Fraude II · El Fisgón
PRD: suciedad electoral legalizada
Ayer, por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el fallo emitido por la Comisión Nacional de Garantías (CNG) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el sentido de anular las elecciones internas que ese instituto político realizó el pasado 16 de marzo. De tal forma, el órgano encargado de impartir justicia electoral convalidó unos comicios marcados por el desaseo y en los que se presentaron, a decir del magistrado presidente, Flavio Galván, “diversas causales de nulidad”, para nombrar como ganador al candidato de la corriente Nueva Izquierda, Jesús Ortega, y solicitar a la CNG que entregue, a más tardar en 48 horas, la constancia que lo acredite como presidente nacional del PRD.
La resolución adoptada ayer remite de manera inevitable al fallo que el propio TEPJF emitió tras las elecciones presidenciales de julio de 2006, cuando los magistrados de la Sala Superior se negaron a efectuar un recuento total de los votos –que resultaba deseable, sensato y necesario– y decidieron dotar de validez jurídica al referido proceso electoral, a pesar de reconocer que estuvo plagado de “irregularidades graves” y que hubo violaciones flagrantes a las leyes electorales en perjuicio de uno de los candidatos por parte de representantes del poder político y empresarial. Entonces, como ahora, el TEPJF claudicó de su responsabilidad de dotar de certeza a los procesos electorales, dio la impresión de tomar partido en vez de impartir justicia y, lejos de brindar una salida a un conflicto poselectoral, lo profundizó y perpetuó.
Con semejante decisión, el tribunal electoral contribuye a la consolidación de un sistema electoral en el que las mapacherías, las trampas y las prácticas antidemocráticas resultan aceptables y ungidas de legitimidad a posteriori. No resulta sorprendente, por ello, que ante el descomunal desprestigio del TEPJF y del Instituto Federal Electoral, un creciente sector de la ciudadanía haya dejado de ver en la vía democrática y electoral un instrumento de incidencia real en las decisiones del poder público y un cauce viable para superar los enormes rezagos sociales que padece el país.
Por lo demás, la carta de naturalización que las instituciones referidas han otorgado a la marrullería electoral obligan a preguntarse de qué forma y con qué mecanismos podrían corregirse los otros vicios y corruptelas que campean en el ámbito de la administración pública.
Por lo que hace al PRD, el fallo comentado, que anula decisiones tomadas en sus instancias internas, le implicará un costo altísimo en materia de credibilidad y autoridad moral. Si para cualquier organización partidista resulta bochornoso que su dirigencia sea nombrada por una instancia del poder público, para un instituto político que se pretende opositor y el principal de izquierda en el país, tal circunstancia es necesariamente devastadora, particularmente en el contexto actual, caracterizado por la sospecha, el deterioro institucional y la pérdida de autoridad moral por parte de instituciones y partidos en general. Si la presidencia partidista emanada del fallo del TEPJF logra consolidarse en el aparato del partido, le resultará, en lo sucesivo, muy difícil recuperar el prestigio y el liderazgo ante los electores, simpatizantes y militantes, muchos de los cuales verán, en la resolución comentada, un pago por la obsecuencia ante el gobierno calderonista con que se ha conducido la corriente que encabeza el propio Jesús Ortega.
Pa' acabarla... · Hernández
Astillero
■ Cae el PRD
■ Ganador: Felipe de Jesús Ortega
■ Crear un partido de izquierda
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PROTESTA DEL FAP. Diputados del Frente Amplio Progresista (FAP) exhibieron mantas de repudio al presupuesto de 2009, durante el discurso de la perredista Valentina Batres en la tribuna de San Lázaro Foto: Francisco Olvera
Hay un claro rediseño político posterior a la aprobación de la reforma petrolera que siempre sí es privatizadora (Kessel sostiene). El Círculo Íntimo de Los Pinos ha sido sustituido en la toma de decisiones importantes por el eje Gómez Mont-Fernández de Cevallos-Salinas de Gortari, y el ocupante principal de la casa presidencial ha quedado como ejecutante formal de un poder compartido. La vista de los depredadores unidos está puesta en la manera en que otorgarán los nuevos contratos petroleros (cuidando siempre que haya los escurrimientos porcentuales propios de cada caso) y en las maniobras que consolidarán el poder político supuestamente reformado (2009, San Lázaro; 2012, la elección presidencial).
En este replanteamiento cupular juegan un papel redituable los llamados Chuchos, pues ofrecen a buen precio las pizcas de sazón “izquierdista” que se requieren para mostrar platillos de presunta pluralidad partidista en los menús diseñados para consumo local y extranjero. El reparto del botín electoral de los años venideros requiere de esa “izquierda” oportunista y mercantil que permitirá instalar el año entrante una mayoría pripánica de diputados que pueda precisar y ampliar algunos de los puntos intencionalmente ambiguos e interpretables de la reciente enmienda petrolera, y que promueva y apruebe “reformas” en otros temas importantes. El jabón del Chucho agradecido también servirá en su momento para dejar rechinando de limpios los comicios de 2012 en los que la izquierda “civilizada” buscará aliarse a los “nacionalistas” del PRI para “sacar” a la derecha de Los Pinos, con un Beltrones al que especialmente apoyan los Chuchos clásicos o un Peña Nieto bien visto por la Alianza Democrática Nacional, del senador Héctor Bautista, en el estado de México.
El plan de negocios para los próximos años ya generó que ayer, en pago por servicios petroleros, se reconociera al licenciado Ortega como detentador de la mayoría de las acciones de la reconvertida empresa PRD, S.A. de Ch. V. (es decir, de Chuchos y Varios). Pero en el horizonte de mediano plazo se plantea la posibilidad de una toma chucha de ganancias en tres gubernaturas: Morelos (con Gra&Co), Guerrero (con Ruth, si no es colocada antes en un puesto federal de más importancia) y alguna otra entidad aún sin determinarse. También se explorarán las posibilidades de que algunos izquierdistas modosos puedan ser acomodados en puestos públicos federales (subsecretarías y direcciones generales) como muestra de la gran unidad nacional que se ha desatado luego de la caída de un jet en la ciudad de México.
El comportamiento de los Chuchos no debería extrañar a nadie, pues han sido congruentes: siempre se les acusó de ser colaboracionistas con el calderonismo, y lo primero que hizo ayer Ortega fue anunciar que buscará tener acuerdos con su compa Navarrete y con el güero González Garza para mantener diálogo con la administración felipista a través del enlace apellidado Gómez Mont. Es tan previsible y consecuente la conducta de los Jesuses que con la resolución tomada ayer por el beltronista tribunal electoral federal (donde el chuchismo había acomodado al magistrado Manuel González Oropeza) se está poniendo punto final a la historia relativamente aceptada de un partido que sirvió luego de 1988 como cauce de desahogo de inconformidades cívicas y que a lo largo de los años se fue pervirtiendo aceleradamente.
Felipe de Jesús Ortega ha llegado a la presidencia del PRD al fin. No sólo porque al fin alcanza el cargo al que tantas veces se postuló, sino porque con su designación pone fin a las de por sí escuálidas expectativas de ejercicio sano de una política de izquierda desde ese partido y lo convierte en un Perreducho, en una versión moderna del Ferrocarril (el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional) de Aguilar Talamentes. Sin embargo, Alejandro Encinas ha considerado “inadmisible” la resolución federal que favorece a Ortega, pero no ha precisado de manera indubitable su rechazo a la posibilidad de ocupar la secretaría general en ese comité nacional que sería espurio sólo en la porción ocupada por los Chuchos.
A lo largo de las movilizaciones encabezadas por López Obrador para protestar por el fraude electoral y, luego, para defender el petróleo, se ha expresado un creciente rechazo a los mencionados Chuchos, aunque el dirigente de ese movimiento ha preferido hacer malabares de cúpula para mantenerlos lo más posible en el retablo formal de la lucha que ha combinado expresiones de calle con acciones en las cámaras. Pero el ascenso de los Chuchos y su actual fuerza numérica en el poder legislativo son algunos de los errores graves que en 2006 cometió López Obrador, cuando cedió las candidaturas federales porque consideraba que desde Palacio Nacional podría corregir las previsibles desviaciones que tendrían.
Hoy, frente a un rediseño político agresivo, en el que los Chuchos servirán para impulsar el aislamiento y la marginación del lopezobradorismo, el movimiento social de izquierda y el dirigente tabasqueño tienen la oportunidad de romper claramente con el cascarón negro y amarillo y convocar a un proceso que en primera instancia, por las limitaciones legales del caso, participe en los próximos comicios a través de lo que quede del Frente Amplio Progresista, es decir, el Partido del Trabajo (que ha mantenido una postura firme y clara, y que está dispuesto a promover candidaturas externas en donde sea necesario) y Convergencia, aunque esta organización coquetea con la idea de presentarse en solitario a los próximos comicios, y sentar, a partir de esta primera experiencia electoral no perredista, las bases para la creación de un nuevo partido de izquierda. Todo lo demás (acusar a los Chuchos de lo sabido, gastar adjetivos en desahogos, pelear en el plano “institucional”, hacer disquisiciones en el terreno jurídico electoral) es lo de menos. Y, mientras la mano gringa anuncia que no hubo sabotaje aéreo, ¡hasta mañana, con presupuesto federal aprobado!
Después de la reforma · Helguera
■ Califica de inadmisible el fallo del tribunal
“Clara intromisión” del Estado: Encinas
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Conferencia de prensa de Alejandro Encinas Foto: Carlos Cisneros
Alejandro Encinas Rodríguez calificó de inadmisible la decisión adoptada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de revocar la nulidad de la elección interna del PRD efectuada el pasado 16 de marzo, toda vez que constituye una clara intromisión del Estado en la vida de este partido, y convocó a Jesús Ortega a no aceptar dicha resolución y a construir un acuerdo político de fondo que dé gobernabilidad al sol azteca.
En conferencia de prensa, Encinas Rodríguez, quien contendió por la dirigencia nacional perredista encabezando la corriente Izquierda Unida (IU), fue interrogado insistentemente sobre su futuro en el PRD en caso de que Ortega desestime su llamado y asuma la presidencia partidista, así como si aceptaría la secretaría general de dicho instituto político.
Respondió que cualquier decisión que asuma “no será sólo personal” y adelantó que en los próximos días haría un pronunciamiento importante. Y de manera insistente se pronunció por construir una verdadera opción de izquierda en el país que se consolide como una alternativa frente a la derecha y reivindique el programa de transformaciones que necesita México, esto sin precisar si lo haría desde el PRD o fuera de este partido.
En el texto de seis puntos al que dio lectura Encinas Rodríguez se enfatiza que esta “clara intromisión del Estado” en la vida interna del PRD, afecta su autonomía e independencia y sienta un grave precedente en la vida política del país.
“Se trata de una decisión de carácter político que se estuvo administrando hasta la resolución de la reforma energética y el presupuesto 2009, lo que da cuenta de la naturaleza de las decisiones que adopta este órgano electoral y que ratifica nuestra convicción de no haber acudido ante un órgano ajeno al partido, que no garantiza el respeto a la voluntad popular de los ciudadanos, y en este caso, de los militantes del PRD”.
Dicha resolución es también, agregó, consecuencia de la incapacidad de los órganos electorales del propio partido para garantizar un ejercicio democrático y transparente en sus procesos internos; de su falta de decisión para atender no sólo los asuntos logísticos, sino las prácticas y conductas ilegales que se presentaron durante el proceso, lo que aunado a la falta de apego a la norma interna y al actuar sin ética de los órganos encargados de velar por los estatutos, profundiza la crisis de legalidad que vive el Partido de la Revolución Democrática.
Alejandro Encinas subrayó que la resolución del TEPJF legaliza y legitima las prácticas fraudulentas que son del dominio público al reconocer una “votación viciada y desapego a la legalidad”, así como la nulidad en el 22.8 por ciento de las casillas, pero al igual que en la elección presidencial de 2006, señala que pese a existir prácticas ilegales éstas no alteran el resultado final sino que, por el contrario, la diferencia entre el primer y el segundo lugar se incrementa.
Lo que no señala el tribunal, apuntó Encinas, es que sólo tomó en consideración las casillas cuestionadas por Jesús Ortega, y que en su revisión no consideró el recurso que Izquierda Unida y otros candidatos interpusieron ante la Comisión Nacional de Garantías.
¿Y las casillas no instaladas?
Lo que tampoco tomó en cuenta el tribunal electoral, agregó, es la denuncia pública de la que fuera presidenta de la CNG, quien al renunciar señaló que se dio validez a actas de casillas no instaladas en Chiapas, Oaxaca y Veracruz; que se contabilizaron votos fabricados ilegalmente; que los otros dos comisionados retrasaron deliberadamente la calificación de la elección de presidente y secretario general del PRD, y sustituyeron los proyectos de resolución presentados originalmente por otros, que fueron elaborados por abogados de Nueva Izquierda y fueron los enviados al tribunal para esta resolución.
“La legitimidad de la dirección la debe otorgar el voto libre de los miembros del partido; pretender una legitimidad desde un órgano del Estado, cuestionado de origen por nuestro partido, incluido el propio Jesús Ortega en su carácter de coordinador de la campaña presidencial, y que sea el que defina a su dirigencia, resulta lamentable para un partido de izquierda que ha reivindicado la lucha democrática y el respeto al voto”, aseveró.
Por la noche, en un comunicado, Dolores Padierna, dirigente de Izquierda Democrática Nacional (IDN), afirmó que su corriente no reconoce a Ortega como presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática.
■ Niega que su victoria sea en pago a la aprobación de la reforma a Pemex
La decisión del TEPJF fue un acto de justicia, sostiene Ortega
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Jesús Ortega, ayer Foto: Yazmín Ortega Cortés
Jesús Ortega afirmó que asumirá la presidencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), como resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), porque es un acto de justicia y rechazó que el resultado fuera pago al voto favorable que legisladores perredistas dieron a la reforma energética.
En conferencia de prensa, tras conocerse la resolución de los magistrados, Ortega Martínez convocó a Alejandro Encinas a asumir la secretaría general del PRD, y se mostró dispuesto al diálogo con los dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional y de Acción Nacional para impulsar reformas que ayuden al país.
Anunció asimismo que analizará la posibilidad de reunirse con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. “Lo voy a evaluar con los coordinadores parlamentarios del partido y con otros dirigentes, pero de antemano digo que el diálogo no daña a nadie. Nosotros dialogamos sin hacer a un lado nuestras convicciones y nuestros principios”.
Por lo pronto, indicó, en el Congreso mantendremos espacios de reflexión común y colectiva con otras fuerzas políticas, y también la comunicación con el gobierno federal, como se tuvo con el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, para elaborar el Presupuesto de Egresos, y como legisladores nuestros “se han reunido con el encargado de la política interior y con otros secretarios”.
–¿Y con Felipe Calderón?
–No lo tengo contemplado. Y como he dicho, reiteraremos una respuesta a su pregunta en los órganos colegiados del partido.
Jesús Ortega estuvo rodeado de colaboradores de corrientes perredistas afines a su proyecto, felices con la resolución, mientras él se mostraba conciliador y dispuesto a construir acuerdos por la unidad interna después de que, dijo, el TEPJF “garantizó el respeto al voto de los militantes perredistas, se apegó a la legalidad constitucional y a la legalidad estatutaria de nuestro partido”.
Indicó, a contracorriente de las denuncias de integrantes de Izquierda Unida, respecto a que los comicios del pasado 16 de marzo estuvieron plagados de irregularidades, que el órgano electoral dio a conocer razones incontrastables desde el punto de vista jurídico de que la votación “se desarrolló con normalidad”, y celebró que aplicara “justicia” en casillas que “incorrectamente había anulado la Comisión Nacional de Garantías”, con lo cual obtuvo el triunfo.
Sostuvo que Encinas le merece el mayor de sus respetos, y se comprometió a buscar un acercamiento con él, lo mismo que con Andrés Manuel López Obrador, y los partidos que junto con el suyo forman parte del Frente Amplio Progresista. A Encinas, en particular, le pidió trabajar de manera conjunta, sin conflictos, y tratar de superar sus diferencias “de manera civilizada y tolerante”.
En respuesta a los cuestionamientos que sobre el fallo dio el ex jefe de Gobierno capitalino, pidió no perder de vista que el tribunal electoral es “producto del PRD” y una institución amparada por la Constitución, por lo cual, sostuvo, “no nos hemos apartado de la legalidad”.
Se mostró convencido que no habrá ruptura en el sol azteca, y señaló que las expresiones de descalificación e intolerancia en su contra no las tomará en cuenta. Insistió en que desde la dirigencia nacional impulsará la construcción de un PRD que represente a la izquierda moderna y atenta a los reclamos de la gente. Porque el partido “debe con urgencia renovarse, hacerlo desde los puntos de vista orgánico, político y programático. Necesitamos construir un PRD del siglo XXI, no de mediados del siglo pasado”.
El partido, apuntó, necesita “una renovación ética y estoy presto a contribuir, aportar y trabajar para ello”. Comentó que Jesús Zambrano, coordinador nacional de Nueva Izquierda, será el responsable de buscar el acercamiento con Encinas. Y dentro de la corriente se dijo que corresponderá al coordinador de los senadores, Carlos Navarrete, establecer el contacto con López Obrador.
Antes, el presidente interino del PRD, Guadalupe Acosta, confió en que lo resuelto por el tribunal no profundice las diferencias y llamó a los diferentes grupos a trabajar por la unidad. Informó que se definirá en los próximos días el llamado a Consejo Nacional para que Ortega asuma el cargo.
■ Revoca la nulidad de la elección de la dirigencia del PRD
Decreta el TEPJF el triunfo a Jesús Ortega
■ Le reconoce 440 mil 891 votos por 404 mil 940 de Alejandro Encinas
■ Readecuó casillas anuladas y validadas y recompuso el cómputo
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María del Carmen Alanís Figueroa, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Foto: Carlos Ramos Mamahua
De manera unánime, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron revocar la nulidad de la elección de la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que había decretado la Comisión Nacional de Garantías (CNG), readecuó las casillas anuladas y validadas originalmente, recompuso el cómputo de la elección y otorgó el triunfo al candidato de Nueva Izquierda (NI), Jesús Ortega. En el reacomodo del cómputo estableció que Ortega Martínez obtuvo 440 mil 891 votos, frente a 404 mil 940 del aspirante de Izquierda Unida (IU), Alejandro Encinas.
El fundamento central de la resolución se orientó en consideraciones de carácter cuantitativo, pues si bien se reconoció que derivado del análisis de las irregularidades registradas en los comicios del 16 de marzo, se determinó que en definitiva se anularía el 22.88 por ciento de las casillas –por arriba del 20 por ciento que establecen los estatutos perredistas para anular elecciones–, no se corroboró una segunda consideración, esto es, que fuera determinante en el resultado definitivo, como lo argumentaba Ortega en su recurso, o sea que con o sin nulidad de esas casillas ganaba la elección.
La sentencia de los magistrados fue más allá y ordenó a la CNG realizar las diligencias “pertinentes y adecuadas” para expedir la constancia de mayoría en un plazo de 48 horas; notificar al TEPJF 24 horas después, como máximo, de haber cumplido esta disposición, “apercibidos de que, en caso de incumplimiento, se dará vista a los órganos competentes del Instituto Federal Electoral (IFE) para que actúen como corresponda al ámbito de sus facultades e inicien, en su caso, los procedimientos administrativos sancionadores”.
En este contexto, en su intervención, la presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, justificó los alcances de la decisión: “Lejos de que el tribunal electoral se entrometa en la vida interna de los partidos, lo que estamos haciendo es contribuir, conjuntamente con las instancias de administración e impartición de justicia partidista, a que los militantes de los propios partidos tengan instancias para dirimir sus conflictos. Cuando no encuentren las fórmulas para resolverlas internamente, el tribunal es el garante para dirimir los conflictos internos”.
A su vez, el magistrado Alejandro Luna Ramos argumentó en favor de que la decisión hubiera llegado hasta decretar el triunfo de Ortega, al establecer la necesidad de que “el partido ya tenga una seguridad jurídica en su actuar, lo que es muy importante en un año electoral”. Añadió que al hacer un análisis conjunto de la resolución, se desprende que si bien el estrecho resultado de la elección provocó tensiones, también es claro que “no tuvimos mayor opción legal que revocar la resolución para cuidar lo costoso que es una elección, lo difícil que es organizarlas y preservar el voto y la voluntad de la mayoría, aun cuando se trate de una situación interpartidista”.
De manera muy similar a lo ocurrido en la calificación presidencial de 2006, la resolución se centró fundamentalmente en el tema cuantitativo e hizo a un lado el impacto de los aspectos cualitativos de la elección. La resolución se fundó en el hecho de que en un primer cómputo realizado por las instancias internas, antes de decretar la nulidad de los comicios, la ventaja de Ortega era de 16 mil 214 votos y una vez realizadas las anulaciones y rectificaciones correspondientes por el TEPJF, esta ventaja se había ampliado a 35 mil 951.
Por tal motivo, la anulación del 22.88 por ciento de las casillas no había sido determinante en el resultado de la elección, cancelándose uno de los supuestos de nulidad en comicios del PRD. Por tanto, la anulación de más del 20 por ciento de las casillas no era decisiva para proceder a la nulidad de toda la elección.
Al respecto, Galván Rivera –quien fuera secretario general de acuerdos en la anterior integración del TEPJF que calificó la elección presidencial– dijo que “la revisión fue compleja pero se fue haciendo el análisis sin pretender repetir la demanda política de hace algunos meses, que ya forman años, casilla por casilla y casi voto por voto”. Explicó que a diferencia de las elecciones federales, donde la irregularidad en el 20 por ciento de casillas es causal de nulidad, en los estatutos perredistas esta premisa no es suficiente.
Sin embargo, fue el magistrado Pedro Esteban Penagos quien dibujo más nítidamente cómo el tribunal desestimó todo el aspecto cualitativo de la elección y aunque reconoció que “es innegable que se trata de una elección viciada, este vicio sólo quedó demostrado en el 22.88 por ciento de las casillas”.
Penagos fue desglosando cada una de las consideraciones de la CNG para determinar nulidad de la elección y citó por ejemplo que “el hecho de que existan pruebas de la apertura de paquetes durante los cómputos y la tardanza en efectuar estos cómputos, no ponen en duda la certeza de los resultados, porque no hay pruebas que avalen que la tardanza tuvo por objeto alterar la papelería”.
Al igual que en 2006, procedió a enunciar irregularidades que no acreditaron su impacto en el resultado, como haber difundido encuestas de salida y detenido el PREP; la realización de actos anticipados de campaña; la tardanza en los cómputos estatales; la renuncia de los integrantes de la comisión técnica electoral encargada del cómputo o la falta de certeza en resultados por actos durante el conteo, como lo enunciaba la CNG.
Todo ello para concluir en los números duros que la anulación del 22.88 por ciento de casillas no fueron determinantes en el resultado de la elección. “Se declaró la nulidad de las casillas viciadas y la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar se duplicó en lugar de reducirse”.
A su vez, el magistrado Salvador Nava ratificó en sus términos el análisis sobre la importancia de que la nulidad de casillas no impactó el resultado final, por lo que al contrario, una vez descontadas las casillas que efectivamente se debieron anular se “legitima el triunfo” de Ortega con el 48.8 por ciento de la votación. “La primera encomienda de un tribunal en materia electoral es respetar el sufragio; aquí el bien tutelado es el sufragio de quienes votaron”, y por ello se valida el resultado de más del 76 por ciento de la votación emitida.
