoridades no han entregado informe justificatorio
El gobierno busca dilatar la aplicación de la justicia
: SME
Alfredo Méndez
Miércoles 25 de noviembre de 2009, p. 6
La juez federal Guillermina Coutiño Mata difirió para el 10 de diciembre la audiencia constitucional a partir de la cual determinará si fue legal el decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LFC).
La diligencia, programada para celebrarse ayer a las 11 horas, se pospuso porque varias autoridades, entre ellas Presidencia de la República, no han rendido su informe justificado sobre el acto reclamado.
Presente en el juzgado federal primero de distrito auxiliar, el dirigente de los electricistas, Martín Esparza, acompañado de sus abogados, aseguró a La Jornada que las autoridades no rindieron en tiempo y forma sus informes, porque el gobierno busca dilatar la aplicación de la justicia
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También el cuarto tribunal colegiado en materia laboral pospuso para la próxima semana el análisis sobre el recurso de revisión interpuesto por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, mediante el cual la autoridad dependiente de Hacienda busca revocar la suspensión definitiva que la juez Coutiño concedió al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) el pasado 6 de noviembre.
La suspensión en vía de amparo ordena a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que se abstenga de emitir laudos que concreten la liquidación de la empresa, hasta que la misma juez determine si el decreto presidencial de extinción es constitucional.
La mañana de este martes, afuera del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, donde se ubica el juzgado primero, se realizó un mitin en el que participaron unos 5 mil electricistas.
A las 11:15 horas, la juez salió de su oficina para informar a los abogados de las dependencias federales y a los defensores de los electricistas que la diligencia se posponía ocho días.
En el transcurso de esta semana la Presidencia de la República y siete dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Energía, deberán enviar sus informes al juzgado.
Acerca de la tardanza de las autoridades en presentar los argumentos que justifiquen el decreto de extinción de LFC, Esparza dijo a este diario que el hecho de dilatar los informes de las autoridades y meterlos de manera extemporánea, “obedece a que no tienen justificación constitucional alguna para hacer lo que hicieron.
“Su interés por extinguir Luz y Fuerza sólo tiene justificación en lo que (ayer) dio a conocer La Jornada sobre las corruptelas de empresas trasnacionales con Alfredo Elías Ayub (director general de la Comisión Federal de Electricidad) y Néstor Moreno Díaz (director de operaciones de CFE) y otras gentes que están metidas en toda la corrupción y los 772 permisos que ha otorgado la Comisión Reguladora de Energía violentando la Carta Magna.
“Les advertimos que vamos a restablecer el orden constitucional en materia de energía eléctrica que desde 1992, con el entonces presidente Carlos Salinas, se ha violentado mediante la apertura del sector eléctrico con reformas como la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que data de ese año.
Así de claro: detrás de todo están metidas las empresas trasnacionales, Salinas de Gortari, los gobernadores priístas, además de la presidenta del PRI (Beatriz Paredes), quienes en lugar de apoyar a la empresa pública, toda vez que ese fue el proyecto nacionalista desde la expropiación petrolera (marzo de 1938), desde el salinato se han encargado de desaparecer la empresa pública eléctrica
, puntualizó Esparza.
Fuera del juzgado, miles de electricistas aguardaron a que su dirigente saliera a informarles el motivo por el que la juez Coutiño difirió la diligencia.
A las 11:45 horas los abogados del SME salieron a las escalinatas del Palacio de Justicia e informaron a los ex trabajadores de LFC que la audiencia se pospuso una semana.
Cuando el constitucionalista Raúl Carrancá les dijo que no se pudo celebrar la diligencia porque el presidente Felipe Calderón no rindió a tiempo sus informes justificados a la juez, la muchedumbre lanzó una rechifla.
Hernández
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¿Cómo aguantaremos el frío?, pues como aguantamos los embates de este gobierno
, señalan
Miércoles 25 de noviembre de 2009, p. 7
Afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) comenzaron anoche una huelga de hambre y se instalaron en campamento permanente
en demanda de la solución del conflicto que dejó sin trabajo y sin sustento a más de 44 mil trabajadores.
Los que comenzaron ayer la huelga en ese campamento son cinco trabajadores, tres de ellos de una misma familia: los hermanos Juan José y Juan Lino, y el hijo de uno de ellos, Juan Lino.
Los otros dos trabajadores en este segundo campamento instalado por los sindicalistas son Sergio Vallejo y Rolando Moreno.
Todos ellos no han aceptado la liquidación. Son trabajadores que tenían mucha antigüedad en Luz y Fuerza del Centro. En su lucha por recuperar su fuente de trabajo, los otrora pertenecientes a los departamentos de cables, vigilancia y cobranza, respectivamente, a partir de anoche sólo ingerirán agua, miel y suero.
Los cinco se instalaron en el acceso al Palacio Legislativo de San Lázaro que se ubica frente a la Tesorería, en medio de un acceso peatonal y uno vehicular al recinto, en el que ayer precisamente la mayoría de los legisladores no apoyaron la interposición de una controversia constitucional contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
¿Cómo van a aguantar el frío?, se les pregunta, y la respuesta es: pues como estamos aguantando y resistiendo los embates de este gobierno que intenta acabar con todas las empresas públicas para beneficiar a trasnacionales y empresarios privados; como están aguantando las compañeras también en huelga de hambre. A esto nos ha llevado el gobierno de Felipe Calderón
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En otro lado de la ciudad, las 11 mujeres del SME en resistencia cumplieron sus primeras 24 horas sin alimentos sólidos. Fueron visitadas por diversas organizaciones sociales y civiles que les manifestaron su apoyo.
Desde el mediodía se instalaron frente a su campamento en avenida Reforma e Insurgentes, –frente a unas oficinas de la Comisión Federal de Electricidad.
Rocha
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PRI, PAN, PVEM y Panal bloquean debate en San Lázaro
Miércoles 25 de noviembre de 2009, p. 5
Los grupos parlamentarios de PRI, PAN, PVEM y Panal hicieron el vacío a la posibilidad de emprender una controversia constitucional contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) e impidieron, mediante acuerdo parlamentario, que el tema se incluyera en el orden del día. Esto fue parte de la negociación del reparto del presupuesto de egresos que exigía, a cambio, no apoyar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Por instrucciones de Francisco Ramírez Acuña (PAN), la Policía Federal se apostó en los accesos de la Cámara de Diputados e incluso en el vestíbulo. Esa petición propició que en tribuna el diputado Ramón Jiménez López (PRD) recordara el pasado del panista.
Ya no está gobernando en Jalisco, donde reprimió a los grupos que se manifestaron por mejor soberanía para nuestra patria. Hoy mismo ordenó que en las escalinatas de este edificio estén apostados, tirados como perros, los agentes de la Policía Federal. Ojalá, y lo digo con toda responsabilidad, modifique su conducta, porque aquí somos iguales todos los diputados
.
Mientras se agotaba el tiempo para presentar la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cientos de electricistas se concentraron en las calles que rodean la Cámara. Ante la insistencia de diputados de PRD y PT, el dirigente del sindicato, Martín Esparza, y un grupo de electricistas ingresaron a las galerías.
El PAN condicionó su ingreso a que se mantuvieran en silencio. Primero, los electricistas se llevaban el índice a los labios, y después, ya en las galerías, se colocaron cubrebocas. Cuando PRI y PAN se negaron a debatir, los trabajadores y su dirigente repudiaron a gritos la actitud de ambas bancadas y se retiraron.
Como parte de la estrategia para evitar que el recurso legal prosperara, Ramírez Acuña no sólo avisó ayer a los diputados que podían pasar a la mesa directiva a sumarse a un proyecto de controversia redactado por PRD y PT, sino que para firmar el documento había que tener antes autorización de la secretaría técnica.
A las 17 horas, cuando venció el plazo para adherirse al proyecto, sólo se habían recabado 160 firmas, insuficientes incluso para presentar un acto de inconstitucionalidad, que requiere de 166.
A los priístas les dejaron la opción de firmar en libertad
, a condición de que se lograra unanimidad en favor en las filas de PRD, PT y Convergencia.
Durante la plenaria del PRI, el dirigente del sindicato ferrocarrilero, Víctor Flores, presentó un documento con el que, paradójicamente a su origen como líder gremial, argumentó la improcedencia de recurrir el decreto presidencial ante la Corte. No se trata, argumentó, de un asunto estrictamente sindical.
Al considerar los argumentos legales de la extinción, Flores negó la posibilidad de defensa a los 44 mil trabajadores que perdieron su empleo: No existen elementos que puedan suponer una invasión de competencias del Ejecutivo federal en relación con las previstas para el Congreso, por lo que no existe motivo que justifique una controversia respecto del decreto
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No hubo debate en tribuna. PAN y PRI abandonaron el salón. Porfirio Muñoz Ledo (PT) atribuyó la desaparición de la empresa a una operación roedor, emprendida desde el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando se mermó deliberadamente la capacidad generadora y transmisora de energía eléctrica
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Los diputados del PRD Ramón Jiménez, Víctor Manuel Castro y Avelino Méndez, así como los petistas Laura Itzel Castillo y Óscar González Yáñez, advirtieron que negar a los trabajadores la defensa legal generará más irritación social y violencia.
Jesús Zambrano (PRD), vicepresidente de la mesa directiva, resaltó: Hay un proceso inexorable de privatización que ha sido un error. Juegan con lumbre al tomar estas decisiones. Lo que hacen es apostar a que tal vez en 2010 haya un incendio político y social en todo el país
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Francisco Hernández Juárez, líder del sindicato de telefonistas, dijo que él no coincide con acciones violentas para resolver conflictos, y señaló: He tenido diferencias con quienes violentan el funcionamiento del Congreso. Sin embargo, parece que no entienden de otra manera. Si ésos son los recursos a los que debemos llegar, qué lástima. ¿Qué quieren, que nos preparemos para hacerles una huelga nacional?
Concluida la sesión, Jaime Cárdenas Gracia, a quien la aplanadora PRI-PAN rechazó un punto de acuerdo para que el pleno decidiera presentar la controversia, lamentó: Otra vez vuelve a ganar el acuerdo por el manejo discrecional del dinero del pueblo
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Astillero
Acelerar estallidos
Cierre de ventanillas
Pinches traidores
Las manos duras
¿Extrema insensibilidad o provocación programada? Día tras día, el régimen bipartidista dominante produce algo que añade cargadas razones a la exasperación social. Una posibilidad de explicación pasa, desde luego, por los menguados ánimos y habilidades del ocupador del Poder Ejecutivo federal. Ya hasta aquellos columnistas, opinantes y locutores que fueron cómplices de la instalación de un fraudulen- to gobierno de pocas luces van reconociendo (saltando de barco; ahora hacia el peñanietismo facturador) el desastre de su antes defendido Felipe. Pero aun así, a sabiendas de las húmedas y trasnochadas condiciones en que hoy se toman decisiones en las cúpulas, con la evidencia pública de la ínfima talla política de los miembros del gabinete, y de los extravíos y visceralidades asentadas en el principal despacho de Los Pinos, es posible preguntarse si de verdad tanto error proviene de tales insuficiencias dizque gobernantes o forma parte de un esquema de confrontación sistemática que busca acelerar esta- llidos sociales para aplicar de inmediato un plan de emergencias políticas que
justifiquela aplicación de medidas de contención y de represión largamente preparadas.
Ayer, por ejemplo, la Cámara de Diputados aceptó mostrarse como un ente faccioso, incapaz de dar una respuesta procesal satisfactoria a una franja social que ve cerrarse una tras otra las ventanillas de la resolución pacífica de un conflicto que va mucho más allá de lo laboral. Considérese que, así fuera por taimados propósitos de mediatización, los legisladores que controlan San Lázaro pudieron haber dado continuidad al sendero jurídico solicitado por trabajadores electricistas que pedían a esa cámara presentar una controversia constitucional contra el decreto felipista que liquidó Luz y Fuerza del Centro. Pero el aparato pripanista de control legislativo ni siquiera permitió esa posibilidad de esclarecimiento jurídico, clausurando de tal manera las esperanzas de un tratamiento digno al asunto que, al de por sí ofensivo resultado final, añadió el desdén absoluto por el análisis y el debate en tribuna, dejando a la minoría solidaria con los electricistas el penoso cumplimiento del mero desahogo verbal en tribuna, sin opositores ni réplicas, loquitos tirando sermones sin sentido en la montaña del Poder Legislativo que, al estilo del chupacabrismo salinista hoy nuevamente entronizado, ni ve ni oye a los adversarios a los que en todo caso se dejó pasar en pequeña delegación a las tribunas de ese foro legislativo, las que luego, ya su mala suerte decidida, abandonaron mientras lanzaban al pleno acusaciones de entre las que este tecleador cree haber distinguido como pronunciadas con más enjundia e insistencia las de ¡pinches traidores!
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El Poder Legislativo (una de sus cámaras) no quiso ayudar a que una muy controvertida decisión del Poder Ejecutivo fuera analizada y confirmada o corregida por el Poder Judicial. La falsa división de poderes, por todos tan sabida, sucumbe explícitamente en razón de los pripánicos arreglos mafiosos que en forma muy evidente se han dado en estas semanas para repartir botines y proteger espaldas. Los de tres colores aprobaron un presupuesto de egresos que preserva privilegios operativos de Los Pinos y le mantiene al PAN la esperanza electorera de la manipulación de los programas sociales, mientras ese propio priísmo ya gobernante entrega a sus gobernadores favoritos (inversionistas que recogen dividendos) carteras infladas que, además, podrán ser ejercidas con menos vigilancia que en años anteriores. El PRI también ha negociado que el PAN-gobierno no vaya en alianza con PRD, PT y Convergencia cuando menos en algunos estados clave para el tricolor, como Oaxaca, Puebla y Veracruz (donde el tramposo monito Date/Entrégate, sólo va como convergente utilería redituable que busca ganar, pero no los comicios). Y en esos acuerdos de pirataje en alta mar también se selló el compromiso de que el tema de LFC fuese pasado por alto, sin permitir bajo ninguna circunstancia que prosperara el intento de que San Lázaro presentara la famosa controversia constitucional.
Helguera
En lugares como Chiapas, donde hay una chispeante administración local alegremente dispuesta a ensayar las ocurrencias de Los Pinos, se vive un escenario similar en cuanto a la acumulación de pifias gubernamentales y el tufo a provocación programada. Con una dosificación clara se han ido sembrando falsas presunciones de que en la entidad se preparan alzamientos armados, lo que ha permitido a las fuerzas públicas atemorizar, investigar
y reprimir de una manera presuntamente cautelar. El manejo político y mediático del sabinismo izquierdista
busca provocar para justificar sus acciones presuntamente preventivas; envenenar para explicar las razones por las cuales el brazo de la violencia oficial debe entrar en acción. No se trata, ni en el plano federal ni en algunos estados, de meras deficiencias personales de los ocupantes de esos poderes decadentes, sino de un proceso de incitación que busca adelantar confrontaciones e instalar manos no limpias, esa broma de mal gusto ya quedó atrás, sino duras ¿De qué otra manera se podría siquiera aspirar a cubrir la segunda mitad del sexenio, si no fuera mediante la instauración de más tinieblas y dolores, la guerra ya no contra el narco sino abiertamente contra opositores y críticos?)
Astillas
Así como los hizo para adelantar la supuesta desaparición de tres secretarías ¿Felipe pagará ahora espots para informar que el Senado le negó tal pretensión?... ¡Hurra! El Banco Mundial ha decidido endeudarnos más, ahora con mil 995 mdd que caerán de perlas para el contratismo y los arreglos bajo el agua del único sexenio que a la mitad ya está en el Año de Hidalgo... Y, mientras el embajador de Estados Unidos ofrece, generoso y sin doble intención, capacitar a 400 mil policías estatales y municipales mexicanos, ¡hasta mañana, en esta columna que ve al Legionario Mayor, Álvaro Corcuera, pedir sincero perdón
a los dañados por ese bando religioso fundado por Marcial Maciel!
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Fisgón
El contrato a que se refiere EU se firmó dos años antes de que asumiera el cargo, afirma
Si detectan ilegalidades, entregarán la información a la PGR para sus pesquisas sobre pagos indebidos a funcionarios en la administración de Gasca Neri
Revisarán todos los convenios
Miércoles 25 de noviembre de 2009, p. 3
El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, se deslindó del caso de corrupción que destapó la justicia estadunidense y afirmó que el contrato que originó la investigación fue firmado dos años antes de que él asumiera la dirección de la empresa paraestatal.
Quiero dejar muy claro que tuvimos conocimiento de esto el día de ayer (lunes) y de inmediato presentamos la denuncia ante la PGR (Procuraduría General de la República) para que se investigue a fondo; pero ese contrato viene desde 1997 y yo entré como director en 1999
, indicó.
El pasado lunes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que funcionarios de la CFE recibieron sobornos para entregar contratos millonarios a una empresa en Texas, subsidiaria de la suiza ABB, dedicada a la ingeniería eléctrica en varias partes del mundo.
Al día siguiente de conocerse la noticia, la CFE se apresuró a informar sobre las medidas adoptadas y el inicio de una revisión de los miles de contratos, todos
, que se han asignado en los 12 años recientes, con la finalidad de determinar cualquier irregularidad en los procesos.
Señaló que si se llega a detectar alguna acción ilegal, la información se pondrá a disposición de la PGR para ayudarla en sus investigaciones sobre los pagos indebidos que habrían recibido funcionarios de la paraestatal durante la administración de Rogelio Gasca Neri (actual consejero ciudadano de Petróleos Mexicanos), que fueron hechos públicos en Estados Unidos.
Por medio de un comunicado, la CFE detalló el mismo lunes que el contrato en cuestión fue firmado en diciembre de 1997 y tenía como propósito dar soporte tecnológico a los sistemas de control y despacho de la empresa.
Precisó que el convenio fue actualizado en 2003 (cuando Elías Ayub ya era director de la CFE), en lo que se relaciona con el mantenimiento y la renovación de versiones operativas.
Hay que tomar en cuenta que entre el nivel donde se ubicaban los presuntos acusados de haber recibido sobornos y la dirección general, hay cuatro escalafones
, comentó ayer una fuente de la CFE.
Entrevistado antes de que sostuviera una reunión con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Elías Ayub prometió que se va a investigar; eso es lo que le pedimos a la PGR: que investigue
.
No obstante, insistió en que se trató de “una actualización del software, que era algo que se tenía que hacer; pero el origen del contrato fue de 1997, dos años antes de que yo fuera director de la CFE”.
Consultados al respecto, funcionarios de la paraestatal manifestaron que desde 1997 se han firmado miles de contratos, debido a que cualquier adquisición, desde material de oficina hasta centrales eléctricas, debe ser concursado.
Pero sobre todo, aclararon, los contratos son auditados anualmente por el órgano interno de control y además los revisa la Auditoría Superior de la Federación.
Por otra parte, Elías Ayub informó que este martes comenzaron a distribuirse los primeros recibos de consumo de energía eléctrica en la zona centro del país. Señaló que en un par de días
comenzarán a llegar a las casas de los usuarios vía correo.
Indicó que hasta el momento sólo se ha detectado un caso de una persona que, con recibos falsos, ha intentado efectuar cobros a domicilio en la zona de Ecatepec, estado de México.
Por este motivo, recordó que únicamente los recibos que lleguen vía correo tienen validez y sólo se podrán hacer los pagos en bancos y tiendas de autoservicio.
Con información de Juan Carlos Miranda
