Cananea: un despido en caliente

Si alguien aún tenía dudas acerca del curso del gobierno en materia laboral, los recientes hechos de Cananea despejan el horizonte. No hay nada nuevo bajo el sol y eso es lo grave. Hoy, como hace 30, 40 o 50 años, la democratización de la vida sindical sigue esperando quizá a una nueva correlación de fuerzas o a la extinción final de toda resistencia colectiva, lo que llegue antes.

Pero si ayer resultaba impensable la democracia sin abrir las ventanas de las organizaciones sociales al aire puro de la participación colectiva, ahora parece una burla cruel o una simple falsificación hablar de normalidad mientras se impide a los trabajadores, sea mediante trampas legales o utilizando la represión (no tan) selectiva, ejercer sus derechos más elementales, como ya ha ocurrido en Sonora y antes en otros puntos de la geografía nacional.

En Cananea estamos ante un despido masivo en caliente, como en los viejos tiempos, cuando nadie soñaba que el estado de derecho fuera más que una coartada al servicio de los intereses corporativos. Pero el gobierno se mantiene fiel a la versión fabricada por quienes les precedieron en este espinoso asunto e insiste en tratar el conflicto con los mineros como si tan sólo fuera una conjura auspiciada por el líder ahora supuestamente caído en desgracia, tema menor de su lucha particular contra “los monopolios”sindicales, pero solamente aquellos que no se avienen a las alianzas estratégicas con el poder político-empresarial.

Mientras el sindicato se moviliza a lo largo del país, el responsable de la política laboral advierte con sorprendente descuido que “la seguridad e higiene no son el motivo principal de la huelga” de los mineros de Cananea, insinuación a la cual tampoco sigue alguna acción de su parte. Mas tanta frivolidad declarativa no es casual, pues la coincidencia con la empresa llega a extremos ridículos. Ya ni siquiera se cuidan las más elementales formas. Citando “los reportes que tenemos de la misma empresa”, el secretario del Trabajo relató a los periodistas cómo “poco a poco y de manera cada vez más constante los trabajadores están regresando a trabajar; les dan ahora un bono por haber regresado, le vuelven a pagar su salario, les pagan buena parte de sus salarios caídos y ésa es la situación jurídica”. ¿Qué, no tiene el secretario inspectores que le informen? ¿O Gobernación?

Como sea, la empresa aprovecha para sus fines el paréntesis de ambigüedad legaloide abierto por el juzgador tras declarar inexistente la huelga. Sin duda, la actuación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), sumó una nueva cumbre a las hazañas de improvisación e ilegalidad tan frecuentes en la historia de las relaciones laborales en México. Vale la pena repetir aquí las palabras del vocero del Frente Auténtico del Trabajo recogidas ayer en estas páginas: “En diciembre de 2007 el primer tribunal colegiado en materia del trabajo determinó que la JFCA había actuado contra la ley al declarar inexistente la huelga, y ordenó que dictara una nueva resolución apegada a derecho, pero en lugar de ajustarse a la legislación la junta inventó una nueva causal, declaró inexistente la huelga y operó de manera inmediata la represión en contra de los trabajadores mineros; así, el derecho de huelga se convirtió en una causa directa de represión, y se criminalizó este derecho universal de los trabajadores”, señaló Jorge Robles.

¿Es moralmente compatible declararse el presidente del empleo y al mismo tiempo romper las huelgas mediante la represión y una amañada interpretación del derecho de huelga?

En los círculos gubernamentales se cierran filas para afrontar los desafíos del presente, pero sobre todo los que ya oscurecen el panorama: la recesión en Estados Unidos, las elecciones de 2009, el malestar acumulado por una generación que sólo ha vivido de las promesas de los gobernantes y, sobre todo, la amenaza creciente del desempleo como perspectiva de vida. Allí hay un mundo de irritación contenida. Pero los cálculos del régimen no pasan por el reconocimiento explícito de las realidades de la desigualdad. Todas están codificadas. Se les percibe estadísticamente, pero no se atienden en la dimensión social, incluso familiar donde se expresa. Hay un dejo prepotente, elitista y en el fondo autoritario en el modo como se perciben las opciones de los trabajadores ante la próxima reforma laboral, concebida desde el poder empresarial como un instrumento, uno más, en la consolidación del “modelo”.