El abrazo de Judas
Cuando Rubén Jaramillo decidió tomar las armas, en 1943, afirmó que lo hacía “convencido de que ante este gobierno, hablar en favor de los campesinos, como es digno, es un crimen.” Jaramillo llevaba varios años defendiendo los derechos de los cañeros del ingenio de Zacatepec donde, en 1938, había sido presidente del consejo de esa cooperativa. Pero a partir de 1940, sus gestiones se enfrentaban cada vez más a las represalias del gerente, cuyos pistoleros atentaron en varias ocasiones contra la vida del veterano zapatista.
Fue así como se inició el primer levantamiento armado de los jaramillistas, quienes inicialmente recurrieron a la clandestinidad como autodefensa, pero que se fueron radicalizando conforme se incrementó la represión del Estado. En varios momentos distintos y con estrategias diferentes, intentaron luchar por vías legales. En 1944, su líder aceptó la amnistía del presidente Manuel Ávila Camacho, y en 1958 de Adolfo López Mateos. Ambos mandatarios les otorgaron salvoconductos, pero ninguno se comprometió a aplicar reformas que cambiaran la situación que produjo el levantamiento. Esta falta de voluntad oficial repercutiría profundamente en la trayectoria del movimiento.
Jaramillo aceptó las amnistías porque consideraba que le otorgaban un espacio para ampliar su lucha. En 1945, por ejemplo, formó el Partido Agrario Obrero Morelense (PAOM), y al año siguiente se postuló para gobernador de la entidad. Pero ante esta movilización legal, sus seguidores enfrentaron un Estado que usó la fuerza ilegal, y la represión los llevó nuevamente a la clandestinidad. Fue hasta 1951 que Jaramillo regresó a la vida pública, optando, una vez más, por la vía electoral, y se vuelvió a postular para gobernador en las elecciones de 1952.
Pero la represión a esta campaña llegó con más fuerza. En los comicios del 52 los jaramillistas se unieron al general Miguel Henríquez Guzmán, cuya candidatura para la Presidencia de la República suscitó grandes movilizaciones a escala nacional. Formados dentro del PRI, los líderes henriquistas que rompiendo filas con el partido oficial formaron la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM) prometieron un retorno a la política cardenista. Con este discurso lograron especial simpatía en el campo, una popularidad a la cual el Estado respondió con represión.
Los jaramillistas vivieron esta represión en carne propia. Los participantes en sus mítines fueron detenidos, las oficinas del PAOM saqueadas y los cuerpos sin vida de sus militantes empezaron a aparecer en las orillas de las carreteras. Un delegado del PAOM recuerda como, por “la situación que prevalecía de persecución, andábamos como Juárez, con la presidencia por dondequiera.”
La represión se generalizaría a escala nacional. En los días posteriores a las elecciones, varias localidades estuvieron en virtual estado de sitio, y la manifestación convocada por Henríquez Guzmán en la Alameda Central, para protestar por el fraude, fue reprimida con un saldo de varios muertos, decenas de heridos y unos 500 encarcelados. Esta pequeña masacre, sin embargo, ha desaparecido casi por completo de nuestra historia contemporánea.
La represión de 1952 da inicio a otro periodo de clandestinidad para los jaramillistas. Aun así, muestran su voluntad de participar dentro de la vía legal y Jaramillo acepta la amnistía de López Mateos. La reunión terminó con un abrazo, que luego sería recordado como “el abrazo de Judas”, ya que el hostigamiento gubernamental se inició casi de inmediato. Cuando los jaramillistas, después de obtener la autorización del Departamento Agrario, empezaron a colonizar los llanos de Michapa y Guarín, fueron despojados por el Ejército. Poco después, el 23 de mayo de 1962, un destacamento militar llegó a la casa de Jaramillo, en Tlaquiltenango, y lo secuestró junto con su mujer y sus tres hijos. Unas horas más tarde, los cuerpos de la familia entera fueron hallados en las afueras de Xochicalco. Todos con tiro de gracia.
Una de las características más sobresalientes del movimiento jaramillista fue su alternancia entre la vía legal y la vía armada, una muestra de sus orígenes en el zapatismo revolucionario y su integración a la política agrarista del cardenismo. En las casi dos décadas y media que duró el movimiento, estas dos tendencias coexistieron. Pero el jaramillismo se fue radicalizando a medida que el Estado cerró la opción legal no sólo con el uso de la represión, sino con una política que cada año hace la existencia campesina más precaria.
La lucha jaramillista ha dejado un rico legado histórico: la persistencia del zapatismo en Morelos, la atención a los grupos populares que dio el cardenismo y el punto de transición entre el agrarismo de la Revolución y las guerrillas que surgieron a partir de los 60. Para los grupos armados es un referente de la suerte que corren aquéllos que confían en la palabra del gobierno sin tomar las sufiecientes precauciones. No sorprende que, entre las guerrillas que surgieron en las décadas posteriores, las iniciativas de diálogo ofrecidas por el gobierno federal sean vista con desconfianza.
* Profesora del Dartmouth College. Su libro Rural resistance in the land of Zapata: the jaramillista movement and the myth of the pax-priísta, 1940-1962, publicado por Duke University Press, aparecerá en octubre de este año.
¿Dónde he visto ese programa? · Hernández
La burra no era arisca, la hicieron
Sin lugar a dudas, a los problemas de inconstitucionalidad, ineficiencia, ineficacia, pérdida de soberanía y seguridad nacional que se observan en la propuesta de reforma petrolera de Felipe Calderón, se debe añadir un elemento que es y será determinante en el sentir de la gente. Me refiero a la falta de credibilidad en el gobierno, sobre todo cuando en este contexto se añade la palabra “privatización”.
Señalo lo anterior porque, al mes de diciembre de 2007 la deuda total del sector público se ubicó en 3.5 billones de pesos, de los cuales 45 por ciento, es decir, 1.6 billones, corresponde a conceptos que están directamente ligados con privatizaciones, como son el rescate bancario y el carretero, sin olvidar los Pidiregas, que han sido al final de cuentas intentos ilegales y poco transparentes de promover la inversión privada en el sector energético.
Así, de los 33 mil pesos que cada mexicano ya debe al nacer, poco más de 15 mil son producto de privatizaciones. Y a esto hay que añadir que pese a esta deuda enfrentamos bancos que cobran altas comisiones y elevadas tasas de interés, carreteras costosas y en mal estado, y por si fuera poco, elevadas tarifas de energía eléctrica y una gasolina cara.
De esta manera, para los mexicanos las privatizaciones están asociadas directamente con las palabras “rescate”, “falta de transparencia”, “corrupción” y “deuda”.
Luego entonces, resulta absurdo que ahora se pretenda resolver el grave problema que enfrenta el sector petrolero utilizando como herramienta principal a la “privatización” o la “inversión privada extranjera”.
Pero, la propuesta se convierte en un disparate si por un lado se reconoce que gran parte del problema que enfrenta Pemex es fiscal y presupuestario, cuando al mismo tiempo se debe aceptar que ha sido con dinero del presupuesto y proveniente del petróleo con el que se han llevado a cabo los costosos rescates, producto precisamente del fracaso de las privatizaciones.
Así, por ejemplo, mientras en los últimos ocho años se han destinado poco más de 280 mil millones de pesos sólo para cubrir los intereses de la deuda generada por el rescate bancario, Pemex ha contado en el mismo periodo con recursos para inversión por 186 mil millones de pesos (cabe señalar que esta diferencia acumulada representa el costo de 10 refinerías).
Lo grave de esta situación es que ha sido el PRI el “padre” de estas privatizaciones y rescates, en tanto que el PAN se ha convertido en la “madre” de las mismas, al rehusarse permanentemente a investigar y esclarecer todas las ilegalidades y corrupción observadas en ellas.
Esto acentúa el problema de credibilidad pues con Calderón, lejos de dar muestras de transparencia y probidad, se han visto multiplicados los indicios de tráfico de influencias, manejo de información privilegiada, conflictos de interés y, en suma, de corrupción y de mentiras, como el asunto Mouriño o el de Zhenli Ye Gon.
Más aún a Germán Martínez, actual presidente del PAN y quien se escandalizó por la toma de las tribunas del Congreso, le tembló algo más que la mano cuando como secretario de la Función Pública tuvo en sus palmas a Francisco Gil Díaz y simplemente se rehusó a fincarle responsabilidades.
Ya ni qué decir en materia fiscal: hace menos de seis meses Calderón señaló que con su “reforma” las “grandes empresas” pagarían impuestos, pero ahora se sabe que son esas grandes empresas –que por cierto, de acuerdo con el auditor superior de la Federación pagaron durante 2005 sólo 74 pesos de impuesto sobre la renta (ISR)– las que han interpuesto cientos de “amparos” contra el pago del impuesto empresarial a tasa única (IETU), lo cual también nos cansamos de advertir que sucedería.
Cabe señalar que la interposición de estos “amparos” ha sido comandada por Fernando Sánchez Ugarte, quien hasta diciembre del año pasado se desempeñó como subsecretario de Ingresos de Hacienda y en tal virtud se le atribuye el diseño e implementación del IETU, pero a quien a partir de enero de este año no le importó violar la ley y aceptó una chambita como director general de Transportación Marítima Mexicana (TMM). Aunque sobra decirlo, esta empresa también se amparó contra el pago del IETU.
Sin embargo, en su momento, Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, guardó silencio y fue incapaz de actuar.
Así, los hechos demuestran que no es posible creer en lo que dice Felipe Calderón. Más aún, cuando en su discurso utiliza los mismos calificativos de bienestar y desarrollo que refería Carlos Salinas de Gortari cuando promovió sus privatizaciones y el Tratado de Libre Comercio.
Yo me pregunto: si se aprueba su reforma petrolera, ¿a cuántos funcionarios de Pemex o cuántos legisladores del PRI y del PAN veremos trabajando para Shell, Exxon o Halliburton, tal y como sucedió con los principales artífices del rescate bancario, quienes ahora se desempeñan como “respetables” miembros del sector financiero?
Por eso digo: la mula no era arisca, la hicieron.
