1º de mayo, en defensa del petróleo y el trabajo
Muchos son los motivos de protesta que movilizarán a los trabajadores y trabajadoras este primero de mayo, y sin duda el más sentido y urgente es el rechazo a la reforma energética. A medida que pasan los días y se brinda más información, la propaganda oficial tiende a desvanecerse, develando el trasfondo de esta atrabancada reforma de la que depende en buena medida la economía de nuestro país y, en consecuencia, nuestra suerte personal y familiar. Los trabajadores conocen muy bien la historia de las privatizaciones, las han vivido en carne propia; gracias a ellas millares han perdido el empleo o han visto sus condiciones de trabajo degradadas. Los ejemplos sobran: los bancarios han sufrido una permanente precarización de su vida laboral; más personal de confianza, menos salarios y mayores jornadas, férreo control gremial, son los signos de la política laboral de la banca extranjera que hoy controla el sector. Los ferrocarrileros, casi en extinción, perdieron mayoritariamente sus plazas de trabajo, lo único que conservaron fue al líder sindical; por los mismos motivos, los azucareros no han visto su suerte.
Hace tan sólo 10 años, se anunció con bombo y platillo que el sistema de cuentas individuales y Afores mejoraría los servicios médicos y las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); hoy se confirma que tenían razón quienes advirtieron que las pensiones irían a la baja, que las verdaderas beneficiadas serían las aseguradoras privadas, las cuales sin ningún esfuerzo y tan sólo trasladando recursos, han obtenido ganancias gigantescas a cuenta de las pobres pensiones de los trabajadores. La cadena de historias es inagotable: se puede hablar de carreteras, medios de comunicación o servicios públicos, el hecho es que casi en automático se vincula la idea de privatización con despojo, con funcionarios enriquecidos, con líderes sindicales que trafican con el cambio de estatus. Por este motivo, los trabajadores reclaman una discusión pública y fundada sobre la reforma. Por ello, crece la propuesta en favor de un referéndum.
Un segundo reclamo que estará presente en numerosos contingentes es la protesta contra la Ley del ISSSTE; el número sin precedentes de trabajadores que han acudido a la vía del amparo para combatirla es muestra clara de su rechazo. Aparte del tema de los nuevos requisitos y del sinnúmero de lagunas legales que generan angustia a los trabajadores, resulta absurdo que al final de la vida laboral, tanto los trabajadores de nuevo ingreso como aquellos que ingenuamente opten por los fantasiosos bonos terminen con un papelito en las manos negociando su pensión con una aseguradora extranjera. ¿Por qué no se creó un organismo público autónomo y transparente que administrara y pagara las pensiones, como en otros países del mundo? ¿Por qué regalar ganancias gigantescas al sector privado a cuenta de los trabajadores? ¿Por qué el clima de terror, desinformación y manipulación que instrumenta el ISSSTE para forzar a los trabajadores a que opten por los bonos fantasiosos? ¿Por qué no hablar con la verdad?
Un tercer motivo de reclamo está fundado en la política salarial que ha promovido el gobierno a costa de la calidad de vida de los trabajadores. El último incremento a los salarios mínimos, del orden de 4 por ciento, reflejado también en las negociaciones contractuales y en los topes salariales, es una ofensa cotidiana que sufren quienes viven de su trabajo, al confirmar que los datos de inflación baja son puro cuento frente a la realidad de los precios y nuevos impuestos. Este coraje aumenta cuando el salario alcanza menos y contrasta cada vez más con el que perciben los funcionarios públicos. ¿Cómo se puede vivir con 3 o 4 mil pesos al mes, ya no digamos con el salario mínimo? En otros países, los gobiernos han logrado progresos en esta materia, mientras el nuestro sólo parece preocupado por preservar a toda costa el tope salarial.
La reforma laboral promovida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social agrega un elemento de crispación, sobre todo porque ha sido fruto de un método excluyente, sin transparencia alguna y con interlocutores escogidos a modo por el gobierno. Atendiendo al texto recientemente conocido de la llamada reforma Lozano, todo indica que fueron esencialmente abogados empresariales del corte más conservador y atrasado quienes la elaboraron; se sirvieron con la cuchara grande, al suprimir los reducidos espacios existentes en materia de libertad sindical, contratación colectiva y huelga. Esta propuesta de reforma impone requisitos imposibles de cumplir en la práctica para el ejercicio de derechos colectivos, violando la Constitución y los convenios internacionales en materia de derechos humanos, en especial el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.
Los diferentes contingentes incluirán sus propios reclamos, las arbitrariedades cotidianas de las juntas de Conciliación y Arbitraje, los injustos cierres, las contrataciones irregulares, y una exigencia creciente, no sólo al gobierno federal, sino también a los estatales y del Distrito Federal, para que instrumenten una política laboral activa y comprometida con los trabajadores, especialmente en las ramas industriales y de servicios más depauperadas.
Los agravios son muchos, pero si no se afrontan de manera unitaria y propositiva serán cada día más severos. Por esta razón, urge una nueva ola de imaginación y fraternidad para impedir que los intereses de la gente, en su mayoría trabajadores, se sigan colocando por los gobiernos en el último lugar de sus prioridades. Marchemos juntos para empezar a cambiar el rumbo.
