■ En las acciones, los soldados se ensañaron con la población, revelan informes oficiales
En la guerra sucia militares recibieron la orden de exterminar a guerrilleros
■ En comunidades guerrerenses más de 600 personas no volvieron a su hogar tras ser detenidas
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Genaro Vázquez y algunos de sus seguidores en la sierra de Guerrero, en 1971 Foto: Armando Lenin Salgado
Costa Grande de Guerrero, años 70. En el poblado El Varillal, municipio de Petatlán, un grupo de campesinos se encontraba destazando una res a petición de un amigo para vender la carne. En esos momentos en la vivienda que servía de rastro se “presentó la partida militar buscando a un supuesto traficante de mariguana y al no encontrarlo detuvo a los campesinos y los ametralló”, señala un informe de la Secretaría de Gobernación elaborado por la Dirección Federal de Seguridad (DFS) el 14 de enero de 1970.
Iniciaba el gobierno de Luis Echeverría Álvarez; la orden era acabar con las guerrillas encabezadas entonces por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. En ese contexto se puso en marcha la primera operación secreta de gran envergadura en contra de grupos insurgentes que actuaban en Guerrero: el Plan Telaraña.
Esta información consta en los informes militares y civiles que existen en el Archivo General de la Nación (AGN) y en la Procuraduría General de la República (PGR), en torno a lo sucedido en Guerrero durante la llamada guerra sucia, y en ellos se establece que durante el gobierno de Echeverría (1970-1976) las órdenes de los soldados cambiaron: de infiltración y obtención de información para detener a los guerrilleros, a “continuar la búsqueda para capturar o exterminar” al grupo de Lucio Cabañas, luego de que su gente emboscó a miembros del Ejército en la sierra de Atoyac el 25 de junio y el 23 de agosto de 1972.
La Jornada obtuvo copia del archivo histórico que posee la PGR, y su acervo da cuenta de la violencia de los órganos estatales en contra de habitantes de centenares de comunidades guerrerenses que, en algunos casos, a pesar de no estar relacionados con los grupos armados, fueron hechos prisioneros y conducidos al Campo Militar número Uno para ser “interrogados”.
Lo sucedido en El Varillal no es una historia aislada en Guerrero durante aquella época, tampoco la respuesta oficial a lo sucedido: “el comandante de la 27 Zona Militar declaró a los periodistas en el puerto de Acapulco que los campesinos habían sido ametrallados por haber hecho resistencia a la partida militar con armas de alto poder”.
El 29 de mayo de 1970 un hombre del poblado de Tecomate, municipio de San Marcos, acudió al Ministerio Público local y presentó un denuncia “en contra de un grupo de soldados que en días pasados fusilaron a cuatro campesinos, dos de los cuales eran menores de edad, porque se negaron a aceptar que tenían armas de alto poder en su domicilio”, refiere un documento de la Secretaría de Gobernación.
Ante estos hechos, el comisario municipal del Tecomate “afirmó que los mismos militares, después de haber fusilado a los campesinos en una barranca, lo amenazaron de muerte y lo obligaron a firmar unas actas con declaraciones falsas, en el sentido de que los muertos eran multihomicidas y que habían sido asesinados por sus enemigos”.
Agosto de 1970: un campesino con esposa y tres hijos temía que sus familiares murieran de hambre porque sus milpas no serían cuidadas. Llevaba un mes huyendo y envió la siguiente carta a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena): “con fecha 30 del mes de julio próximo pasado, fue rodeada mi choza habitación por soldados del batallón con sede en Ometepec. Rodearon mi choza habitación con el fin de aprenderme y fucilarme (sic) así lo manifestaron ellos mismos (…) Ocurro en súplica muy atenta, como digno representante de la clace (sic) humilde y campesina, dicte sus respetables órdenes a quien corresponda, ho sea (sic) al mayor y soldados federales para que dejen de perseguirme para poder dedicarme en mis ocupaciones campesinas, impartiéndome las garantías individuales a que tengo derecho, y habla nuestra carta magna fundamental”.
Así, el Ejército, mediante patrullajes aislados buscaba detener a los integrantes de la guerrilla, hasta que llegó el 7 de abril de 1971, cuando el Plan Telaraña estuvo listo. El Estado Mayor de la Sedena, con el número de expediente 15233, envió a la 27 Zona Militar “un ejemplar” de la operación clasificada como secreta.
Para ese entonces el gobierno federal estimaba que los grupos armados, a los que calificaba de facinerosos, no representaban “una amenaza desde el punto de vista militar”, pero aun así en sus planteamientos se encubría la verdadera intención de las autoridades:
“El gobierno federal ha decidido poner en ejecución un plan general tendente a impulsar la economía del estado por medio de un programa intensivo de alfabetización, electrificación, dotación de agua potable, abaratamiento de comestibles, atención médica, etcétera, con el fin de restar bandera al supuesto movimiento de los facinerosos.”
Plan más agresivo
Pero, agrega el plan, “paralelamente se recabará información que proporcionen elementos de juicio para llevar a cabo una acción militar en contra de los maleantes”, en estas acciones participaron todos los elementos disponibles en las zonas militares de Acapulco y Chilpancingo, de las regiones de Cruz Grande e Iguala, así como de las zonas militares “adyacentes” de Morelia, Toluca, Puebla y Oaxaca, además una compañía de fusileros paracaidistas y elementos de la Policía Militar que se agregarían a la operación.
La primera fase era “buscar un acercamiento inicial con la población”; para ello se repararían escuelas y mobiliario, se pondrían en marcha campañas de vacunación, alfabetización y enseñanza de primeros auxilios. Al mismo tiempo se realizaría “la infiltración de medios idóneos que encubran sus verdaderos propósitos realizando otras actividades, entre ellas vendedores ambulantes y choferes o ayudantes de vehículos de organismos gubernamentales”.
En las regiones de El Paraíso-El Cayuco-Atoyac de Álvarez, así como Petatlán, Acapulco, San Luis Acatlán-Xochistlahuaca-Ometepec, se concentró “el esfuerzo principal en contra de los maleantes”, centenares de hombres y mujeres fueron detenidos, algunos jamás volvieron a ser vistos. Hay cálculos de organizaciones no gubernamentales que refieren que en Guerrero más de 600 personas jamás volvieron a su casa tras su detención.
Sin embargo, el primero de 1971 la operación se modificó. Vendría una nueva, más violenta y agresiva; muchos de los detenidos fueron enviados al Campo Militar número Uno, como ocurrió el 12 de junio de ese año con siete campesinos que “sólo tenían conocimiento de la existencia de estos grupos facinerosos, pero sin tener ninguna intervención directa en sus actividades”.
