Gobierno actual y electo avalan alza al pasaje sin pedir mejora en servicio |
Por Ana Jennifer de la Fuente
Sin plazos definidos para que los concesionarios ofrezcan un mejor servicio y ejecuten la actualización de sus 5 mil unidades, las autoridades estatales electas y en funciones autorizaron el alza de cinco a seis pesos a la tarifa del transporte público en la ciudad de Puebla.
Así lo reconoció Abraham Sánchez González, coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación, y agregó que desde la publicación del decreto de aumento a la tarifa en el Periódico Oficial del estado, los concesionarios deberán "ir actualizando las unidades", aunque no existe una fecha límite.
Para las autoridades no fue necesario imponer la condición de endurecer las penas contra los transportistas que ocasionen accidentes, pese a que tan sólo esta semana dos personas fallecieron en choques derivados del exceso de velocidad de los choferes.
De manera evasiva Abraham Sánchez dijo que el incremento responde a que los costos variables -combustible, refacciones, mantenimiento, imprevistos- subieron 70 por ciento en los dos últimos años, el de capital –las letras de las unidades nuevas- 25 por ciento y los de administración -salario, arrendamientos- 3.5 por ciento; y durante los dos años pasados no hubo aumento a las tarifas.
El incremento de cinco a seis pesos en la capital será el inicio de una escalada de alzas en el transporte estatal, pues se espera que en el mes de enero el resto de las rutas suburbanas y urbanas de otras ciudades de la entidad también modifiquen el precio del pasaje.
Sobre las condicionantes que se les pidieron a los concesionarios -dijo- están que todos los transportistas cuenten con la certificación de choferes, cada ruta tenga un solo representante, amplíen una hora su horario –hasta las 11 pm- y tengan contadores de pasajeros al interior de las unidades.
Respalda Moreno Valle aumento al pasaje
Por su parte, Víctor Mata Temoltzin, representante del Comité de Transición del equipo del gobernador electo Rafael Moreno Valle Rosas, aseguró que el futuro gobierno respalda el aumento de cinco a seis pesos para el transporte urbano de la capital y afirmó que las autoridades electas estuvieron al tanto de las negociaciones.
Mata Temoltzin adelantó que durante dos años no habrá aumentó de tarifas, pues ese tiempo lo utilizará el futuro gobierno para presentar una iniciativa de la fórmula tarifaria, misma que solicitaron los concesionarios.
Agregó que para ello se tendrá que realizar un nuevo estudio "más afondo" de los costos que implica la prestación del servicio de transporte público.
-¿Se trata de un acuerdo político?, se le preguntó a Víctor Mata.
-De ninguna manera…- respondió Abraham Sánchez, tras un largo silencio.
Transportistas desconocían aumento al transporte, acusan
Tras el anuncio oficial del aumento en el pasaje, un sector de los líderes del transporte se dijo sorprendido. Tanto Pedro Díaz García del Consejo Taxista como Delfino Reyes Bocardo de la Asamblea Permanente del Transporte –que encabezó el paro de unidades en septiembre pasado-, aseguraron que desconocían del incremento a la tarifa del transporte público que el martes dio a conocer la Secretaría de Gobernación.
En entrevistas por separado, Pedro Díaz reiteró que desde septiembre -que iniciaron las negociaciones- su postura fue en contra del alza del transporte por la falta de empleo y la baja derrama económica que impiden condiciones para el aumento.
"Hasta ahorita (miércoles por la mañana) me entero por los medios de comunicación del incremento de un peso. Nosotros siempre nos manifestamos por mantener la tarifa porque la ciudadanía cuenta con una situación precaria. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) están de vacaciones no hay a quien preguntarle", expresó Díaz García vía telefónica.
Aclaró que el servicio de taxis afiliados a su agrupación -Omega, Ignacio Ramírez, Central de Taxis- no tendrá incremento en los precios, pese al alza que se autorizó para las vans, microbuses y camiones a partir del primero de enero de 2011.
Por su parte Delfino Reyes Bocardo, representante de la Asamblea Permanente del Transporte, entrevistado en San Martín Texmelucan detalló que su visita era para buscar al secretario de Gobernación, Valentín Meneses e ingresar a las mesas de diálogo que ya sostenían desde hace dos semanas las autoridades con Ignacio Morales Paz.
En ese momento negó que ya se tuviera pactado un aumento y subrayó que mantendrían su postura de solicitar un alza de al menos dos pesos, para que el pasaje tuviese un costo de 7 pesos por viaje.
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En Estado de sitio
Es un documento muy grave y delicado pues además de que se miente se intenta justificar un Estado de sitio sin fundamento legal, de facto. Lo que está haciendo el Ejército Mexicano nos recuerda las revisiones y controles que hacía el ejército nazi y la siniestra Schutzstaffel (la SS, organización militar, política, policial y de seguridad de la alemania nazi) en las calles de varias ciudades y pueblos de Europa, especialmente en donde se sospechaba que había judíos y otros enemigos
del régimen de Hitler. La única diferencia, todavía, es que cuando había retenes nazis y alguien protestaba, se le disparaba sin explicación alguna y sin importar si eran hombres o mujeres, niños o ancianos. Esto todavía no ocurre en México, salvo en muy contados casos, como el sucedido el 6 de septiembre pasado en Apodaca, Nuevo León, cuando –según la versión militar– un vehículo con una familia desarmada ignoró un retén militar. En ese caso la Séptima Zona Militar declaró “que ‘la intención de establecer puestos de control es combatir activamente a la delincuencia organizada’ para evitar el libre tránsito de sus integrantes, y expuso que en el ataque –ocurrido a las 21 horas– participaron elementos de una base de operaciones asignadas a la Campaña Permanente contra el Narcotráfico y de aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos” (La Jornada, 7/09/10).
El comunicado de prensa que comento (el de la 24ª. Zona Militar) miente al decir: En el ámbito de sus competencias, las secretarías de Seguridad Pública, Defensa Nacional y Marina, están facultadas para realizar acciones preventivas en materia de seguridad, sujetándose a estricto apego a derecho y conduciéndose con absoluto respeto a los derechos humanos
. La Secretaría de Seguridad Pública no tiene entre sus atribuciones realizar acciones preventivas en materia de seguridad, sólo aprobar el sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para prevenir la comisión de delitos
(Ver atribuciones de la SSP, fracción XVI), la Secretaría de la Defensa tampoco, como puede verse en el título segundo, capítulo II, artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Ley Orgánica de la Armada de México sólo tiene atribuciones para prevenir la contaminación marítima. En otros términos, estas instancias del gobierno federal no tienen facultades de prevención en materia de seguridad, aunque sí las tienen para garantizar la seguridad interior del país y su mar territorial. Garantizar no es prevenir. Para esto existe la policía preventiva.
Cuando la Séptima Zona Militar declaró que la intención de los puestos de control es para evitar el libre tránsito de los integrantes de la delincuencia organizada, está cometiendo una doble ilegalidad, al menos: 1) Para impedir el libre tránsito de integrantes de la delincuencia organizada primero tiene que demostrar que aquellos a los que se les impide el tránsito son delincuentes, y si ya sabe que lo son ¿entonces para qué detener, revisar y controlar vehículos de quienes no lo son? 2) Si no sabe quiénes son los integrantes de la delincuencia organizada entonces no puede detener vehículos a diestra y siniestra, y mucho menos revisar a sus ocupantes o el contenido de los vehículos sino violar flagrantemente el artículo 16 constitucional: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento (Cursivas mías). Dicho sea de paso, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos no faculta al Ejército a establecer retenes militares ni revisiones de ciudadanos o de sus vehículos.
Tales garantías constitucionales y otras, como el libre tránsito, sólo pueden ser suspendidas bajo un estado de sitio que, hasta donde sabemos, no ha sido decretado en México. Sin embargo el comunicado de la 24ª Zona Militar da los lineamientos e instrucciones que deben seguir los ciudadanos en los eufemísticamente llamados puestos de control
militar. Entre las instrucciones, típicas de un Estado de sitio en una dictadura, quiero destacar las siguientes: “Si su traslado es por la noche deberá … apagar su luz exterior y encender la luz interior de su auto”, “hacer alto total en el área indicada por el personal del puesto de control o de revisión vehicular, el conductor deberá colocar las manos sobre el volante y esperar instrucciones”, “en caso de que se le requiera, deberá descender de la unidad al igual que sus ocupantes, […] abrir la cajuela de su auto, guantera, puertas, equipaje y otras partes del mismo” (las cursivas son mías) .
Y, por si no fuera suficiente, le piden a la ciudadanía que coopere con estos atropellos, que actúe como si fuera un delincuente armado y ponga las manos sobre el volante, que se deje ver en el interior de su vehículo, que no encandile con su luz exterior a los militares y, desde luego, que no intente evitar el retén porque (es el sobrentendido) los soldados le pueden disparar y asesinar como les ocurrió a los que murieron en Apodaca.
El comunicado se refiere al gobierno federal (así escrito), dando a entender que las medidas e instrucciones obedecen a una orden de Felipe Calderón. Si esto es cierto, y no tengo por qué dudarlo, entonces el Presidente de la República y sus subordinados militares están violando sus propias leyes y la Constitución del país. ¿Hasta cuándo lo vamos a tolerar?
Rocha
