Álvaro Delgado
Hace justamente diez años, cuando César Nava Vázquez ingresó por primera vez al Consejo Nacional del PAN, de cuya dirigencia nacional era director jurídico, se produjo un episodio aberrante: el gobierno de Baja California se fundió con la Iglesia católica en una sola entidad que, en abierto desprecio a la ley y al Estado laico, obligó a una niña de 13 años --Paulina-- a aceptar un embarazo producto de una violación sexual.
Ese deleznable acontecimiento --en el que tomaron parte el gobernador Alejandro González Alcocer, actual senador, su mujer, sacerdotes, médicos, agentes del Ministerio Público e integrantes de Provida, todos de militancia panista-- se reprodujo ahora en ese mismo estado en dimensiones mayúsculas: el Congreso no sólo derogó, en los hechos, todas las causales del aborto, sino que inclusive apunta a la prohibición del uso de anticonceptivos.
La iniciativa promovida por el grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN), que fue apoyada por los legisladores priistas y de Nueva Alianza, el partido de Elba Esther Gordillo, penaliza el aborto hasta con diez años de prisión y deja sin efecto las causales por violación --que fue el derecho que gobierno-Iglesia conculcó a Paulina--, malformaciones congénitas y peligro de vida de la madre.
Se trata de un paso más en la agenda anti-libertaria del PAN, mimetizado con la Iglesia católica, porque en noviembre del año pasado se aprobó una reforma al artículo séptimo de la Constitución local que garantiza el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural y, por tanto, dejó sin efecto las causales de aborto establecidas en el Código Penal.
Una reforma del mismo calado se aprobó en Morelos, también a finales del año pasado, promovida por el gobernador Marco Antonio Adame, y está en curso otra análoga en Guanajuato, donde la intentona se pospuso unos años después que, en pleno proceso electoral del 2000, la vetó el gobernador sustituto Ramón Martín Huerta.
Este nuevo embate se produce en el contexto de la claudicación de Felipe Calderón ante el insolente clero católico, que no sólo mancilla el recinto en el que se promulgó la Constitución que detesta, sino que ha llegado al extremo de insultar a quienes hacen estas observaciones, como Desde la fe, órgano de propaganda del cardenal Norberto Rivera, una escalada cuyo próxima bravata puede ser la excomunión de quienes juzgue blasfemos.
En este marco, en apariencia ajeno, ¿a qué obedece que se cite a César Nava Vázquez, quien hoy lunes 26 cumple exactamente dos meses de haber sido despedido como secretario particular de Calderón y de haber asumido, ese mismo día, la coordinación de la campaña 2009 del PAN?
Nava es, nada menos, que el ariete para abrir, entre otros asuntos fundamentales para el PAN, el tema del aborto en la Cámara de Diputados y su sola candidatura, que este domingo quedó registrada en el distrito 15 del Distrito Federal –de menguada, pero aún fuerte presencia panista--, ha sido tomada por el clero y toda la estructura de la derecha como motivación para hacer proselitismo, aun al margen de la ley en el caso de los curas.
La razón es muy sencilla: después de la homilía de Calderón en la inauguración del Encuentro Mundial de las Familias --y que ahora voceros oficiosos dicen que dijo cosas que no quiso decir-- y de la toma del Teatro de la República, con plena anuencia de los gobiernos federal y de Querétaro, todo es válido, si bien hay otros antecedentes que acreditan el desprecio que ese personaje tiene de la Constitución en materia religiosa.
Pero la garantía de impunidad para que el clero haga política a favor del partido que "defiende la vida" y en contra de los partidos que promueven la "cultura de la muerte" se encuentra institucionalizada en la Secretaría de Gobernación, donde la subsecretaria de Población y Asuntos Religiosos, Ana Teresa Aranda, es más una fiel católica que una servidora pública capaz de aplicar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público al clero desafiante.
Lo mismo ocurre con Cecilia Romero Castillo, comisionada del Instituto Nacional de Migración, madrastra política de César Nava, incapaz de poder proceder, por ejemplo, contra curas o laicos que, como en su momento el exgobernante español José María Aznar, se inmiscuyan en asuntos que conciernen sólo a los mexicanos.
Cecilia Romero es esposa de Emilio Baños Urquijo, quien contrajo matrimonio con ella después de enviudar de una hermana de Bernardo Ardavín Migoni, jefe nacional de la Organización Nacional del Yunque, la estructura ultraderechista que mantiene una estrecha relación con Calderón, como lo prueban los casos de militantes orgánicos como la propia Romero, Aranda y, por supuesto, César Nava.
Pero la relación entre Baños Urquijo y Nava va más allá de una respetable sociedad afectiva --María Covadonga Baños Ardavín, hija de Emilio, es esposa de Nava--, porque ambos están involucrados en una sórdida operación que involucra millones de pesos del erario federal para un obra pública en Coatzacoalcos, Veracruz.
Sobre este episodio, como otros que se produjeron cuando Nava fue abogado general de Pemex, habrá que volver en su oportunidad, porque ilustran el talante del grupo gobernante, a menudo asociado al tráfico de influencias que contradice su devoción religiosa.
De hecho, existen también sórdidas historias alrededor de muchos, en apariencia, matrimonios ejemplares que no resisten el rigor que impone la Iglesia y sobre los que ninguna comparación tiene con los escándalos conyugales que Vicente Fox y Marta Sahagún han protagonizado deliberadamente.
Lo cierto es que, y se verá inclusive antes que inicien formalmente las campañas, el PAN contará con el respaldo del clero para evitar el naufragio electoral del que, por cierto, Nava ya se desentendió con su renuncia al cargo de estratega para competir por una diputación que tampoco será un día de campo…
Apuntes
"Ante el pasado, México tiene el deber de la reconciliación; y frente al futuro, México tiene un deber mayor: el de la unidad", convocó este lunes 26 el ciudadano Calderón, quien cada que puede acredita su lógica de facción. Alguien que agravia, una y otra vez, no tiene autoridad moral ni política para llamar a la reconciliación y a la unidad, sobre todo si lo hace sin convicción, como en este y sus llamados anteriores...
