NUESTRO PRESIDENTE LEGITIMO EN GIRA Y SUS COMENTARIOS A CERCA DE LA PRIVATIZACION DE PEMEX:
Sólo esperan el “ambiente favorable” para presentar la iniciativa ante el Congreso, advierte
AN y PRI tienen lista la reforma para privatizar Pemex: AMLO
La movilización popular comenzará el día en que la propuesta llegue a San Lázaro, anuncia
Revela que se reúnen ya empresarios y dueños de medios con los interesados en la apertura
Andrés Manuel López Obrador continuó ayer su gira por el estado de México, donde minimizó los efectos de los ataques en su contra. “Nos van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez”, dijo Foto: Foto La Jornada
Donato Guerra, Méx., 2 de febrero. Andrés Manuel López Obrador aseguró que PRI y PAN ya tienen lista la iniciativa de reforma al sector energético para presentarla en el actual periodo de sesiones, pero sólo esperan un “ambiente favorable” para hacerlo.
“Ante ello –advirtió–, nosotros también reforzaremos nuestro movimiento y no permitiremos ningún albazo legislativo.”
En gira por esta entidad, llamó de nuevo a la población para que acuda la tarde del próximo 18 de marzo al Zócalo de la ciudad de México, donde se realizará una asamblea informativa en la cual se definirán las acciones de resistencia civil en contra de la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Sin embargo, como lo ha hecho durante las recientes semanas, el “presidente legítimo de México” precisó que la movilización en todo el país arrancará en el momento mismo en que sea presentada ante el Congreso de la Unión una iniciativa de enmienda en los términos referidos.
López Obrador mencionó como promotores de la reforma energética a Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño (secretario de Gobernación), Jesús Reyes Heroles (director de Pemex) y a los legisladores priístas Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa y Francisco Labastida, además del senador panista Santiago Creel.
Aseguró tener información de encuentros recientes entre empresarios y dueños de medios de comunicación con los principales interesados en que avance la apertura de Pemex al capital privado nacional y extranjero.
Respecto de las críticas que ha recibido en los medios de comunicación, e incluso en su partido –el PRD–, por haber emitido comentarios en torno a la reunión de Mouriño con la perredista Ruth Zavaleta (presidenta de la Cámara de Diputados), el político tabasqueño declaró: “Están en su derecho de seguir con su campaña de desprestigio, pero no les funciona. La prueba está en que todos los días se ocupan de nosotros. A estas alturas, después de tantos ataques, ya no existiríamos. Nos van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez”.
El ex candidato presidencial calificó a Felipe Calderón de “espantapájaros”, “mentiroso” y “títere”, al que nadie hace caso respecto de sus previsiones, en particular en lo relativo a generación de empleos y crecimiento económico.
López Obrador recorre, desde el jueves pasado, el poniente de la entidad, colindante con Michoacán, zona de municipios de población mazahua, algunos gobernados por PRI, PRD y PAN.
En San José del Rincón explicó a sus simpatizantes, reunidos en la plaza central, el origen del PAN, en 1939, justo un año después de la expropiación petrolera, concretada por el presidente Lázaro Cárdenas.
“Me llama mucho la atención –dijo– que en este municipio, con tanta pobreza, gobierne el PAN. Pero la culpa no es de la gente; es de nosotros, que no la hemos orientado”.
El “presidente legítimo de México” está cerca de concluir su recorrido por los 125 municipios del estado de México, visitas que no han escapado a los efectos de la coyuntura de sucesos a escala nacional y de las contiendas internas en el PRD.
En esta entidad, una de las más importantes del país por el número de electores y militantes del sol azteca, la dirigencia estatal asegura que Luis Sánchez, aspirante a dirigir el partido, cuenta con el apoyo de las tres principales fuerzas del perredismo mexiquense: Movidig, del senador Héctor Bautista; Nueva Izquierda, liderada aquí por el ex diputado Javier Salinas, y el Grupo de Acción Política (GAP), del ahora diputado local Higinio Martínez.
Estas corrientes y grupos apoyan la candidatura de Jesús Ortega a la presidencia nacional del PRD, pero a nivel local algunos han acompañado a López Obrador en su gira.
De igual forma, en algunos municipios visitados este sábado, como Villa de Allende o Ixtapan del Oro, fue evidente la poca presencia del perredismo en los mítines del ex candidato presidencial; incluso pobladores de Ixtapan del Oro dijeron que el alcalde Benigno Arroyo, quien llegó al cargo abanderado por el PRD, “está más preocupado en atender sus asuntos con la Iglesia” que en apoyar las acciones de su partido.
Sin embargo, en otros municipios (Donato Guerra, Amanalco y Valle de Bravo) fue entusiasta la participación de los simpatizantes de López Obrador, aun cuando en el Día de la Candelaria debieron dividir su tiempo entre acudir a escuchar el mensaje del político tabasqueño y en colmar sus parroquias para la tradicional bendición de los niños Dios.
En el umbral de un acuerdo
En la discusión de la reforma en el sector enérgico para abrir la posibilidad de que Pemex reciba inversión privada “se ha llegado al umbral de un acuerdo”, estimó Banamex, filial en México de Citigroup. El único punto pendiente, añadió, es quién o quiénes de los involucrados cargará con el “costo político” de la decisión.
“Consideramos que nos encontramos cerca de un acuerdo entre PRI y PAN, y que las recientes declaraciones (de senadores de ambos partidos) sugerirían que uno de los temas de mayor trascendencia que se discuten es la distribución del costo político asociado al lanzamiento de la propuesta, puesto que es de anticiparse que el PRD criticará severamente cualquier reforma en el sector”, consideró Joel Virgen, analista de Banamex.
Los senadores del PRI fijaron su postura: optarán por esperar que el Ejecutivo tome la iniciativa y envíe su propuesta. También han criticado la reciente sugerencia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, de que es necesaria una evaluación de la situación de Pemex antes de cualquier propuesta, añadió.
Sin embargo, los senadores del PRI han manifestado su disposición a la apertura del sector a la inversión privada, en tanto que “no atente contra la soberanía”, como declaró su vocero, Carlos Jiménez, apuntó el analista.
Si el PRI no recibiera ninguna propuesta del Ejecutivo antes de abril, ellos podrían presentar la propia, dijo.
Entre los objetivos, que se libere a “presos políticos”
El Frente contra la Represión propondrá una ley de amnistía
El Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) enviará al Congreso de la Unión una propuesta de ley que tiene como objetivo que sean liberados “todos los presos políticos del país, se presente con vida a los desaparecidos políticos y no exista más persecución contra luchadores sociales”.
Durante un foro de discusión, integrantes del FNCR analizaron dos propuestas de ley de amnistía: una federal y otra local, que tras su aprobación por el organismo se presentarán ante el Legislativo federal y del estado de México.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra, subrayó que ambas propuestas deben ser duras y exigir alcances máximos, debido a que los legisladores “intentarán quitar y mover” postulados. Por ello, agregó, realizar movilizaciones sociales en todo el país será fundamental.
El anteproyecto de ley federal consta de 19 artículos en cuatro capítulos, algunos de los cuales establecen que las autoridades deben “decretar la amnistía en favor de todas las personas contra las cuales se haya ejercitado o pueda ejercitarse acción penal ante tribunales federales y locales por delitos derivados de su participación real o supuesta en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o participación en movimientos armados”.
Otros postulados plantean la presentación de desaparecidos y que se garantice la integridad física y la libertad de personas perseguidas por su participación real o supuesta en los actos mencionados.
Asimismo, propone crear una Comisión Especial Permanente (CEP), cuyo objetivo será instrumentar el cumplimiento “pleno e irrestricto” de la ley de amnistía. Dicho órgano estaría conformado por un representante de las comisiones de derechos humanos Nacional y del Distrito Federal, por los presidentes de las comisiones de garantías fundamentales del Senado y la Cámara de Diputados, un representante de la Suprema Corte y ocho miembros del FNCR. Los gastos para su funcionamiento serían cubiertos por el gobierno federal.
La CEP también podría “realizar inspecciones en centros de readaptación social, casas de detención y arraigo, campos militares, centros administrativos de detención, retenes militares o cualquier otro lugar donde se presuma que puede encontrarse algún desaparecido”.
Recuerdan en Guerrero a Genaro Vázquez
Miembros de varias ONG realizaron una marcha en Chilpancingo para conmemorar el 36 aniversario del asesinato de Genaro Vázquez y en demanda de la cancelación del capítulo agropecuario del TLCAN Foto: Óscar Alvarado
Chilpancingo, Gro., 2 de febrero. Al cumplirse 36 años del asesinato de Genaro Vázquez Rojas, unos 800 militantes de organizaciones de izquierda realizaron aquí una marcha en rechazo a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, para exigir la libertad de los presos políticos y la destitución del secretario de Educación en Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega.
El homenaje al fundador de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) –asesinado en Michoacán el 2 de febrero de 1972– se realizó a mediodía en Casa Guerrero, residencia oficial del gobernador Zeferino Torreblanca.
José Bracho Campos, lugarteniente de Genaro Vázquez, entrevistado durante la movilización opinó que “el país, y nuestra entidad están en efervescencia; el pueblo de México está levantado, como sucedió el pasado 31 de enero, casi en todo el país hubo protestas”.
Señaló que desde que la ACNR andaba en la sierra, “Genaro (Vázquez) decía que el país estaba empeñado, hoy decimos que está vendido; él decía que el enemigo central al que había que derrotar era la oligarquía proimperialista gobernante, que pone y quita gobiernos, oprimiendo al pueblo”.
Opinó: los partidos políticos son instrumentos de la oligarquía gobernante, principalmente PRI y PAN; “el sistema capitalista siempre queda incólume y para hacer proyectos en favor del pueblo deben cambiar las relaciones de poder.
Trinidad Juárez Bello, de 81 años y compañera de lucha del extinto guerrillero, recordó que desde 1972, cuando fue asesinado su esposo, inició la lucha por la libertad de los presos políticos recluidos en la cárcel de Chilpancingo, “ahí estaban José Bracho, Antonio Sotelo Pérez, Zeferino Contreras, y Carmelo Cortés Castro (dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), entre otros”.
El Comando Popular Revolucionario La Patria es Primero (CPR-LPEP), y la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP) señalaron que las condiciones de vida continúan peor que antes y detallan que “en el contexto de la restructuración mundial capitalista, la oligarquía mexicana (con Carlos Slim a la cabeza), sus representantes en el gobierno (con Calderón, Juan Camilo Mouriño, etcétera) y sus secuaces españoles y norteamericanos profundizan la estrategia neoliberal fascista”.
Se acentuaron miseria y marginación; “no se dan cuenta sólo quienes se tapan ojos y oídos”
Desastrosos efectos del TLCAN en el agro, concluye estudio en la Cámara
Está en riesgo la estabilidad de la nación por la inseguridad en abasto de alimentos, advierte
Protesta de campesinos en el Zócalo contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el pasado 31 de enero Foto: Marco Peláez
La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados elaboró un análisis en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su impacto en el campo mexicano, en el que concluye que después de 14 años de entrar en operación, “los efectos para la población rural son desastrosos. A partir de su firma –señala–, las condiciones de miseria y marginación se acentuaron en el campo, y los supuestos que se esperaban para reactivarlo económica y productivamente no sucedieron”.
Héctor Padilla, presidente del órgano legislativo, también señaló que “sólo quienes se tapan ojos y oídos no se dan cuenta de la realidad”.
En un recuento de los daños durante los últimos 14 años resalta que el financiamiento al agro cayó más de 90 por ciento; se aniquiló la producción nacional de semillas mejoradas, quedando a merced de las trasnacionales, y se redujeron al mínimo las actividades de investigación y generación de tecnologías agroalimentarias.
Asimismo, destaca que también se acabó la industria de fertilizantes propiedad de la nación, y hoy los productores dependen de su importación y de precios cada vez más caros, y se cancelaron los programas de asistencia técnica y capacitación dirigidos a los productores rurales.
“En otras palabras, la única reacción de nuestros gobernantes frente a los grandes retos que nos impone el TLCAN, lejos de impulsar un programa de restructuración y reconversión productiva, no atina más que a su desmantelamiento, lo que nos ha llevado a una posición más vulnerable que al principio. Soportados con enormes subsidios en Estados Unidos, los precios de los granos se fueron a la baja y el de la tortilla a la alza; los insumos para la producción agrícola, como los fertilizantes, ahora son importados; las semillas son producidas por trasnacionales y los costos de la maquinaria y los pesticidas se incrementaron en forma desorbitada”.
Para los legisladores federales, por efecto del acuerdo comercial el campo mexicano entró en la crisis más aguda de su historia, empujando a su población a la pobreza o a la expulsión masiva hacia Estados Unidos, adonde han emigrado más de 3 millones de mexicanos en los últimos seis años, en su mayoría del sector rural.
Por tal razón, frente a la destrucción de la infraestructura del campo se incrementaron las importaciones, acabando con la situación que daba al país un buen margen de soberanía alimentaria mediante la producción de trigo, sorgo, soya y arroz, mientras que en 2007 las compras de maíz en el exterior alcanzaron una cifra superior a 10 millones de toneladas.
“Se puede afirmar que el TLCAN ha agudizado nuestra dependencia alimentaria con Estados Unidos: de 1980 a 1994 las exportaciones de productos agrícolas crecieron más de 200 por ciento, mientras que las importaciones apenas aumentaron 28 por ciento; 14 años después, ese comportamiento se invirtió, ya que las exportaciones sólo crecieron 50 por ciento y las importaciones avanzaron a un ritmo extraordinario, llegando a un incremento de 176 por ciento en el mismo periodo”.
Según el Banco Mundial, el resultado de todo esto es decepcionante, pues se tiene un campo en regresión, económicamente estancado, sin competitividad, en constante despoblamiento y abandono de tierras, con espacios ocupados por cultivos ilícitos, para convertirse en un problema de seguridad nacional, dada la acción de la delincuencia y los riesgos de estallidos sociales.
“En relación con el empleo, los efectos han sido más que desastrosos, ya que el número de productores se redujo casi en una tercera parte, y los trabajadores disminuyeron a la mitad. En 1991 se ocuparon en el campo 9.9 millones de mexicanos; en 2006 la cifra se redujo a 50 por ciento, es decir 4.9 millones”.
De tal forma –advierte la Comisión de Agricultura–, “llegamos a 2008 y no hay una propuesta del gobierno federal para afrontar la crisis. Ya no es sólo el interés de los productores rurales lo que está en juego, es la estabilidad de la nación por la inseguridad en el abasto de alimentos básicos. Y es, por tanto, un asunto de seguridad alimentaria y nacional.
“El principal problema del agro es que los gobernantes que han conducido el destino del país desde la firma del tratado no han sido capaces, y seguramente ni les ha interesado, de construir un proyecto para el campo mexicano acorde con las necesidades de México y de los retos que nos impone la globalización”.
El Estado “renunciaría a las ganancias” y “sería una privatización doble”, señalan expertos
Avanza la idea de llevar hasta 49% del capital social de Pemex a bolsa
Democratizar la propiedad de la petrolera, argumento en el Senado para colocar acciones en el mercado bursátil
También se discute incorporar “prácticas corporativas” en la gestión
La colocación de una parte del capital social de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la bolsa de valores es una de las alternativas para abrir la participación privada en la empresa estatal, junto con la creación de un “directorado”, que introduzca “prácticas de gobierno corporativo”, de acuerdo con anteproyectos que son discutidos en la Comisión de Energía del Senado, en debates que hasta ahora no han sido públicos.
Información obtenida por La Jornada revela que entre las propuestas que serán llevadas a discusión por senadores de PRI y PAN como parte de la denominada reforma energética, se incluyen cambios en la legislación secundaria, principalmente en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo; Ley de Obra Pública; Ley de Adquisiciones y Ley Orgánica de Pemex.
Al menos tres propuestas que se analizan en el Senado coinciden, por un lado, en privatizar una parte del capital social del organismo mediante una colocación en la bolsa, cuya proporción, todavía no definida, oscila entre 20 y –las más osadas– hasta 49 por ciento, y dar a los accionistas particulares un peso decisivo en la conducción de la empresa. Con esta medida de pulverización se espera “democratizar” el capital social de la petrolera.
Por otro lado, se propone dar autonomía presupuestal y de gestión a Pemex para que el consejo de administración –bajo dominio privado– defina rumbo y destino de la paraestatal.
Ganancias futuras
Fabio Barbosa, académico universitario y especialista en temas energéticos, comentó que la emisión de acciones vía mercado bursátil, significaría comprometer aún más las ganancias futuras de la empresa más importante de América Latina. “Significaría privatizar y pasar a las manos de los propietarios particulares de esas acciones las ganancias futuras que pudiera obtener la empresa.”
Se comprometerían aún más los recursos que generaría la empresa, pues se tienen comprometidos flujos de efectivo a futuro que ascienden a casi un billón de pesos, con el abultado endeudamiento con particulares al que se ha sometido la empresa con los proyectos de inversión financiada con impacto diferido en el gasto.
Agregó que “si colocaran vía bolsa un porcentaje de 20, 30 o 49 por ciento del capital social de Pemex también representaría que esas ganancias quedarían fuera del control del consejo de administración de la paraestatal y, por ende, del Estado”, advirtió.
Víctor Rodríguez Padilla, asesor en el Congreso alertó, que la emisión de acciones que permitieran a sus tenedores obtener beneficios de los rendimientos de Pemex sería equivalente a una doble privatización: la del capital social y la de la toma de decisiones, incluyendo las operativas, administrativas, organizativas, financieras, laborales y estratégicas.
Según algunos legisladores de PAN, PRI y sus aliados, quienes pretenden impulsar la inclusión de inversión privada en Pemex, bajo la bandera de “vamos a rescatar a Pemex y preservar la rectoría del Estado en el sector”, la estrategia consiste básicamente en 10 puntos de la llamada reforma energética, comentó Rodríguez Padilla.
Destacan la concesión y apertura de los oleoductos y poliductos; alianzas estratégicas o tecnológicas para la explotación petrolera en aguas profundas, en particular en el caso de los yacimientos transfronterizos.
Así como la bursatilización de Pemex mediante la apertura de una proporción –aún indefinida– del capital social de Pemex.
Además, cambio en la organización interna y en las facultades del consejo de administración y la reunificación de Pemex y la aplicación de las denominadas prácticas de gobierno corporativo con la inclusión de consejeros independientes en la firma.
Otro punto es la pretensión de transferir al sector privado la explotación de yacimientos marginales y pozos abandonados por Pemex, siguiendo el ejemplo de la apertura neoliberal en Venezuela, en la década de los 90.
También se pretende autorizar la figura de productores independientes de refinados y de petróleo crudo, que sería la versión petrolera de lo que hizo Carlos Salinas con la electricidad en 1992.
Además, se propone crear un “directorado” para administrar los contratos de riesgo. Rodríguez Padilla, doctorado en economía de la energía con mención honorífica en la Universidad de Grenoble, Francia, explicó, que la idea es crear una institución de mercado parecida a las existentes en Noruega, Brasil y Canadá. La función principal del “consejo de hidrocarburos” será administrar, a nombre del pueblo mexicano, la exploración y explotación del petróleo, el gas natural y los demás hidrocarburos por parte de empresas privadas, públicas o mixtas.
Luego de cuadricular el territorio nacional, asignará bloques resultantes al mejor postor, para que opere bajo un título de concesión o un contrato de riesgo.
Rodríguez afirmó que la estrategia del gobierno, del PAN y de legisladores del PRI para impulsar la reforma consiste, primero, en establecer un diagnóstico catastrofista, para luego proponer el “rescate”, que resolverá los problemas, sin costos para nadie y en beneficio de todos los mexicanos. En tercer lugar, se dirá que hay urgencia, que se debe actuar ya.
Se planea, anticipó, hacer pública la “reforma” cuando todo esté acordado entre Ejecutivo, PAN y PRI, además de limitar el debate al Congreso, para no dejar que la sociedad intervenga. “El Senado será la Cámara de origen y se pretende aprobar esta iniciativa en un proceso fast track, como se hizo con la Ley del ISSSTE”.
Indicó que esta estrategia se acompañará con una campaña mediática “mentirosa y descalificadora de quienes se opongan”. El gobierno, dijo, justificará la reforma por el aumento exorbitante de los pasivos laborales que mañosamente se han inflado desde finales de los 90 para llevar a los organismos a la quiebra contable. También se buscará dividir al PRD, que se opone a cualquier reforma, apoyándose en los detractores de Andrés Manuel López Obrador, “presidente del gobierno legítimo”.
